En el debate del Presupuesto 2023, una vez más, Educación será una de las áreas más perjudicadas por el ajuste entre “nacionales y populares” y macristas. El proyecto establece un recorte del 15,5%, lo que implica más del doble de la reducción para la administración pública nacional (-6,8%). El presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo de los últimos 11 años, tomando en consideración la inflación proyectada en agosto para el año que viene, que se calcula en 85,2%. Solo el gasto en educación fue más bajo en 2020. Este presupuesto refleja una orientación compartida entre los bloques mayoritarios: la del ajuste y el ataque a los sectores populares.

Si calculamos a precios de 2022 los fondos para el Ministerio de Educación pasarán de $870.044 millones este año a $735.467 millones el año próximo. De un total de 23 de las denominadas jurisdicciones presupuestarias, Educación está entre las seis que efectuarán mayores ajustes, superado solo por Ambiente y Desarrollo (-15,8%), Transporte (-17,3%), Salud (-19,2%), Economía (-20,8%) y Turismo y Deportes (-26,0%) (Infobae, 23/10).

El Presupuesto 2023 plantea un incremento del 54% en transferencias a las universidades nacionales con respecto al presupuesto ejecutado vigente, y con respecto a una inflación proyectada del 60%, con lo cual allí hay una disminución del presupuesto universitario. En la comisión de Presupuesto, Romina Del Plá, diputada del PO-FIT-U, exigió una respuesta sobre cómo va a resolver el Ministerio de Educación los reclamos docentes que continúan extendiéndose por todo el país y reclamó que “el Fondo Nacional de Incentivo Docente se incrementa en un 33% en el Presupuesto con una inflación del 60% proyectada, lo que constituye una disminución. Hace tiempo venimos reclamando además que se incorpore al básico, con características de salario en blanco, porque sino los jubilados no lo perciben y tenemos una disminución directa de los salarios”.

También denunció la precarización laboral a la que se ven sometidos los docentes y que las políticas del gobierno buscan reforzar: “no están garantizadas las condiciones de infraestructura ni de nombramientos docentes para llevar adelantes las jornadas completas y extendidas que el gobierno plantea y que incluyen la 5° hora en primaria, puesto que ni siquiera puede garantizarse la jornada escolar mínima, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, por la falta de espacio físico para la cantidad de estudiantes. Además los docentes que poseen dos cargos, necesarios por los salarios que se sostienen, van a tener una jornada laboral de no menos de 11 horas más el viaje al trabajo”.

Por otro lado, se incluyó un planteo defendido por Emiliano Yacobitti (PRO) que, para sorpresa de nadie, implica un ataque a la educación pública. Consiguió que se puedan deducir los gastos en educación (obviamente privada) del Impuesto a las Ganancias. Esto implica un incentivo a que más familias trabajadoras se vuelquen a pagar por la educación primaria, secundaria y universitaria, ya que el límite de edad para que los padres puedan deducir la educación de sus hijos será a los 24 años (Prensa Obrera, 21/10). Nada nuevo de parte del vicerrector de la UBA que negoció con Massa un recorte en la partida para las universidades nacionales.

Ante el ataque a la educación por parte de oficialistas y opositores, queda planteada su defensa en manos de docentes, estudiantes y familias. Esas luchas estarán presentes en los actos del Partido Obrero.

https://prensaobrera.com/politicas/presupuesto-2023-dictamen-con-cambios-menores-que-no-alteran-el-ajuste