Luego de que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, firmara convenios con los intendentes Lucas Ghi de Morón y Alberto Descalzo de Ituzaingó, se comenzaron a entregar netbooks que quedaban del Plan Conectar Igualdad a las escuelas. La partida consistiría de 900 computadoras para Morón y 450 para Ituzaingó.

Esto, sin duda, llamó la atención de las comunidades educativas, profundamente alarmadas y golpeadas por una crisis económica y sanitaria que ha dejado a miles por fuera de la educación a distancia. Pero para evaluar el verdadero alcance de esta medida hay que conocer la realidad objetiva de estas comunidades educativas.

En Morón tenemos alrededor de 48 escuelas secundarias y casi 40 primarias y en Ituzaingó de 29 secundarias y 21 primarias. Esto, sin contar en ambos distritos los CENS, escuelas Especiales, escuelas Artísticas y todo el nivel terciario.

Por lo tanto es claro que  esta asistencia que firman Trotta, Ghi y Descalzo no impacta significativamente a la hora de resolver las necesidades de miles de estudiantes y docentes. En definitiva, se sigue manteniendo en el margen a amplios sectores estudiantiles, que en el marco de la imposición de una educación a distancia quedan por fuera de la conectividad.

La corta frazada del presupuesto

Esta política de exclusión en la educación tiene su raíz profunda en el pacto con los bonistas que anunció Alberto Fernández a nivel nacional y a su vez se replica a nivel provincial. El gobernador Kicillof prioriza en toda la línea el pago a los acreedores y bonistas, mientras las necesidades educativas (salud, vivienda, etc.) deben saldarse con las chirolas que resten de un magro presupuesto que es exactamente el mismo que se votó en el 2018, durante el mandato de Vidal. Pero las continuidades con el macrismo no acaban ahí.

La Legislatura Provincial acaba de aprobar, con el acuerdo de la oposición derechista de Cambiemos y el resto de los bloques políticos menos el FIT-U, un pacto buitre que permite al gobernador contraer nueva deuda por 500 millones de dólares que irán al beneficio de los usureros y al subsidio a los capitalistas, para que lo terminemos pagando los trabajadores con mayor ajuste.

No hay plan Trotta que valga

Mientras este vaciamiento educativo avanza, la burocracia de Suteba agita una nueva “ley de infraestructura”, sin cuestionar el presupuesto de ajuste con el que viene gobernando Kicillof: una cortina de humo ante los graves problemas edilicios de los establecimientos educativos. La dirección celeste de Suteba y el Fudb se colocan así a la rastra de la política del ajuste y los acreedores buitres.

Y a tal punto es así, que en la legislatura provincial también los legisladores sindicales de la CTA y del Suteba colaboraron con el nuevo pacto buitre de endeudamiento dando su voto. Hay que reconocer que Yasky fue consecuente con su apoyo al acuerdo colonial de Alberto Fernández de pago a los acreedores y bonistas.

La salida es con la independencia de docentes y estudiantes

La lucha por la defensa de la educación requiere de la independencia política de los sindicatos, como expresan los planteos y la lucha que desenvuelven los Sutebas Multicolor que se contrapone a la subordinación política de la dirección celeste en el gobierno.

El Estado debe proporcionar las herramientas tecnológicas (computadora, tablets y celulares) a todes les estudiantes y la conectividad gratuita para generar una verdadera igualdad de condiciones. Para lograrlo será necesaria la discusión, sobre otras bases sociales, de a dónde van los recursos. La falta de voluntad para avanzar en este sentido, por parte del gobierno y la oposición patronal, ha quedado en claro a partir de la negativa a tratar el proyecto de ley por el impuesto a las grandes rentas y fortunas que ha presentado la diputada Romina Del Plá como parte de la banca del Frente de Izquierda-Unidad.

¡Basta de vulnerar los derechos de les Estudiantes!