En el marco de un fuerte alza inflacionario, que podría traducirse en un nuevo récord de los índices del mes de noviembre, las escuelas privadas presionan al gobierno para que autorice aumentos mayores a los ya acordados para el mes de diciembre (11% en la Provincia y 22% en la Ciudad), por considerarlos insuficientes. De aprobarse, además, se aplicaría de forma retroactiva, como sucedió otros meses en los que los padres ya habían abonado el importe correspondiente y debieron hacer un desembolso adicional acorde a lo negociado luego.

Es un nuevo golpazo para el bolsillo de las familias trabajadoras que, para aplicarlo, las escuelas se excusan en los incrementos salariales de los trabajadores que trabajan en las instituciones cuando, por ejemplo, el piso salarial docente en CABA es de unos 130 mil pesos (Fonid incluido) para el cargo testigo de maestra/o de grado sin antigüedad, y de 140 mil a 165 mil pesos en provincia, un salario miserable establecido por las patronales en complicidad con la burocracia sindical.

Recordemos además que las escuelas privadas aumentaron sus cuotas cada 30 días, desde el inicio del ciclo lectivo, incluso por encima de los acordados en el verano en el programa Precios Justos. Sin embargo, las familias ya no están pudiendo afrontar estos incrementos. Según un relevamiento de Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), la mitad de los 200 colegios que hoy están en riesgo de cierre tiene entre 20% y 30% de morosidad en el pago de las cuotas, mientras que en el 16% llega al 40%.

Esto se agrava en un contexto de ajuste fiscal, que cada gobierno aplica en su jurisdicción, donde la escuela pública es desfinanciada sistemáticamente generando falta de vacantes y condiciones paupérrimas de cursada, lo que obliga a las familias trabajadoras a enviar a sus hijos a la escuela privada. Esta se lleva una parte cada vez mayor de su salario, mientras el costo de vida restante, además, aumenta en igual o incluso en mayor medida. La situación promete profundizarse con el plan “motosierra” que promueve Milei y su propuesta de “vaucherización” de la educación pública.

El mismo informe, a su vez, revela que el 56% de los colegios tiene deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia y el 35%, con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), es decir evaden al fisco para engordar sus bolsillos, mientras reciben una enorme cantidad de subsidios por parte del gobierno. En paralelo, el 85% reconoce no haber hecho inversiones en los últimos años, lo que desnuda que estos incrementos son aplicados sencillamente para no perder margen de rentabilidad, mientras se embolsan los subsidios.

Si los gobiernos no acceden, los colegios amenazan con recortes y despidos. El 43% proyecta disminuir personal en cargos y horas no obligatorias, lo que comprende a personal fuera de planta, de administración o maestranza.

Los trabajadores debemos organizarnos para enfrentar esta ofensiva. En primer lugar, urge desarrollar un plan de lucha en defensa del salario y de la educación pública, y dar la batalla contra el ajuste en curso y contra el recrudecimiento del mismo que propone Milei. La única manera de hacerlo es en las calles.

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