La ministra de educación Mercedes Tracchia ha emitido una resolución donde intenta establecer los fundamentos políticos y pedagógicos en tiempos de aislamiento social y una propuesta de evaluación de las trayectorias escolares. La intención es la de seguir desentendiendo al Estado de su rol en garantizar el derecho de las y los estudiantes a recibir educación e imponer una reforma antilaboral a la docencia rionegrina.

La fundamentación de la resolución parte por establecer a la docencia como agentes del Estado, y por lo tanto la responsabilidad de establecer vínculos con los estudiantes y sus familias. Este planteo pretende confirmar el accionar del Ministerio de Educación, que no ha puesto en funcionamiento ninguna estructura institucional para que docentes y estudiantes tengan gratuitamente acceso a dar y recibir educación. Hoy es es la docencia quien está poniendo sus propios recursos económicos y materiales para llevar adelante el proceso educativo.

La realidad cotidiana nos muestra que como docentes sufrimos una sobrecarga de trabajo y extensión de la carga horaria, el desembolso de onerosos recursos económicos para obtener conectividad y acceso a las nuevas tecnologías, siendo que la patronal no otorga como marca la ley, las herramientas para llevar adelante nuestro trabajo. La continuidad pedagógica que nos reclama a la docencia, se convierte en un apriete por parte de las direcciones de nivel, obligando a establecer por fuera de todo canal institucional, a una relación pedagógica que es violatoria del derecho laboral, el estatuto docente, y de la privacidad de cada trabajador y trabajadora de la educación, una muestra de que la patronal obra de mala fe. 

Lo inédito y escandaloso de la resolución, es que parte de desconocer al sujeto y el contexto de quien va a recibir la educación. Si el Ministerio de Educación y Derechos Humanos partiera de la realidad, tendría que dar cuenta que la política económica que han desarrollado, ha dejado a las comunidades educativas empobrecidas enormemente y con dificultades o nulas posibilidades de acceso a Internet o las redes sociales. 

Derogación inmediata de la Resolución 2580/20

Claramente, la gobernadora Arabela Carreras y su ministra Tracchia pretenden llevar a fondo el proceso de descentralización educativa que desde el último gobierno militar a la fecha, ha provincializado y fragmentado el sistema educativo, auspiciando el negocio de la educación privada con millonarios subsidios y llegando al extremo que en plena crisis por la pandemia del Covid-19 se obliga a solventar económicamente el proceso educativo rionegrino a docentes y comunidades educativas.

Desde Tribuna Docente decimos que no somos agentes del Estado, somos trabajadores y trabajadoras intelectuales de la educación y es el Estado quien debe garantizar el derecho irrenunciable de cada alumno y alumna a recibir educación. El planteo gubernamental es una provocación y solo ha sido posible por la complicidad de UnTER Central, que en la última reunión con el gobierno pretende avanzar y convalidar estos atropellos; que, aprovechando la excusa de la cuarentena, pasa por encima de la paritaria (¿también del congreso?), aceptando el planteo del ministerio que dice: “de ser necesario (ya que también contamos con Vocalía CPE [Consejo Provincial de Educación] representativa de las partes) se pueden homologar en la Secretaría de Trabajo los acuerdos a los que se arriben en las comisiones. Entiende que es un momento de trabajo y debate en comisiones ante esta nueva realidad imperante” (Informe UnTER Central).

La defensa de nuestras condiciones laborales debe partir de la inmediata derogación de la Resolución 2580/20 y de todas aquellas que modifican nuestra legislación laboral, la provisión de recursos materiales a docentes y estudiantes, y un salario acorde a la canasta familiar como parte de la defensa de una educación integral, social y colectiva para los hijos de los trabajadores, que eduque con todos los sentidos y todos los recursos al servicio de entender la realidad y modificarla en servicio de la clase trabajadora.

Todo esto será posible si a contramano del inmovilismo y complicidad de la conducción provincial debatimos y organizamos un plan de lucha de toda la docencia rionegrina.