El gobierno nacional, por medio del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, presentó un proyecto de financiamiento educativo que plantea llevar el presupuesto del área del 6% actual del PBI al 8%, además de un reparto del 60% Nación y 40% las provincias, lo que invertiría la fórmula actual. Los candidatos del FMI buscan vestirse como defensores de la educación cuando en verdad siquiera cumplen con el financiamiento ya fijado por ley y subejecutan las partidas año tras año.

El proyecto comenzó a tratarse en la Comisión de Educación, donde asistió en su defensa el ministro de Educación Jaime Perczyk. Romina Del Plá, diputada nacional del Partido Obrero y el FIT-U y dirigente nacional de Tribuna Docente, cuestionó la “investidura educativa” del gobierno denunciando que desde la sanción de la ley (2005) hasta 2020 el financiamiento del 6% del PBI solo se cumplió en tres ocasiones.

Además, el proyecto oficial incorpora un calendario “obligatorio” de 190 días de clases (actualmente son 180 días) y abrió el debate sobre la implementación de la quinta hora, la jornada completa en las aulas y el convenio colectivo nacional para docentes desde donde se busca formalizar la precarización laboral impuesta en los hechos, desconociendo derechos adquiridos en los estatutos docentes.

Romina Del Plá puso al descubierto una realidad educativa donde lo que prima es el ajuste nacional y el de las provincias. No solo denunció el incumplimiento de la actual ley sino también señaló que desde 2004 a 2021 la mitad de las provincias del país vienen reduciendo el financiamiento educativo.

Respecto al debate sobre la regulación de los derechos y obligaciones de las y los trabajadores de la educación, Romina manifestó que para el caso de los docentes de la educación media bastaría con reestablecer el Estatuto Nacional del año 58 que garantizó la estabilidad en el cargo. Y que en las universidades “lo que cunde es el trabajo gratuito” como forma precarizada de contratación “enemiga del pensamiento crítico” debido a la dependencia material de las gestiones universitarias.

“Además de poner un aumento en la inversión, también el punto es cómo se gasta. Extender la jornada no es lo mismo que la jornada completa”, señaló Del Plá, quien cuestionó la real implementación y efectividad de la quinta hora: “En muchos casos la hora no está cubierta, porque no hay condiciones reales edilicias; porque efectivamente los pibes no van, porque se ha dislocado la organización familiar. Es un gran hacemos como que”. Del Plá defendió la jornada completa como parte de toda una planificación educativa y financiera.

Romina Del Plá también defendió el derecho a manifestarse de los docentes, señalando que el planteo de las escuelas voucher de Javier Milei no tenía nada que ver con la caída de la educación debido a las medidas de lucha docentes –como afirman desde el oficialismo- sino con el deterioro de la infraestructura educativa y las condiciones de trabajo debido al ajuste presupuestario. La respuesta de Romina fue directo a las acusaciones injustificadas de Cristina Kirchner y de Sergio Massa de que la responsabilidad de la ofensiva privatista contra la educación le cabría a la docencia que para, justamente, para defender la educación pública vaciada por los sucesivos gobiernos capitalistas.

Volviendo sobre la cuestión del financiamiento Del Plá denunció que el presupuesto devengado al 23 de septiembre en materia de presupuesto universitario se ejecutó el 57,16% y el Fonid 56,63%, mostrando la subejecución y el ajuste actuales.

Para finalizar su intervención, Romina del Plá planteó la nacionalización del sistema educativo, terminando con las décadas de descentralización financiera que impuso el menemismo y que continuaron todos los gobiernos. También planteó la existencia de un básico salarial unificado a nivel nacional para evitar las crisis que trae tomar solo el conformado del maestro de grado como referencia. Además de exigir la aplicación de la actual ley y su financiamiento, rediscutiendo el uso de los recursos para que lleguen a las escuelas, docentes y estudiantes. Y a partir de ahí defender toda ampliación presupuestaria sobre bases reales.

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