19/06/2020

La pandemia que sufre la docencia de los jardines maternales

Por Mica JBJ

Desde 2006, con la sanción de la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206) se reconoce al nivel inicial como una unidad pedagógica que comprende a les niñes de 45 días a cinco años: los jardines maternales abarcan la franja etaria de 45 días a dos años y los jardines de infantes la de tres a cinco años. Desde 2014 (Ley 27.045) las salas de cuatro y cinco años son obligatorias, y la normativa establece la responsabilidad de los Estados nacional y provinciales en universalizar la oferta para tres años y de ampliar la de jardines maternales (Steinberg y Giacometti, 2019).


La obligatoriedad de las salas de cuatro y cinco años marca una diferencia en la oferta educativa de las primeras infancias. Mientras que el 90% de las escuelas de nivel inicial ofrecen salas de cuatro y/o cinco años, solo el 50% cuenta con una sala de tres y el 15% con jardín maternal. A esto, se le suman las disparidades a nivel provincial: en lo que refiere a la sala de tres en CABA y Provincia de Buenos Aires, la cobertura es del 65% y 59% respectivamente, mientras en otras jurisdicciones el acceso a este nivel no supera el 10%; en el caso del nivel de 45 días a dos años, solo C+ABA, Mendoza, la provincia de Buenos Aires y Chubut logran superar el umbral del 10% (ídem).


La oferta de educación inicial es mayormente privada, en especial el jardín maternal. Los pocos jardines maternales de carácter estatal se encuentran acechados por el cierre por desfinanciamiento. Es el caso del jardín maternal del Ramos Mejía, que viene peleando por su continuidad desde el año pasado. Con el acceso mayormente privado, solo quienes tienen los recursos económicos pueden externalizar la crianza, el cuidado y la educación de sus hijes.


Desde el 20 de marzo, con el cierre de los establecimientos educativos por la cuarentena y la falta de pago de las cuotas, peligran los empleos de miles de docentes y recortan el salario. Se suma la flexibilización laboral que significa la continuidad pedagógica a través de las pantallas, pero sin que se les garanticen dispositivos ni acceso a internet. Esto atenta además contra el derecho a la educación de esas primeras infancias, en la que las propuestas lúdicas realizadas por las docentes son fundamentales a la hora de sostener el vínculo y la enseñanza


Sobre esta situación entrevistamos a Belén, estudiante terciaria de la Ciudad de Buenos Aires y trabajadora de la educación en un jardín maternal. Nos contó que ya “en abril las familias comenzaron a especular en torno al tiempo que duraría la cuarentena y a analizar dar de baja las matrículas de les niñes. Nosotras formamos parte del jardín de una empresa, que paga un porcentaje de la cuota, por lo que se caen las inscripciones y también se recibe menos subsidio”. Comenta, además, que los sueldos se pagaron recurriendo al programa ATP “la dirección y la ‘comisión de padres’ ya avisaron que al momento de abrir, dado las bajas que se están recibiendo, va a ser difícil justificar los puestos de trabajo”.


“Al principio nosotras planificábamos, mandábamos las propuestas a la directora y ella le enviaba las actividades a las familias. Luego la directora se desligó y empezamos a manejarnos con la cuenta de Facebook de cada sala. Esto lleva a que no se cumpla un horario laboral determinado, ya que además de las clases hay que interactuar con los padres por las actividades, lo que hace que estemos contestando mensajes a las 21:00”, describe Belén.


Las instituciones educativas constituyen un espacio de enseñanza y de aprendizaje para la primera infancia. Se trabajan contenidos importantes, como la Educación Sexual Integral, que puede abordarse desde distintas áreas de de manera transversal, favoreciendo el conocimiento y cuidado del propio cuerpo y el de les demás, y la valoración de las emociones y expresiones. Gracias a ello pueden identificase muchas veces casos de abusos sexuales contra niñes, pero ahora en cuarentena se multiplican los ya numerosos obstáculos para tener respuestas de la Justicia y acceder a las medidas de protección que se despliegan con el protocolo de accionar ante Abuso Sexual Infantil (ASI). El Estado nacional y los provinciales continúan sin dar una respuesta por esto.


Por todas estas cuestiones, impulsemos reuniones abiertas en nuestros lugares de trabajo para formular nuestros reclamos y buscar una salida colectiva, con un plan de lucha por la educación de las primeras infancias, por nuestros sueldos, por la construcción de jardines estatales, por la implementación de la ESI y por la jerarquización de la docencia inicial y maternal.




 

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