El ministro de Educación de la Nación en ciernes, Nicolás Trotta, profesa sobre la necesidad de generar un “contrato social educativo”, cuyos postulados fueron anunciados por la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET) -de la que Trotta es actualmente rector- junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), en una jornada que congregó a más de 100 especialistas, ministros de educación provinciales, funcionarios de universidades tanto públicas como privadas, y hasta empresarios.

De la jornada surgió un documento que tuvo la supervisión, nada menos, que de Adriana Puiggrós, ex directora de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense entre 2005 y 2007, y perfilada ahora como viceministra.

Uno de los pilares del documento en cuestión es la promoción de la jornada extendida en el jardín de infantes, la primaria y también la secundaria, con el fin de atender las necesidades de los niños y adolescentes pobres, que representan al 50%. Pero, bajo el pretexto de la “función social” de la escuela pública, “la medida se llevaría a cabo de la mano de organizaciones barriales y municipales, cooperadoras, clubes y sindicatos” (Infobae, 1/12), es decir que hay lugar para todos menos para la docencia. Estamos ante una nueva propuesta de devaluación de la educación.

Según explicó Puiggrós, “hay que construir nuevas institucionalidades que se conciban desde una perspectiva regional, interministerial e intersectorial en la que el Estado, los sindicatos, las empresas y los actores de la economía popular construyan un diálogo social, efectivo y vinculante” (Clarín, 8/10). Según esta iniciativa, la escuela secundaria debe educar para el “mundo del trabajo”, concentrada en facilitar “aprendizajes relevantes” requeridos por “las empresas y los actores de la economía popular”.

A semejanza de la ‘Secundaria del Futuro’ de Macri y Larreta, esta orientación convierte a la educación en una oficina de recursos humanos, sea para las empresas que precarizan a la juventud, sea para el trabajo también fuera de todo convenio y derechos laborales que se titula “economía popular”. Con este fin se degrada la formación a un compendio de “aprendizajes” a medida de los requerimientos momentáneos del mercado. Por este camino propone avanzar la UCA, que recientemente el entregó a Fernández una propuesta de plan de “empleo mínimo garantizado”, planteando crear puestos basura por un salario mínimo y regenteados por los movimientos sociales vinculados al Vaticano, ONGs y punteros municipales.

El mismo interés social se traza para la educación terciaria y universitaria. Adrián Cannellotto, rector de la UNIPE, lo explicó con todas las letras: “las universidades pueden ayudar a pensar en cómo lograr el desarrollo de la Argentina (…) para que puedan converger las distintas economías del país: la financiera, la social, la productiva y el mercado interno, y la de las grandes empresas exportadoras, para que haya bienestar y desarrollo” (ídem). Resumiendo, formar profesionales al servicio del capital.

Una educación al servicio de la clase obrera, por el contrario, necesita de una formación integral, que permita acceder a todos los aspectos de la ciencia, de la técnica y de la cultura, tienda a la complementariedad del trabajo manual e intelectual, y su dominio del ámbito laboral. Los trabajadores de la educación debemos colocarnos a la cabeza de la lucha en defensa de la educación pública, con la perspectiva de ponerla al servicio de la emancipación de los trabajadores.