La modalidad de educación especial ha sido excluida del pase a la virtualidad que dispone el segundo Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno nacional, como parte de otras medidas de carácter sanitario en las jurisdicciones más afectadas por contagios y colapso sanitario.

Esta excepción indignó a la docencia y a las familias de alumnes de esta modalidad a lo largo y ancho del país, sobre todo en el AMBA, jurisdicción más afectada por el Covid a nivel nacional. A su vez, despertó reacciones en la docencia, la cual se adhirió a paros, pronunciamientos y semaforazos. La comunidad educativa le exige al gobierno nacional que retire esa excepción, puesto que no habría motivos para considerar que el Covid no llegaría a las ecuelas especiales, donde el porcentaje de personas con factores de riesgo es considerablemente más alto que en otras instituciones.

Cabe destacar que el primer DNU gubernamental no eximía a la modalidad. En aquel momento circularon las denuncias de distintas asociaciones y ONGs de personas con discapacidad, ante las declaraciones del presidente acerca de que “los chicos no entienden” las normas de higiene y cuidado para evitar contagios.

Ahora bien, no reaccionaron estas organizaciones de la misma manera cuando este segundo DNU, en su conjunto, intenta justificar esta medida aludiendo a las dificultades del alumnado para sostener y/o implicarse en la enseñanza virtual. Siendo que los dos planteos buscan patologizar a nuestros alumnes mientras esconden el desfinanciamiento total de la modalidad, y, con esto, la ausencia completa de recursos extraordinarios que permitan abrir un cauce para garantizar el acompañamiento pedagógico y la implicación efectiva del alumnado durante la pandemia.

Pero los motivos reales de la excepción no terminan ahí. La situación de ahogo económico brutal también golpeó a las familias de las personas con certificado único de discapacidad que, sin cobertura de obra social, han quedado imposibilitadas también de acceder a dispositivos elementales y conectividad.

En tanto, la frutilla del postre de esta excepción viene a cuenta justamente de un guiño a los centros educativos y terapéuticos privados que facturan millones, ligados directamente a las obras sociales privadas y sindicales, precarizando docentes, especialistas en pedagogía y en salud mental. Finalmente ese debe haber sido el sentido de la “capacitación en la materia” que le brindó al mismo presidente la Agencia Nacional de Discapacidad, encargada de administrar los recursos destinados a las prestaciones básicas.

En este entramado, la excepción a la modalidad en el DNU coloca a las familias con obra social entre la espada y la pared si deciden no enviar a sus hijes a los centros para cuidarles del virus, ya que se verán obligadas, vayan o no, a firmar la asistencia para no perder la vacante. De este modo, estas empresas ligadas a las burocracias sindicales se garantizan su facturación.

Por esto, la docencia en su conjunto se pronuncia en contra de la excepción ante el silencio cómplice de las burocracias sindicales docentes del Suteba, la UTE y la Ctera.

Más que nunca, la unión de docentes y personal de escuelas y centros -públicos y privados- con las familias es necesaria para enfrentar esta política criminal.