En todos los discursos oficiales sobre la situación educativa, la mención al contexto de encierro brilla por su ausencia. Pero recientemente, como parte del relato de la “continuidad pedagógica exitosa” que divulga el ministro Nicolás Trotta, su Ministerio y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense impulsan conversatorios, videos y charlas con la participación de pedagogos de renombre, en los que se muestra una parte de la complejidad de la educación virtual.

Se coloca a esta complejidad desde la visión posmoderna de referirse a “nuevas culturas y lenguajes”, o al debate unilateral de “repensar los espacios de la escuela”. Las actividades están destinadas a acompañar el discurso exitista del “seguimos aprendiendo”. Los buenos resultados que ocasionalmente se pueden obtener, en todo caso, no dependen del Estado sino del trabajo docente, de los estudiantes y de todos quienes están involucrados en la educación. Veamos cómo es esta realidad.

La omisión que suele primar sobre la situación de la educación en contextos de encierro contrasta con el hecho de que la pandemia desnudó las terribles condiciones de las cárceles argentinas. Es habitual que en los espacios destinados a utilizarse como escuela en las unidades penales no se cumplan las condiciones de higiene necesarias, tanto para alumnos como para docentes. Habitualmente no hay baños, ni espacios destinados a bibliotecas o salas de estudio. Los insumos y el acondicionamiento edilicio dependen de la colaboración de los propios docentes y directivos, y del nivel de diálogo que pueda existir con las autoridades de los penales, que ven a la educación como un beneficio y no como un derecho.

En particular en las escuelas de contexto de encierro para adolescentes, que funcionan en los centros cerrados pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, la situación es crítica. Desde mediados de 2018 las Escuelas Medias de las Unidades Penales de adultos pasaron a Cens, en tanto las extensiones de estas escuelas secundarias de adolescentes quedaron en una especie de limbo administrativo.

Los nuevos Cens funcionan igual que las anteriores Escuelas Medias, pero directivos y docentes han perdido su antigüedad en el cargo al pasar de Media a Adultos, perdiendo gran parte del puntaje y quedado muy bajo en el listado oficial, que a su vez tampoco otorga el puntaje correspondiente a quienes hicieron el Postítulo Especialista en Educación en Contextos de Encierro. A su vez, al ser escuelas conveniadas entre Educación y el Servicio Penitenciario, estos docentes no acceden a la titularización de sus cargos, ni pueden pasar sus horas a otras escuelas.

Más con la pandemia, queda muy claro que el Estado no asegura ni mucho menos la continuidad pedagógica. Los alumnos en estos contextos no pueden tener acceso a internet, y faltan elementos para instrumentar las TICs. En muchos casos, un mínimo acercamiento a los alumnos a través de alguna “videollamada”, en articulación con la institución de pertenencia y por la buena disposición de los docentes, es todo cuanto se puede realizar en el marco de la virtualización forzosa.

Si revisamos con detenimiento los reservorios de internet del Ministerio de Educación y del portal ABC de la provincia, no encontramos ninguna disposición que haga referencia alguna a esta situación de desamparo hacia las escuelas para adolescentes privados de libertad. Esto a pesar de que sí encontramos bibliografía e informes en los que se afirma como un asunto de Estado el acceso y la inclusión educativa de todas y cada una de las personas privadas de su libertad, pregonando que la educación es un derecho. Pero esta visión aparentemente inclusiva se pierde en el abismo la realidad.

La falta de inversión, de recursos y de inclusión de los estudiantes privados de libertad no solo forma parte del ajuste a la educación, sino también de una política particular hacia la población carcelaria que es excluida del sistema social y económico capitalista. Ningún gobierno pretende ni ha pretendido incluirla en al ámbito laboral, productivo o educativo para sacarlos de la marginalidad a la que son sometidos.

Los docentes de contexto de encierro debemos ponernos en pie por la triplicación del presupuesto educativo, para que contemple todas las situaciones graves que están sufriendo nuestras escuelas. Tenemos que reclamar que mientras dure la pandemia el Estado resuelva los problemas de infraestructura, para terminar con el hacinamiento que implica un riesgo excesivo para la salud de docentes y alumnos ya desde antes del Covid-19. También urge exigir que el Estado provea material didáctico para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación de nuestros alumnos y para el funcionamiento de la administración de las escuelas de contexto de encierro, y que se garanticen las condiciones de higiene diarias.

Vamos por un plan de lucha en defensa de la educación pública. Por eso decimos no al pago de la deuda y planteamos la ruptura con el FMI; las prioridades del país deben ponerse en otro lado.