La Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, fue incumplida por los sucesivos gobiernos. La misma establecía que el presupuesto destinado a educación debía representar 6% del PBI, sin embargo, todos los años (a excepción de 2013 y 2019) la inversión ha sido inferior a ese porcentaje, acumulando una deuda de $3,4 billones hasta 2020 -calculada a precios constantes 2022.

El dato proviene de un informe elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación y sirve para ilustrar el ajuste que han impulsado todos los gobiernos -tanto peronistas como macristas- en materia educativa, orientando el grueso de los recursos del país al rescate de la usuraria deuda pública y a otorgar subsidios patronales. Lo anterior se ve reflejado en la crisis edilicia de los establecimientos educativos, en los salarios de pobreza de los docentes, en la creciente privatización y la escasa oferta de jornada escolar extendida (que solo alcanza al 14% de los alumnos del nivel primario) y extensión del nivel inicial.

Ahora bien, el propio gobierno kirchnerista que sancionó la Ley de Financiamiento Educativo garantizó su incumplimiento. Tanto esa normativa como la Ley de Educación Nacional de 2006 preservaron el principio de la Ley Federal de Educación menemista, que delega en los deteriorados presupuestos provinciales el 70% del sostenimiento financiero de la educación. Por otra parte, siguieron engrosando los subsidios estatales a la educación privada, particularmente la confesional; la contracara de ese proceso de privatización es el vaciamiento de la educación pública. Por lo demás, atar el presupuesto en educación a un indicador variable como el PBI lleva a que si el segundo se desploma, el primero acompañe esa caída.

Algunos ejemplos de cómo quienes se alternaron en el poder le dieron la espalda a la educación pública los encontramos en el pago en efectivo de U$S 9.800 millones al FMI en 2005 por parte de Néstor Kirchner (el equivalente a $28.420 millones al tipo de cambio de ese momento), mientras el presupuesto en educación del mismo año llegaba a $5.082 millones, según los datos del Instituto Torcuato Di Tella. O bien, en que durante la última década la mitad de los presupuestos nacionales incluyeron ajustes interanuales en educación: -2,9% en 2014, -9,2% en 2018, -6,9% en 2019, -15,6% en 2020 y -15,5% en 2023, según los datos del observatorio citado al principio.

A la desinversión descripta hay que sumarle la miseria social creciente edificada por todos los gobiernos capitalistas, la cual conduce a un deterioro de las trayectorias educativas. En ese sentido, las estadísticas revelan que solo el 14% de los estudiantes en situación de pobreza logran buenos desempeños. Por otro lado, 16 de cada 100 estudiantes terminan la escuela a tiempo y con los saberes esperados, de esos 16, 8 pertenecen al tercil socioeconómico más alto, 5 al tercil medio, y solo 3 al tercil más bajo. Asimismo, apenas 1 de cada 10 jóvenes (12,4%) del decil de ingresos más bajo cursa estudios universitarios en la Argentina.

La salida a esta debacle pasa por nacionalizar el sistema educativo y que sea la comunidad educativa la que se encargue de definir un presupuesto acorde a las necesidades, que contemple la infraestructura, la recomposición salarial de los docentes, el nombramiento de cargos, la jornada extendida, la expansión del nivel inicial, etc. A su vez, se debe avanzar en mejorar las condiciones de vida de los educandos, universalizando el derecho a la vivienda, al trabajo genuino y al ingreso mínimo equivalente a la canasta familiar. Una perspectiva, antagónica al rumbo fondomonetarista adoptado por el gobierno y la oposición de derecha, por la que debemos luchar en las calles mientras peleamos por un gobierno de trabajadores que tenga entre sus prioridades la educación del pueblo.

 

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