El Ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció con bombos y platillos la conformación de un “Consejo Nacional de la Calidad de la Educación”. Según el comunicado del Ministerio, “entrará en funcionamiento por primera vez en catorce años desde que fuera creado por la Ley 26.206 en 2006”.

Como lo establece el artículo 98 de dicha Ley de Educación Nacional, este Consejo tendrá entre sus funciones: “a) proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Educativo Nacional, b) participar en el seguimiento de los procesos de evaluación del Sistema Educativo Nacional, y emitir opinión técnica al respecto, c) elevar al Ministerio de Educación propuestas y estudios destinados a mejorar la calidad de la educación nacional y la equidad en la asignación de recursos, d) participar en la difusión y utilización de la información generada por dichos procesos, e) asesorar al Ministerio de Educación con respecto a la participación en operativos internacionales de evaluación”.

Evaluaciones estandarizadas y “calidad de la educación”

La conformación de un organismo a nivel nacional que se encargue de desarrollar políticas de “evaluación de la calidad educativa”, es un viejo pedido de los organismos internacionales de crédito, desde la OCDE al Banco Mundial, que desarrollan distintos tipos de evaluaciones estandarizadas como por ejemplo las pruebas Pisa.

En el nivel universitario, desde la sanción de la Ley de Educación Superior bajo el menemismo se conformó la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), cuyas evaluaciones y acreditaciones (bajo los distintos gobiernos) fueron un punto central en el avance de recorte de las carreras, la proliferación de posgrados arancelados y el reconocimiento público de las universidades privadas. Por eso el movimiento estudiantil y docente universitario ha protagonizado grandes luchas rechazando la Coneau, sus evaluaciones y acreditaciones.

En los otros niveles educativos es una constante que se ha reproducido con los distintos gobiernos, el intento de avanzar en evaluaciones estandarizadas que midan la “calidad de la educación”, como si esta se pudiera medir en una evaluación de igual manera que se miden los productos y mercancías. Esto sin tomar en cuenta que no se pueden evaluar los conocimientos aislándolos en forma artificial de las condiciones de enseñanza y de las distintas situaciones personales de los alumnos, en particular las condiciones materiales y simbólicas de los estudiantes y trabajadores en un cuadro de creciente miseria social.

Reducen la enseñanza y el aprendizaje a una sola calificación que puede ser utilizada para introducir una diferenciación presupuestaria entre las escuelas (un ranking) y modificar el régimen laboral docente. Medir la “productividad” del docente y la ponderación del salario docente sobre el nivel de “formación alcanzada” (postítulos o posgrados pagos) y resultado escolares obtenidos.

A fines de 2018, por resolución del Consejo Federal de Educación, fue conformada la “Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente”, en simultáneo a la sanción de ley de Unicaba en la Ciudad de Buenos Aires por impulso del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y se avanzaba con reformas y cierres de terciarios en distintas provincias como Jujuy y Entre Ríos.

Por eso el movimiento estudiantil y docente ha protagonizado grandes luchas contra estas evaluaciones estandarizadas, rechazando entre otros los “Operativos Aprender y Enseñar” bajo el macrismo. Macri, que hablaba de “caer en la escuela pública”, no promovió una nueva norma porque el articulado de la Ley de Educación Nacional votada bajo el kirchnerismo contemplaba la evaluación que le permitía avanzar en estos operativos. Lo que puso una traba y no permitió que se desarrollen plenamente estos operativos fue la resistencia docente-estudiantil. Ahora, retomando la LEN, se busca avanzar con las evaluaciones estandarizadas a partir de la conformación de este  “Consejo Nacional de la Calidad de la Educación”.

Dime quién te evaluará y te diré qué quiere

El Consejo Nacional de la Calidad de la Educación está conformado por 35 miembros, representantes del Ministerio de Educación, de los gobiernos provinciales -que vienen de desconocer los acuerdos paritarios y congelar los salarios docentes-, del Congreso Nacional, de “organizaciones del trabajo y la producción de los sectores del agro, industria y Pyme”, de los sindicatos docentes y de catorce “especialistas académicos”.

Entre las “organizaciones del trabajo y la producción” se incorporará a representantes de la UIA, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. De esta manera, las grandes patronales se integran en la evaluación de la educación y se avanza en la adaptación de la escuela a las demandas cambiantes del capital. Eso sí, con la participación del entregador serial de Héctor Daer por la CGT y de un representante de la CTA Yasky.

Entre los especialistas seleccionados por el Ministerio de Educación encontramos a Mariano Narodowski, quien fuera ministro de Educación de Macri en la Ciudad, y tuviera que dejar su cargo por el escándalo de escucha a docentes con el agente Ciro James. A la vez, encontramos numerosos representantes de universidades privadas y de la Iglesia, con miembros de la UCA, de Unicef, la Universidad de San Andrés y de distintas fundaciones e incluso organismos internacionales como la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos).

Sobre la integración de un representante por cada sindicato nacional docente (Ctera, UDA, CEA, Amet y Sadop), cabe preguntarse con qué mandato decidieron integrar y convalidar este Consejo común con las grandes cámaras empresarias y reconocidos privatistas como Narodowski y la OEI para “evaluar la calidad de la educación”.

Defendamos la educación pública

No es necesario convocar a estos supuestos especialistas para saber que el gran problema que recorre a la educación es la falta de recursos. Gran parte de los estudiantes se quedó afuera de la supuesta continuidad pedagógica virtual por la falta de entrega de computadoras y conexión a internet por parte del Estado. Mientras, los docentes sufren el congelamiento salarial,  el pago del aguinaldo en cuotas y deben pagar de su bolsillo la conexión y  elementos de trabajo. Desde los gobiernos se busca la vuelta presencial a los colegios (en el peor momento de contagios) sin garantizar siquiera condiciones mínimas de seguridad e higiene como lavandina, jabón y todos los recursos necesarios.

Llamamos a rechazar la conformación del “Consejo Nacional de la Calidad de la Educación” y las evaluaciones estandarizadas. Luchemos por más presupuesto para la educación y no para el pago de la deuda externa y los requerimientos de los organismos internacionales.

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