Las escuelas privadas, que albergan a más de 1,3 millones de estudiantes en todo el país, comienzan el ciclo lectivo 2024 con importantes aumentos en las cuotas. Rondan el 30% en aquellas que cuentan con subvención estatal y por encima del 50% en las que no reciben subsidios. En ese sentido, se espera una migración hacia la escuela pública, sobrepoblando aún más su matrícula.

En el país existen 14 mil escuelas privadas, de las cuales 10 mil cuentan con aporte estatal. A pesar de esas transferencias y de estar eximidas de la contribución de aportes patronales (prerrogativa que Milei extendió hasta fin de año), han septuplicado el valor de sus cuotas desde 2022 a esta parte. La misma promedia los $145 mil mensuales.

Debido al retroceso salarial, sostener la escolaridad de los hijos en una institución privada se ha vuelto impagable para muchas familias. En 2023, la morosidad promedió el 30%, y se espera que llegue al 50% este año. Frente a este cuadro, según un relevamiento de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), hay más de 200 colegios privados en riesgo de cierre, lo cual dejaría en la calle a cientos de trabajadores.

Esta dificultad para costear las cuotas hará que un buen número de niños y adolescentes desembarque en la escuela pública, agravando su colapso. La suspensión de fondos nacionales destinados a infraestructura escolar, sumado al virtual congelamiento de la obra pública, condenan a estudiantes y docentes al hacinamiento dentro de las aulas.

Lo anterior atenta severamente contra el acto educativo. En un curso superpoblado, es imposible que el docente pueda conocer los esquemas previos de cada estudiante, y, en función de ello, adecuar los contenidos para construir aprendizaje. Menos aún cuando la falta de cargos docentes lleva a que no se constituyan parejas pedagógicas.

Ni hablar en un escenario con 57,4% de pobreza, donde la mayoría de nuestros pibes no tiene las necesidades básicas resueltas, lo cual dificulta la incorporación de nuevos saberes. El gobierno, que contribuye activamente en edificar esta realidad, para desmarcarse hace abstracción de la catástrofe social en la cual se desenvuelve la educación en nuestro país y se dedica a atacar a la docencia, responsabilizándola de todos los problemas que asedian a la escuela pública.

Sabiendo que la clave para subsanarlos requiere de jerarquizar la tarea docente, garantizando un salario básico igual a la canasta familiar por un solo cargo para poder tener tiempo de planificar y capacitarse, Milei decide transitar el camino opuesto: suspende el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y otros ítems salariales. Los gobernadores, por su parte, replican el ajuste al interior de sus jurisdicciones ofreciendo paritarias a la baja.

Para resolver esta crisis es necesario nacionalizar todo el sistema educativo (incorporando a las escuelas de gestión privada), triplicar su presupuesto, realizar las obras edilicias necesarias para cursar en condiciones y recomponer los salarios docentes. En ese sentido, debemos apoyar la lucha de los docentes, que es en defensa de la escuela pública en su conjunto.