La ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, hizo una declaración al ser entrevistada en Radio Mitre por la que desató una enorme polémica. Al referirse a las incorporaciones en la planta laboral del Pami por las que resultó denunciada su directora, Luana Volnovich, postuló que en el Estado “consiguen trabajo los que no estudiaron”; refiriéndose a que algunos de los ingresantes no tenían completada la escuela secundaria.

Los datos desmienten a la ministra. Según el Indec, en el trabajo de la administración pública hay incluso una sobrecalificación. Casi el 50% de la planta laboral del Estado tiene estudios universitarios finalizados. Lo que, no obstante, no evita que en la función pública se cobren salarios de miseria, siendo el Estado uno de los mayores precarizadores en materia laboral, y contribuyendo al cuadro general de que Argentina sea un país con un enorme porcentaje de desocupación entre profesionales o incluso de contratación para otras tareas con respecto de sus estudios.

 

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Pero es curioso que Acuña diga esto, puesto que desde hace dos décadas es una funcionaria abroquelada en distintas áreas del Estado. Ahora, es ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que en realidad ella debería estar dando explicaciones sobre la deserción escolar que empuja a los chicos afuera de las escuelas, y no al revés. Según un relevamiento de la Universidad di Tella sobre 143 escuelas comprendidas entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, luego del primer trimestre de virtualidad por la pandemia el 20% del alumnado ya había dejado de participar en las clases. En estos casos, el ¡96%! se había marginado del ciclo educativo por no tener WiFi, computadoras, tablets o celulares desde los que pudieran conectarse. Acuña habla desde la tribuna, como una opinóloga, pero está en la primera línea de responsabilidades por esta situación aberrante. Es la ministra de Educación porteña. ¿Qué hizo ella para contener y revertir esta situación? Nada. Los estudiantes de las barriadas se movilizaron en cinco ocasiones reclamando que se garanticen las condiciones para poder estudiar, pero todos los gobiernos miraron para otro lado. Estas palabras no hacen más que confirmar el absoluto desinterés de la ministra de reinsertar a los pibes en las escuelas.

En todo caso, esto es ocultado por el planteo elitista con respecto a la educación que hay detrás de su ataque. Lo que sugirió fue que esta incorporación de casi dos centenares de trabajadores al programa de atención médica de jubilados y pensionados, “desalienta” a las personas a finalizar sus estudios y “da un mal mensaje”. A decir verdad, lo que “desalienta” a los trabajadores a terminar sus estudios es la pobreza y la miseria generalizada, y no solo porque le impidieron a millones de estudiantes tener la conectividad y los dispositivos para poder cursar en pandemia que les negaron los gobiernos. Al pasar el tiempo son cada vez más los jóvenes que deben abandonar la escuela o los estudios terciarios y universitarios para buscar empleo y contribuir a la economía de sus familias, marcada por la licuación de los salarios frente a la carestía. El cinismo de Acuña reduce este problema a una “decisión individual” de los trabajadores de dejar sus estudios, y no al catastrófico derrumbe de las condiciones de vida de la población laboriosa del país.

Este argumento patronal recuerda a las quejas del gerente de Toyota Zárate, un precarizador que hizo mella por la reforma laboral introduciendo un convenio flexibilizador (celebrado hasta por el presidente Fernández) al turno en que abundaba en quejas a que los trabajadores tienen cada vez menos sus estudios finalizados. Acuña es directamente vocera de una clase social que es responsable de hundir en la miseria a los trabajadores y las mayorías populares pero luego ponen el grito en el cielo por “no encontrar mano de obra calificada”.

Este discurso tiene enorme gravedad mientras en el Estado se cierran paritarias de miseria, se firman contratos basura o se efectúan despidos por parte de todas las administraciones en el marco del pacto de ajuste fiscal sellado con el FMI. Pacto de ajuste fiscal que, claro, también viene con un ataque feroz contra la educación pública bajo el brazo. Todos los gobiernos de distinto color político cerraron filas bajo esta directiva, que solamente se irá agravando en los próximos meses acorde a las metas incumplibles de este acuerdo de saqueo. Necesitamos romper con todo el pacto de ajuste con el Fondo y proceder a la multiplicación presupuestaria para la educación, los planes de obras y adecuaciones en las escuelas, que sean garantizados todos los recursos requeridos por el alumnado y se lleve adelante un plan genuino de reinserción escolar.