En medio de su carrera presidencial hacia el 2023, Juntos por el Cambio dio a conocer un documento con seis “ejes educativos” que habrían consensuado en la coalición para implementar en caso de llegar a la presidencia. Es un programa de profundización de la política de ajuste y privatización que trajo al sistema educativo a la crítica situación actual.

El documento fue elaborado por Mónica Marquina de la Fundación Alem (radicales), Susana Decibe de la Fundación Encuentro Federal (Pichetto), Eduardo Arcángeli Arias de la Fundación Hannah Arendt (Coalición Cívica) y Mercedes Sanguinetti de la Fundación Pensar (PRO). El objetivo, dicen, es presentar la plataforma que llevará el candidato que finalmente surja de las internas, explican en Clarín. Como sucede desde hace décadas en América Latina, la intervención creciente de “fundaciones” y de entidades empresariales en el diseño y planificación de políticas educativas no hace más que reforzar una orientación dictada por el Banco Mundial, la OCDE, y demás organismos del capital financiero internacional.

“Evaluar y acreditar los institutos donde se forman los docentes, evaluar también a los maestros en ejercicio, desarrollar un registro nacional de docentes con su historia profesional y su desempeño. Para las universidades, implementar programas destinados a mejorar la tasa de graduación y promover carreras más cortas y flexibles orientadas a las necesidades del desarrollo socio-productivo de cada región” (ídem, 27/12). Estas son las máximas que llevaría adelante la alianza opositora en un eventual gobierno nacional.

La educación es hace tiempo la vidriera que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su ministra Soledad Acuña han seleccionado a para mostrar el ajuste que llevarían a todo el país en caso de gobernar. Medidas tales como la reforma laboral, a través de la modificación del Estatuto Docente, la modificación de la jornada laboral, la eliminación de la capacitación en servicio, el ataque constante a la formación docente con el cierre de carreras y la apertura de la Unicaba, el cierre de escuelas y carreras, la tendencia a la privatización, la obligatoriedad del trabajo gratuito en forma de “pasantías laborales” para los estudiantes de 5° año. También atacan la formación técnica y de los IFD con cierre de carreras, la educación artística y la educación especial.

Un punto de discordia fue cómo hacer esa “evaluación a los docentes”. El PRO apunta contra la docencia como la responsable de la devaluación educativa, omitiendo el cuadro de reformas y contrarreformas que aplicaron todos los gobiernos recortando contenidos y la pésimas condiciones laborales. Justifican así la liquidación de los institutos de formación docente, extendiendo las carreras de formación, adaptando la educación a los requisitos cambiantes de una economía capitalista en crisis. ¿O qué es entonces la denominada Secundaria 2030, que postula que los conocimientos deben ser reemplazados por “habilidades”? Lejos de cualquier innovación disruptiva, es el modelo firmado por todos los gobiernos provinciales en el Consejo Federal de Educación, y que es resistido por estudiantes y docentes desde hace años.

En el capítulo sobre “trayectorias escolares” la propuesta pasa por ampliar la cobertura del nivel inicial para chicos de hogares más vulnerables, porque es “un nivel determinante en la mejora de las trayectorias escolares futuras”. Hace 15 años que el macrismo gobierna en la Ciudad y la matrícula privada del nivel primario creció un 17 % y la de nivel secundario, un 10 %. Un dato no menor es la transferencia de recursos a la educación privada, confesional incluso, (14.105 millones a educación privada y 2.900 millones de pesos para infraestructura escolar en el año 2019) que son la plataforma reaccionaria para atacar derechos laborales, regimentar a la docencia y restringir el acceso a la ESI, por ejemplo.

En el nivel inicial la falta de vacantes es un verdadero déficit de entre 12.000 a 13.000 vacantes por año, mientras proliferan los denominados CPI (centros de primera infancia) conveniadas con organizaciones, que tienen un carácter de tipo asistencial. En el 2019 se intentó cerrar 14 escuelas nocturnas, donde asisten trabajadores que por motivos fundamentalmente económicos no pudieron culminar sus estudios a lo largo de su vida, que se dio vuelta gracias a la lucha, demostrando en este punto también qué intereses defienden en materia educativa (Prensa Obrera, 16/11/20).

Todos los gobiernos han profundizado esta tendencia y las leyes educativas han sido el marco legal para avanzar en esta línea: el macrismo quiere ir a fondo con las políticas implementadas desde el menemismo hasta ahora, incluyendo la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo. En realidad, gobierno y oposición se aprestan a profundizar esta orientación en las universidades sancionando una nueva Ley de Educación Superior, que según han adelantado buscará implementar el sistema de créditos, recortar carreras y facilitar más el ingreso de empresas a la formación.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda enfrentamos todas estas leyes y reformas antieducativas de los políticos capitalistas, librando todas las peleas de la comunidad educativa por el aumento presupuestario para la educación y por el salario básico por encima de la línea de la pobreza para sus trabajadores; por becas sin restricciones para todxs y aplicación de la ESI; por la infraestructura necesaria y por todos los reclamos para garantizar una educación pública de calidad para todos.