Nuevamente un caso de denuncias falsas de abuso contra la docencia en Merlo. Se suma a las que se sucedieron en Moreno el año pasado, en el Jardín 915, con hechos de violencia por parte de las familias, muy similares a los de Merlo; a fines de abril en La Matanza, en los Jardines 961 y 933; y hace algunos días en CABA, en el Jardín nº 9 de Palermo.

Epidemia de denuncias

Antes de la pandemia, en el 2019, hubo 29 denuncias de abusos en total, el año con mayor cantidad después del 2015, que tuvo 28. Ahora, la epidemia volvió: en menos de tres meses ya tenemos cinco denuncias de abuso sexual contra docentes. En 20 años se calcula que hubo 181 casos, de los cuales 103 fueron en la provincia de Buenos Aires. Los distritos con mayor cantidad de denuncias son La Plata (10); Moreno (8) y Merlo (7). El nivel inicial lidera el ranking con 115 casos. La mayoría de los docentes denunciados son profesores de música, educación física y maestras de inicial*.

Degradación social

Del 2000 al 2010 solo hubo 30 denuncias. Del 2011 al 2020, fueron 137. Esto puede deberse a diversos factores: la explosión de la conectividad, la aparición de las redes sociales masivas y la estimulación del amarillismo mediático. Sin embargo, está atado particularmente a un proceso de degradación creciente de la sociedad como consecuencia de las crisis económicas. Todas las fuerzas políticas que gobernaron durante esas décadas fracasaron.

Los índices de subocupación, miseria, desempleo joven, salarios bajos son de los peores de la historia argentina. La población se sumerge en una marginalidad espantosa que lleva a algunos sectores a buscar cómo sobrevivir de cualquier forma. La degradación social lleva a encontrarnos en nuestra labor docente con casos aberrantes de abusos a menores. Somos quienes detectamos estos hechos. El avance, aunque a cuentagotas, en la aplicación de la ESI colabora mucho con estas detecciones. Es la docencia quien realiza las denuncias de acuerdo a la legislación vigente sobre la protección del menor y la atención ante la vulneración de derechos.

Niñeces indefensas, Estado responsable

Según datos de Unicef y el Ministerio de Justicia sobre el programa “Las víctimas contra las violencias” del 2020-2021, el 36% de las denuncias de violencia sexual contra las niñeces fueron en el hogar, el 22% en redes sociales y solo el 1% en el ámbito educativo. El vínculo que tienen los denunciantes menores con el agresor fue en un 56% proveniente del ámbito familiar, 25% un agresor desconocido de la víctima y el 17% un conocido no familiar. Las niñeces están indefensas, y cuando se denuncia a un o una docente, en general, el verdadero culpable sigue vulnerando al niño o niña.

El Estado no se hace cargo, todo lo contrario, viene desarrollando un desfinanciamiento pavoroso en el presupuesto de la protección de las niñeces. La caída de los fondos para Niñez y Adolescencia alcanza el 10% en relación a 2022 y es un 26% inferior al gasto de 2020. También cae como porcentaje del presupuesto ya que en 2020 representaba el 13,85% del total y en 2023 cae a 9,82% (datos de la ONG Infancia en Deuda).

Como lo indica esta estadística, las niñeces vulneradas son empujadas a mantener el vínculo con sus abusadores o son obligadas a revincularse con familiares sospechados de ser abusadores. Esto sucede porque no hay presupuesto acorde para los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, que son entidades con sedes en diferentes localidades de los distritos de la provincia de Buenos Aires, que dependen de cada uno de los municipios donde estén radicados, por eso cuentan con un presupuesto sumamente acotado.

Hay distritos como Merlo que directamente no tienen servicio local. En Moreno, las trabajadoras de los servicios locales denuncian un vaciamiento denodado hace años, falta de recursos, hostigamiento, presión para trabajar más horas sin aumento salarial. Por otra parte, los servicios zonales están completamente desbordados. Los servicios locales y zonales trabajan codo a codo con los “programas” provinciales y municipales de promoción. Estos programas sufren frecuentes recortes o son subejecutados. También articulan con los Equipos de Orientación Escolar que se encuentran totalmente desbordados. Son muchísimos los servicios educativos que no tienen EOE, especialmente en el nivel inicial.

Existe un colapso total del sistema de promoción y protección de las niñeces. Las familias de abrigo de las niñeces son pocas para la demanda y no tienen el acompañamiento estatal necesario: las medidas de abrigo de plazo máximo es de 180 días, pero los juzgados de familia son escasos, no tienen suficientes recursos y los plazos se extienden de tal manera que la víctima se vuelve a victimizar porque no se cumplen con los tiempos de vinculación en los procesos de abrigo.

El abordaje de las situaciones implica la necesidad de mayores recursos, pero con un Estado que ajusta esto es imposible. La vulnerabilidad de las niñeces y adolescencias crece (de la mano de la crisis del país) y el Estado no responde ante las necesidades.

¿Por qué decimos denuncias falsas?

De los 181 casos desde el 2000, el 35% son causas que se archivan, se caen por falta de mérito, los docentes son sobreseídos o absueltos. El 40% son causas en etapa de IPP (Instrucción Penal Preparatoria) con docentes procesados pero en libertad. Estas causas (si la fiscalía no recolecta las pruebas necesarias) tienden a caer, se archivan, desestiman o se sobreseen a los imputados. Hay familias que se arrepienten, que no quieren llevar a sus hijxs a cámara Gesell, que desaparecen. El 25% restante son elevaciones a juicio, condenados en primera instancia y condenados en segunda instancia. Como los condenados en primera instancia han apelado y debemos esperar la respuesta de casación, solo se podría decir (técnicamente) que las únicas denuncias que se pueden considerar “reales” son las condenas firmes, que son 4 de 181. Eso reduce el porcentaje al 2%.

Por otra parte, la forma en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel inicial evidencia la completa imposibilidad de que los hechos que se denuncian sean reales. La enorme mayoría de las aulas de inicial son vidriadas, sin cortinas y dan a un patio interno tipo SUM (salón de usos múltiples). En este SUM se suelen desarrollar las clases de educación física, teatro o clases de las maestras de inicial que involucren la necesidad de un desplazamiento corporal que exceda los límites del aula.

Los SUMs siempre tienen presencia de docentes y/o padres (porque allí se realizan reuniones de padres o clases abiertas). Desde el SUM o patio interno en general hay posibilidad de observar todas las aulas. Es por esto que las denuncias falsas hacen hincapié generalmente en que el lugar donde ocurrió el abuso no era el aula. Los niñxs habrían sido sacados del aula, llevados fuera de la institución (a la casa de alguien, caso Moreno del año pasado) o a una “habitación secreta” (caso actual del jardín 907).

En segundo lugar, la rutina habitual de los jardines es con alguien del equipo directivo que entra constantemente al aula, la preceptora, los compañeros auxiliares. Además, los profesores de educación física o artística (foco principal de denuncia) son absolutamente siempre acompañados por la docente (MI) de la salita o por la preceptora. Es por esto que todas las denuncias falsas son en bloque: se lo denuncia al profesor/a en cuestión, con la complicidad de la maestra de la sala o su preceptora. En aquellas causas donde el equipo directivo y las compañeras de los denunciados se pusieron firmes en plantear profundamente que fuera imposible que el abuso haya sucedido en el jardín, todas fueron señaladas como cómplices. No hay escapatoria.

Resguardo y reparación

En junio de 2022 se archivó con “criterio expectante” la denuncia de abuso contra un profesor de música del Jardín 904 de Ituzaingó por falta de pruebas. En noviembre 2022 se archivó la causa contra una preceptora de la Escuela de Educación Especial 504 de Merlo por falta de pruebas. Este año, a un docente del Jardín 918 de Mariano Acosta, Merlo, que fue denunciado de abuso sexual, le archivaron la causa por falta de pruebas. En tres años puede pedir el sobreseimiento. En abril liberaron a Darío Castelo, profesor de música de San Fernando, denunciado por presunto abuso sexual. Estuvo 15 meses preso, la Justicia lo absolvió.

Hay una resolución redactada por DGCyE del año 2015, la resolución 2.672, que busca resguardar a los docentes en caso de denuncias y reparar su perfil público una vez terminado el proceso judicial y corroborado que la denuncia había sido infundada. Esta resolución ha tenido escasa implementación no más de algún caso puntual.

El Suteba y el Fudb colocaron el eje en un acuerdo paritario que solo se ha firmado luego de una lucha firme y persistente del nivel inicial, con paros arrancados a la burocracia, movilizaciones multitudinarias en los últimos tres años en distritos como Merlo, Moreno, Matanza e Ituzaingó, incluyendo fuertes procesos de autoconvocatoria. Además que las autoridades siguen afirmando que aún no está vigente en lo único claro que plantea, o sea el traslado inmediato del docente en peligro con independencia de la situación de revista, en la letra chica del acuerdo no aparece el patrocinio legal por parte de la DGCyE, nuestro empleador, sino una asesoría legal. Esto significa que el docente debe seguir pagando abogados y peritos de parte carísimos. Si el empleador no se hace cargo de financiar el patrocinio legal, debería ser el sindicato docente el que se encargue de financiar los costos exorbitantes de la defensa del docente.

Si lucha, que no se escuche

El Suteba, y la mayoría de los sindicatos docentes, incentivan el canto de esta frase en cada movilización (cuando alguna vez salieron a movilizarse): “luche que se escuche”. Sin embargo, cuando se trata de organizar a la docencia contra los casos de denuncias falsas, el Suteba prefiere mantener todo en el secretismo. Así fue que no nos enteramos que se estaba llevando adelante un proceso judicial contra los compañeros del 901 de Padua, Silvana y Gastón.

Recién salió a la luz el caso con las condenas en el 2019. Y se cayó el velo. Comenzaron las autoconvocatorias, los mensajitos por Whatsapp, los flyers. Así el nivel inicial empezó a salir de la cueva en donde el sindicato las mantenía. No hay nada que ocultar, nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para salir a gritar a los cuatro vientos que defendemos a nuestrxs compañerxs cuando las denuncias son falsas (su gran mayoría), y que luchar por la libertad, sobreseimiento, absolución es luchar en defensa del nivel inicial, de la escuela pública y de los trabajadores de la educación.

Allí donde la dirección sindical es la Lista Multicolor se toman definiciones de lucha opuestas por el vértice a las de la dirección celeste. Clases públicas, caravanas, denuncias en los medios, acompañamientos masivos a las docentes a los procesos judiciales.

Los procesos de autoconvocatorias son canales ocasionales para desarrollar esta organización que no tiene lugar en los sindicatos burocráticos. Pero son procesos que sufren vaciamientos continuos y no terminan de configurarse como una herramienta colectiva eficiente. Esta herramienta ya existe y es el sindicato docente. Una de las reflexiones a las que debemos arribar cuando uno se sumerge en estas experiencias de lucha y se siente desamparado e indefenso, es que hay que recuperar nuestros sindicatos.

Es necesario triplicar el presupuesto en educación. Más profesionales en los equipos de de orientación, nombramientos, construcción de dependencias. Triplicar el presupuesto nacional, provincial y de las municipalidades para la promoción y protección de las niñeces y adolescencias. Apertura de servicios locales, más cargos y recursos para los servicios zonales. Más departamentales de justicia de familia, con los cargos y especialistas necesarios. Construcción de casas de abrigo. Aplicación real y efectiva de la ESI. Implementación inmediata del reciente acuerdo paritario de resguardo y reparación, introduciendo los reclamos que no se han contemplado. Mesas distritales con autoridades escolares, sindicatos y docentes de inicial para abordar los casos y llevar a la práctica el resguardo desde la primera hora. Financiamiento de abogados penales por parte de DGCyE, en su defecto, por parte del sindicato.

*Datos extraídos de la excelente investigación producida por Cristian Velázquez en su tesis “Estigmatizados (Criminología mediática en falsas denuncias de abuso sexual infantil en el ámbito educativo)”.

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