La gestión K del intendente Mauro García cerró el acuerdo para concretar una estafa mayor a la educación pública al ceder nuevamente las instalaciones del viejo Colegio Martín Rodríguez (conocido como “el Mixto”) a una empresa privada. El edificio es propiedad del municipio de General Rodríguez y el comodato había vencido en el año 2015. Luego de haber sido objeto de movilizaciones y petitorios, iba a ser reacondicionado y destinado al ISFDyT 155, que responde a la demanda de formación docente de un distrito cuya cobertura ha estado durante años en EMERGENCIA para el cargo de maestro de grado y que, a 5 años de su creación, todavía carece de un lugar propio. Actualmente el ISFD funciona en la sede de la EP1, compartiendo instalaciones con el nivel primario y secundario. Las aulas no alcanzan para albergar a los más de 350 estudiantes que transitan los cuatro años de las dos carreras. El primer año de la carrera de Educación Primaria, además, se encuentra desde sus inicios sobrematriculado con los más de 100 estudiantes ingresantes que se inscriben año a año.

El nuevo colegio Dickens, adjudicatario de la propiedad municipal que se ubica en el predio de la calle España N°253, se publicita como un servicio educativo “flexible”. Abrió sus puertas en el ciclo lectivo 2021, a contrapelo de la retracción que viene experimentando el sector privado y alzando la bandera de la educación presencial a toda costa, en medio de la peor crisis sanitaria que el municipio ha sufrido en muchas décadas. En su programa institucional, el Dickens dice formar “actores para el cambio” través de la “innovación tecnológica”, con la “educación emocional como pilar”, con “filosofía positiva”, “rutinas de bienestar” y mediante “proyectos interdisciplinarios”, es decir, ni más ni menos que perfiles acordes a los lineamientos que marca la agenda globalmente estructurada para la educación, en la que los organismos de crédito internacional definen cuáles son las habilidades que los alumnos y alumnas deben desarrollar para inscribirse en la demanda de mano de obra que exige la fase actual del capitalismo.

El colegio tiene además alianzas explícitas con otros grupos empresarios como Digital House, Educabot, Google, Logos y con la autodenominada red de emprendedores Endeavor.

Fuentes cercanas a la Dirección de Educación y al Consejo Escolar intentaron justificar  la cuestión señalando que “la inversión que había que hacer para repararlo es alta y no estaba en los planes” y que desde el punto de vista del gobierno se le hizo un “favor” al instituto de formación docente al evitarle “tener que lidiar con reparaciones en forma constante”. Estas palabras no hacen más que confirmar el ajuste que se viene perpetrando contra el nivel superior: falta de nombramientos, instalación de cupos de ingreso, cierre de cursos y carreras. Se sabe que el recorte en infraestructura, además, produce hacinamiento, sobrecarga laboral y tiene un alto impacto en la formación.

Como se ve, los constantes negociados que las sucesivas gestiones del gobierno local y provincial vienen tejiendo con el sector privado son una cachetada a la educación pública. No sólo por la cesión antedicha, lo que en sí ya constituye un hecho condenable, sino porque además los gobiernos locales y provinciales escamotean la inversión necesaria para superar el gravísimo déficit de infraestructura y mantenimiento que experimenta el sector público de la educación. Recordemos que en 2018 se perpetró el asesinato de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la EP N° 49 de Moreno por los mismos motivos.