Participamos en Esquel de la actividad de lucha y visibilización convocada por estudiantes de la escuela 735, acompañadxs en su organización por el Centro de Estudiantes de 713 y de distintos niveles en defensa de la educación pública y de calidad, contra el desfinanciamiento educativo, que implica el ajuste en lo edilicio y la falta de obras. Más de una decena de escuelas están dando clases rotativas o suspendiendo actividades por no contar con calefacción.

Desde el inicio de este ciclo lectivo -y algunas escuelas desde hace un año– los edificios escolares se encuentran con el servicio de gas cortado (con y sin retiro de medidores de gas por la empresa proveedora del servicio), sin calefacción, con limitaciones para poder cumplir con el servicio de desayuno/comedor, con falta de  tanque de agua que les permita contar con agua fría para cubrir las necesidades básicas (sí, un tanque de agua), desagües, baños y cloacas. Entre ellas la UEM 10 de Carrenleufú, 99  de Costa de Lepá, 107 de Nahuelpan, 188 de Río Percy, 502, 735, 713, 200, 4401, 210, 205, 767, 809, 76 de Esquel, 30 de Gastre.

Lo escuchamos al gobernador Ignacio Torres, el 24 de febrero, manifestar que las clases en la provincia comenzaron con “normalidad”, que el número de días de clase durante este ciclo lectivo sería de 190, también lo escuchamos el 7 de marzo en la apertura de las sesiones de la Legislatura (párrafo aparte el séquito de aplaudidores) decir que “El objetivo de la Ley de Profesionalidad Docente es ponderar a esos trabajadores de la educación que tienen puesta la camiseta de la provincia y tienen una profunda vocación de servicio”. Sin embargo, nos preguntamos: ¿quiénes deben garantizar una educación pública de calidad? ¿Lxs docentes sacrificando su propia salud para que no se les descuente el presentismo, encubierto como adicional por “Profesionalidad docente”?  ¿Estudiantes y docentes soportando el frío en las aulas para que se logre su objetivo en número de días pese a que no están dadas las condiciones edilicias? Es el Estado quien debe sostener y poner en valor, desde sus políticas educativas y económicas a la educación. 

También hace tres días el ministro Punta aseguró en todos los medios, empleando gacetillas como acostumbra este gobierno que decía venir para “ser austero”, que “está garantizado el servicio educativo en el interior provincial”, reconociendo además, que son 22 los establecimientos que se abastecen con zepelines.

En este contexto lxs estudiantes se organizaron, plantearon la iniciativa de movilizarse desde un grupo de la Escuela 735, sumándose a la misma quienes forman parte del Centro de Estudiantes de la Escuela 713, así como otrxs integrantes de diversas instituciones que se encuentran afectadas por las condiciones edilicias debido a la  falta de mantenimiento por parte del Estado.

Así lxs estudiantes nos muestran el camino, la necesidad de la unión entre las diversas comunidades educativas, de todos los niveles y modalidades, del conjunto de trabajadorxs, estudiantes, familias que conformamos las instituciones. Nos enseñan con su ejercicio de derechos, que los discursos odiantes de quienes gobiernan, se exponen y se discuten desde las evidencias, desde la realidad que escapa a las mentiras que plantean dirigidas a la población que aún espera poder creer en sus palabras. 

Son lxs estudiantes quienes de algún modo no quieren seguir siendo usadxs por políticxs de turno que  se vanaglorian en estar dejando todo por el beneficio del estudiantado de nuestra provincia. Pero hoy  pudimos ver y acompañar este ¡Basta! de parte de quienes día a día viven las inclemencias de cursar en espacios inapropiados, cursando de manera alternada, sin poder acceder a servicios básicos. Porque la calidad educativa también es poder asistir a espacios cuidados, donde infancias y adolescencias, e incluso personas adultas que asisten a formarse en Educación Superior,  puedan poner su esfuerzo en estudiar, pero también en la formación de criterios solidarios que hacen a la construcción de ciudadanías críticas, comprometidas y social/políticamente activas.  Porque la desidia del Estado es política. El abandono en materia educativa no se tapa con  parches mediáticos.

Hoy lxs pibxs y sus comunidades empiezan a decir basta. También es un acto político que  como ya dijimos, debe marcarnos el rumbo para avanzar por el camino que nos están señalando. En este sentido es que sostenemos que la fortaleza del pueblo en la resistencia hacia políticas empobrecedoras y de vaciamiento educativo se enfrentan llevando adelante un plan de lucha para derrotar el ajuste de Torres y Punta que se basa en salarios por debajo de la línea de pobreza para lxs trabajadorxs y el abandono de la infraestructura escolar que deja sin clases a estudiantes y pone en riesgo a la comunidad educativa.