La comisión de situación educativa del Congreso de la UJS contó con la participación de más de 200 compañerxs, que durante 3 horas debatimos la realidad crítica que atraviesa la educación en nuestro país en todos sus niveles.

El documento resuelto, luego de un debate que tuvo 30 intervenciones, es, además de una caracterización política, un llamado a la acción y a poner en pie al movimiento estudiantil en la lucha por la defensa de la educación pública en todo el país.

Como parte de las resoluciones, hacemos la propuesta al conjunto del movimiento educativo, a los centros de estudiantes, federaciones, sindicatos y a todas las agrupaciones, de preparar una movilización nacional contra el ajuste presupuestario y por todos los reclamos en defensa de la educación pública para finales de Octubre. También resolvimos una fuerte campaña por el desprocesamiento de les estudiantes procesades por luchar en la UNC y en la UNRN, el apoyo a la lucha de la docencia universitaria, la movilización por becas junto a la Juventud del Polo Obrero el Martes 29 y una campaña por la implementación de la ESI laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales y de género en todos los niveles educativos.

Ajuste antieducativo

Partimos de caracterizar que el sistema educativo argentino atraviesa una grave crisis hace años, que se ve agravada por la pandemia. La cuestión presupuestaria es una muestra de esto, con un deterioro de larga data que quiere ser profundizado por estos días con el Presupuesto 2021 que envió el gobierno de Alberto Fernández al Congreso. Para poner un ejemplo, el proyecto ni siquiera da cuenta del recortadísimo pedido que hicieron los Rectores de las universidades.

Como producto de los ajustes presupuestarios, tenemos solo este año el congelamiento de los montos de las becas, y distintos ataques a los salarios docentes. La situación alarmante de infraestructura y de las condiciones de salubridad e higiene de los establecimientos educativos también es expresión de este problema. El “cromañón educativo” que puso de manifiesto la tragedia que se llevó la vida de Sandra y Rubén en Moreno no está ni cerca de solucionarse y, por el contrario, se ve agravada.

En ese sentido, el documento y varias intervenciones remarcaron que la cuestión del regreso las aulas debe ser motivo de debate y de lucha de todo el movimiento estudiantil y docente, para que se realice cuando estén dadas las condiciones sanitarias por la pandemia, garantizando la salubridad e higiene para toda la comunidad educativa.

Por otra parte, el ajuste presupuestario también tuvo su impacto en torno a la pandemia. La virtualización educativa se impuso de manera forzosa, sin garantizar ni siquiera el acceso a estudiantes y docentes. El resultado de esto es una deserción récord (la exvice-ministra Puiggrós acaba de publicar un texto donde admite que el 50% de los alumnos dejó la escuela), y un atropello sistemático a derechos laborales de la docencia y estudiantiles. El Estado capitalista, en definitiva, se muestra incapaz de garantizar la educación en tiempos de pandemia.

Privatización y vaciamiento, el lado B

La otra cara de la misma moneda del ajuste es la política de privatización y vaciamiento. El documento resuelto por la comisión caracteriza y denuncia todo un rumbo privatista que los gobiernos, junto con los “organismos internacionales” como el FMI y el Banco Mundial, le quieren imprimir a la educación.

Los intentos de avanzar con Reformas anti-educativas en nuestro país, y también a escala internacional, van en línea con esa orientación y en sintonía con las reformas anti-laborales.

En las Universidades, en línea con la política de “recursos propios” que establece la LES menemista, las autoridades siguen avanzando en el rumbo de vaciar las carreras de grado pasando contenidos a los posgrados arancelados, como también estableciendo negocios con distintos cursos y talleres de extensión. Como ejemplos extremos, tenemos el arancelamiento a cursos sobre ¡ESI! en Filosofía y Letras de la UBA y en Humanidades de la UNSAM. La otra variante de esa misma política son los convenios con las empresas capitalistas para adaptar la investigación y los planes de estudio, como el que fuera firmado hace pocos meses entre Exactas-UBA y la multinacional Shell.

Esta política privatista también tiene su expresión en el resto de los niveles. Con la UNICABA como emblema, los gobiernos intentan destruir los profesorados en todo el país y habilitar negocios con la formación docente. En el caso de los colegios secundarios, el vaciamiento y el ajuste presupuestario de años de la escuela pública favorece deliberadamente a los colegios privados, que además son subsidiados por el Estado.

Advertimos en este punto una lucha que se viene, contra el intento del gobierno y las autoridades universitarias de apoyarse en la virtualización educativa derivada de la pandemia para establecer negociados a gran escala con la llamada “educación a distancia”.

Poner en pie al movimiento estudiantil

El concepto central del documento que la comisión votó, y que se reflejó en las intervenciones, fue la cuestión de la acción política frente a este cuadro. Sobran los motivos para impulsar una lucha de todo el movimiento estudiantil contra el ajuste, el vaciamiento y la privatización.

En este punto, abordamos mirando de frente las problemáticas que se presentan y que debemos superar para impulsar esa lucha. Luego la rebelión universitaria de 2018, y de enormes movilizaciones contra la UNICABA y el cierre de cursos en terciarios de la Provincia de Buenos Aires, las movilizaciones por el Aborto Legal y la ESI, hoy asistimos a un cuadro de relativa desmovilización, que se acentúa lógicamente por la pandemia y la cuarentena. La cooptación política de una parte importante de las corrientes que fueron partícipes de esas peleas juega un papel importante en esta situación.

En ese sentido, el problema se refleja la primacía que hoy tienen las agrupaciones tributarias al Estado en las organizaciones estudiantiles (Centros y Federaciones). No está disociado el cuadro de desmovilización con el avance de estas corrientes, que en el último tiempo lograron hacerse de la FUBA y de algunos Centros de Estudiantes que eran dirigidos por la izquierda y agrupamientos independientes.

Denunciamos que tanto las agrupaciones ligadas al oficialismo del Frente de Todos (La Cámpora, JUP, La Mella, CEPA, Miles, etc.), como la oposición radical (Franja Morada), constituyen un bloqueo a la organización estudiantil y actúan como voceros y defensores de las políticas de ajuste y vaciamiento de los gobiernos y las autoridades.

Por el contrario, la UJS desde su Congreso Nacional hace el planteo al conjunto de las agrupaciones que se reclaman independientes y a les compañeres independientes a actuar en común con el método del frente único para luchar por todos los reclamos estudiantiles y para pelear, a su turno, por recuperar los Centros de Estudiantes y Federaciones estudiantiles de todo el país para que sean efectivamente herramientas de organización del movimiento educativo.

Llamamos, en definitiva, a organizar al movimiento educativo detrás de un programa político y reivindicativo, planteando la necesidad de fomentar la unidad obrero-estudiantil para enfrentar el ajuste del gobierno y el régimen del FMI, y la pelea por ligar al movimiento estudiantil a todas las luchas populares, como en este momento lo es el proceso de recuperación de tierras de Guernica.