El gobierno de Rodolfo Suárez acaba de hacer público el borrador de una nueva Ley de Educación para la provincia de Mendoza. El gobierno busca profundizar la política que comenzó con la implementación del Ítem aula y que introdujo el principio de productividad empresarial para los docentes, y darle el marco jurídico a la orientación social que ha impuesto al sistema educativo provincial. Los 4 puntos centrales son: la transformación del sistema educativo en una fábrica de insumo para el mercado, el retiro progresivo de la responsabilidad del Estado como garante del funcionamiento educativo, tanto en materia salarial como presupuestaria; la flexibilización laboral echando por tierra de manera unilateral el estatuto docente; y la evaluación de la calidad educativa, profundizando la política del Operativo Aprender, instaurando un rankeo de escuelas, y buscando culpabilizar y responsabilizar a los docentes de la crisis del sistema educativo. Todos estos puntos son el alma de la Ley que el gobierno va a buscar aprobar el mes próximo en la Legislatura Provincial.

Este proyecto de Ley la presenta a meses de cerrar el año lectivo 2020 con un balance desastroso en lo pedagógico y en materia de derechos laborales, ya que el gobierno se ha desligado totalmente del cumplimiento de sus responsabilidades como empleador apelando al empobrecimiento de las y los trabajadores de la educación, que sostienen la educación pública con recursos propios. En materia educativa la virtualidad/obligatoria, la falta de financiamiento y de un plan de inclusión real ha abierto, como nunca antes en nuestra historia, la brecha entre las y los estudiantes que pueden o no acceder a su educación por razones muy desiguales económicamente hablando. Es en ese marco que la Ley va a ser presentada y que por lo mismo ya está siendo fuertemente cuestionada en todas las escuelas.

Ya en 2018 la sanción del famoso decreto 530 que centralizaba el sistema de educación superior y que procedía al cierre de distintas carreras, era la punta de iceberg de esta política impulsada por los organismos internacionales donde por un lado se buscaba avanzar en una estandarización imposible y en la puesta en función de carreras “prioritarias” que respondían a las necesidades del mercado. Un hecho lamentable, ya que el mercado provincial agrario y atrasado no necesita de una masa formada en orientaciones vocacionales artísticas o técnicas… por lo que en los hechos era el cierre y ajuste de la oferta educativa provincial. La Ley profundiza esta orientación desligando al estado de este sector de formación. Un retroceso en materia educativa y cultural enorme para Mendoza.

Los anuncios de avanzar en el “autofinanciamiento de la educación” a través del sistema de cooperativismo también explican el apuro de sacar la ley este año. Con este marco y a través del convenio que Thomas acaba de firmar con Daniel Dimartino, director de Cooperativas de la Provincia, no hace más que dejar oficializado el lanzamiento de un programa integral de cooperativas escolares. Esto significa la puesta en marcha de un sistema pérfido de financiamiento mediante recursos logrados a través de trabajo informal de padres, docentes y alumnos. Es la disolución de la escuela formal para poder alivianar la carga presupuestaria del Estado, que ve en la educación pública un gasto fiscal susceptible de ser recortado. En esa misma línea va a la intención de municipalizar algunos sectores.

La frutilla de la torta es que esta ley legaliza una reforma laboral a escala, que se va a aplicar sobre las y los trabajadores de la educación flexibilizando las jornadas de trabajo mediante la modalidad de educación “presencial-virtual” donde se va ratificar que el costo de este sistema educativo sea sostenido por los golpeados salarios de sus trabajadores. Es por esto mismo que unos de los puntos específicos, el 142, habla de la modificación unilateralmente por parte de la DGE del estatuto docente, o sea, adiós a las paritarias ya los derechos laborales conquistados, sentando un precedente nefasto para los trabajadores tanto del sector público como del privado en los servicios y la industria.

En ese marco la opción patronal encabezada por el PJ y dos satélites menores afiliados al Frente de Todos ya han habilitado su tratamiento en nombre del diálogo. No es de extrañar que esta orientación es compartida y fomentada por el Ministerio de Educación encabezada por un agente de los organismos internacionales como lo es Nicolás Trotta. Como botón de muestra del papel de este sector, está la diputada Soto a la cabeza, que entregó el enorme estudiantazo contra las reformas antieducativas de Macri en 2018 sentándose con Cornejo a negociar con un grupos de rectores alineados con el kirchnerismo sus propios lugares en la dirección de los IES.

Las y los trabajadores de la educación estamos llamados a enfrentar esta nueva avanzada de todo el régimen político contra el derecho la educación del pueblo y contra los derechos laborales conquistados por años de lucha docente. Atado al rechazo de plano de esta Ley tenemos que movilizar todas las escuelas contraponiendole el reclamo de un aumento salarial de emergencia a nuestro sector, el llamado a paritarias, el pago de la conectividad y todos los reclamos postergados.