La dirección de la UTE-Ctera viene lucrando con la venta de propuestas educativas al margen y paralelizando la formación estatal, pública y gratuita.

Esto constituye una desnaturalización, dado que como sindicato deberían impulsar la organización del gremio docente en la conquista y defensa de sus derechos laborales y salariales, así como bregar en defensa de la educación pública ante los ataques de los distintos gobiernos, las patronales y la presión por el vaciamiento a través de la precarización educativa (empobrecimiento curricular y adaptación de la educación a los requerimientos del mercado laboral) y de los ajustes presupuestarios que potencian el desarrollo de los emprendimientos privados.

Recientemente, la UTE ha destacado la “emoción” por haber participado su secretaria general, Angélica Graciano, en el acto de colación de grado de la primera cohorte de egresados de los Ciclos de Complementación Curricular de la Licenciatura en Educación y Políticas Públicas. Se trata de un convenio con la Umet, universidad de gestión privada que forma parte del emprendimiento sindical-empresarial de Víctor Santamaría, de la cual supo ser rector otro privatista, el renunciado Ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta.

Como parte de un convenio con el Gobierno de la Ciudad en 2007, la UTE brinda a través del Instituto Técnico Superior Nº 28 (de la UTE), las carreras de Técnico Superior en Pedagogía y Educación Social con orientación en Derechos Humanos y la carrera de Técnico en Higiene y seguridad laboral y Gestión y Administración en Políticas Culturales.

Una proliferación de convenios con ámbitos privados como Flacso y públicos (pero privatizados en su modalidad de oferta) con Universidades nacionales, carreras y cursos a través del CFP 14, cursos que cuentan con la aprobación por resolución ministerial del gobierno porteño (un acuerdo que forma parte del “toma y daca” que sostiene la dirección de UTE, más allá del cambio de signo político en el Gobierno de la Ciudad en 2008) y diplomaturas varias forman parte de la exuberante oferta de cursadas de esta organización en proceso de privatización.

La privatización de la educación supone la destrucción de la educación pública

Burocracia sindical, integración al Estado y negocios con la educación es el común denominador y pareciera ser la principal apuesta de una dirección sindical que ha abandonado las prácticas elementales de la organización sindical, como son las asambleas, la organización de los lugares de trabajo, la elección de delegados, las iniciativas de lucha contra el Estado y las patronales, desarmando y dispersando así la energía de la docencia y las comunidades educativas potenciando el campo de acción del gobierno en su destrucción planificada de la educación pública.

La gravedad de esto radica, por un lado, en que toda oferta privada supone una competencia con las modalidades públicas. En lugar de luchar denodadamente en defensa de la formación integral pública y gratuita garantizada por el Estado, con docentes nombrados por puntaje y o concursos de oposición y antecedentes con estabilidad laboral, como pueden ser los cursos, carreras, postítulos, diplomaturas, etc. de la Escuela de Maestros, los 29 profesorados y demás instituciones públicas, la dirección de UTE se presenta como sustitución de lo que el gobierno viene destruyendo. Incluso vale recordar que su orientación ante la creación de la Unicaba fue la “coexistencia”, una vía ampliamente rechazada por las comunidades educativas, ya que lo que prepara el gobierno es el vaciamiento y posterior cierre de los profesorados.

Ligado a esta cuestión, está el problema de la privatización al interior de las instituciones educativas de formación superior. La Unicaba cuenta con autarquía financiera, lo que significa que puede colocar aranceles y cobrar sus servicios, como lo hace la Umet. En cambio, los profesorados tienen el total de sus carreras e incluso los postítulos de forma gratuita, y además cuentan con características democráticas a su interior, en tanto que los rectores deben ser electos por la comunidad, lo mismo que los consejos directivos, órganos de co-gobierno como no tienen ningunas otras instituciones escolares de los demás niveles del sistema donde prima la “vía jerárquica”.

La proliferación de esta “oferta” educativa supone también la precarización laboral de los docentes que trabajan en estas instituciones privadas-sindicales, y reconvierte a la burocracia sindical en empleadora directa, vale decir, en una patronal al servicio de la privatización educativa.

Por otro lado, buena parte de estos cursos y carreras que brinda la burocracia sindical no son gratuitos; sólo se otorgan becas o descuentos a los afiliados, lo cual supone convertir al afiliado en un cliente. Es sabido que la necesidad de formación docente es una preocupación que atraviesa a la docencia de todos los niveles y modalidades como parte del propio trabajo en la construcción de conocimiento, y para poder avanzar (e incluso sostenerse) en la carrera docente, tanto para acceder a cargos de base, titularizar o ascender. La privatización de la formación docente a través de la tercerización de los sindicatos es una perfidia que atenta contra la educación y las condiciones laborales docentes.

La recuperación de los sindicatos de manos de la burocracia sindical por parte de los sectores combativos y antiburocráticos es una tarea de primer orden, para convertir las organizaciones burocratizadas y en proceso de privatización en verdaderos organismos que promuevan la organización de los trabajadores y la defensa integral de las condiciones laborales y una educación al servicio de las necesidades e intereses de la clase trabajadora.