El gobierno de la Ciudad denunció penalmente a padres y madres de los estudiantes secundarios que por estas horas mantienen tomados varios colegios de la Ciudad, y pretende cobrarles los días de salario de docentes y no docentes que se correspondan a la medida de ocupación. Un paso adelante en el intento de amedrentar los reclamos de no solo los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, salió a decir públicamente que su cartera “está abierta al diálogo”, pero no con aquellos que tomen los colegios, acusando “violencia y coacción”. Esto es rotundamente falso: los estudiantes llegaron a esta instancia luego de meses de sentadas, semaforazos, movilizaciones y otras medidas de lucha que el ejecutivo de la Ciudad ignoró conscientemente.

El reclamo es fundamentalmente contra las pasantías laborales, denominadas oficialmente “prácticas profesionalizantes”. En ellas, estudiantes secundarios son obligados a prestar tareas laborales que nada de “profesionalizantes” tienen, sino que se tratan más bien de jornadas laborales en puestos totalmente precarizados: atender llamados en call centers, monitorear cámaras de vigilancia de la Policía de la Ciudad o hacer relevamientos vecinales. No cobran ni un centavo, transformándose en mano de obra gratuita, ni tampoco tienen ART o amparo alguno ante cualquier eventualidad.

A través de las mismas Larreta busca consolidar una reforma educativa de hecho, que avance en el recorte de horas curriculares y la adaptación de los planes de estudio a las necesidades de las empresas y el mercado. Es ilustrativo en tal sentido que el gobierno porteño busca obligar al estudiantado a “recuperar las horas” que fueron “perdidas” durante la toma, pero aparentemente no consideran que se pierdan horas cuando los estudiantes tienen que ir a pasantías donde, literalmente, los ponen a medir árboles u observar la jornada laboral de distintas empresas o establecimientos.

Esto va en consonancia con los ataques a los maestros, cuando venimos de una reforma flexibilizadora del Estatuto Docente y el salario de los educadores porteños ronda los $80.000, o cuando se les quiere imponer la capacitación durante los días sábado. Por ello es que las tomas en los colegios no resultan algo novedoso, sino otra instancia de lucha de toda una comunidad educativa que sufre paupérrimas condiciones edilicias, colegios que se caen a pedazos, viandas que no llegan o llegan en mal estado (cuyo desenlace más trágico fue la muerte de una niña de 11 años en Barracas), colegios infectados con ratas, falta de suministros de luz, gas o agua y otro tendal de resultados evidentes de un ajuste presupuestario sostenido y sistemático.

La judicialización de los padres y madres de estudiantes que votaron las tomas en asambleas y reuniones es un nuevo escalón de los ataques del gobierno porteño al activismo estudiantil y docente; un gobierno que hizo de los ataques a la educación pública un verdadero patrimonio político. Ya en el día de ayer los estudiantes del Mariano Acosta sufrieron un gravísimo hecho de intimidación y amedrentamiento cuando un individuo ingresó al colegio a cortarles la luz. Parece que para la ministra Acuña esto no es grave ni debe ser investigado, como sí se proponen investigar a fondo quiénes son los estudiantes que se organizan para avanzar con causas penales a sus padres.

Esta avanzada merece todo el repudio de centros de estudiantes, federaciones estudiantiles y sindicatos docentes. Abajo la criminalización de los estudiantes que luchan. Criminal es mandar a los pibes a trabajar gratis librados a su buena suerte.

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