08/10/2020

La vuelta a la escuela: riesgo sanitario y lobby patronal

Los intereses detrás de la presión por retomar la presencialidad.

El impulso por el regreso inmediato a la escuela tiene una serie de objetivos reaccionarios, ninguno pedagógico: liberar a los trabajadores con licencia, que cuidan a sus hijos, y aumentar la actividad económica que conlleva volcar a 13 millones de docentes y alumnos al circuito comercial, y proceder a un cambio flexibilizador del régimen laboral en las escuelas. Integraría por esa vía a 6 millones de trabajadores licenciados, todo un shock para la alicaída economía nacional.

El tercer objetivo es reforzar mediante la escolarización aspectos ajenos al desenvolvimiento del conocimiento para las y los estudiantes, como es la regimentación social en función de formar una mano de obra barata y sumisa. La Nación lo reflejó brutalmente en un editorial: “La educación –dice el diario mitrista- no es únicamente embutir conocimientos, que con el tiempo se pueden recuperar. Lo que se pierde para siempre es lo más esencial: el relacionamiento social, el ejercicio de la autoridad y la obediencia, la rutina presencial de quehaceres. Esto que resulta vital para chicos de cualquier clase social se vuelve del todo crucial para los que viven en peores condiciones” (2/9). Cosas que, como proclamaba Sarmiento, “son tan necesarios para prepararlos a las obligaciones y a los deberes de la vida de adultos”.

Aún así, por el derrumbe edilicio y la ausencia de condiciones sanitarias en las escuelas, y por el colapso sanitario, el regreso a las aulas será ultralimitado. Trotta y los ministros de educación provinciales hablan de utilizar clubes y parques, porque no hubo ninguna inversión en infraestructura. En esas condiciones es que regresarán los alumnos de los últimos años de la primaria y la secundaria, además de aquellos que estén en las condiciones más desfavorables. De ahí que Trotta insista en la unificación de los ciclos académicos 2020 y 2021, votado en el Consejo Federal de Educación.

Fracaso educativo

El operativo se pone en marcha en medio del mayor vaciamiento educativo. El ministerio de Educación reconoce que alrededor de 800.000 alumnos de todo el país no tuvieron conexión alguna con la escuela en medio de la pandemia. La tensa reunión del martes en el Palacio Pizzurno no abordó criterio pedagógico alguno, pero tampoco logró avanzar aún en la implementación de la presencialidad, por las limitaciones que atraviesa la educación por un ajuste histórico. Los medios periodísticos hacen trascender que la reunión ministerial transcurrió en un clima de fuertes y cruzados pases se de facturas. Un clima de presión, impuesto por las patronales, la oposición de Cambiemos y una gran parte del propio gobierno (Sergio Massa, Santiago Cafiero), que llevó al ministro Trotta a cambiar los estándares para considerar seguro el regreso a clase. Como dice La Nación, el ministro que un mes atrás declaró que “con 3.000 o 4.000 casos por día es impensado el regreso a las aulas”, hoy sostiene que la vacuna no es necesaria, cuando ayer los contagios sumaron 14.740, y cuando el país se encuentra escalando en el ranking de los más afectados por el crecimiento de los contagios a escala mundial.

Un giro irresponsable

El verso de que prevalecería el diagnóstico de los sanitaristas fue enterrado por una decisión completamente irresponsable, que deroga la Resolución número 364/2020, que preveía una tasa regular mínima o nula de contagios en zonas urbanas y periurbanas. Ahora, las jurisdicciones podrán decidir abrir las aulas a partir de un difuso “semáforo epidemiológico”, flojo de parámetros para avanzar o retroceder, que dará luz verde incluso con la existencia de los miles de contagios manipulando una ecuación que combine arbitrariamente número de contagios, con la posibilidad de que “la escuela pueda garantizar las medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contagio o la disponibilidad de camas de hospital en terapia intensiva” (La Nación, 7/10).

Al momento, las provincias que han regresado y pudieron sostener la reapertura de escuelas son solo La Pampa, Formosa y San Luis, mientras que en San Juan, Catamarca y Santiago del Estero se dieron pasos en el retorno pero tuvieron que dar marcha atrás por el aumento de casos.

Abren el AMBA en el pico de contagios

Con el criterio de que ya se habría superado el “pico”, también se plantea avanzar en la apertura en el AMBA. Kicillof declaró que se habría llegado al “pico”, pero los infectólogos indican que “si el pico en el Conurbano ocurre cuando haya 400.000 casos, para fines de noviembre va a haber un total de 800.000 casos acumulados. Si a esto sumamos los aproximadamente 200.000 casos previstos para la Capital, para fines de noviembre va a haber aproximadamente 1.000.000 de casos acumulados en el área metropolitana de Buenos Aires” ( Clarín, 7/10).

Alberto Fernández pasó de “cuidar la salud de todos los argentinos” a dejar a la población librada a la suerte de “la inmunidad de la manada”.

Los sindicatos multicolores en lucha por condiciones sanitarias y pedagógicas

En la provincia de Buenos Aires, la principal jurisdicción del país, este fraude de volver a la “normalidad” adquiere su máximo esplendor. Según Kicillof, 279 mil chicos requieren una atención especial, porque no lograron sostener la continuidad pedagógica.

Sin embargo, para ellos no habrá, rigurosamente, una presencialidad. El plan del gobernador que Roberto Baradel, secretario general del Suteba, calificó de amigo de los docentes, es el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR), para brindarles un “acompañamiento” en sus viviendas –muchas de ellas habitadas por familias hacinadas- por maestros o estudiantes que, por $8.000 mensuales, deberán ir a su encuentro en los barrios.

En la Ciudad de Buenos Aires, la atildada ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, también propone patios o espacios abiertos o clubes.

La burocracia sindical de Ctera –con un ojo tapado- critica a la porteña al mismo tiempo que avala públicamente la precarización educativa y laboral de Kicillof, y en todos los casos deja avanzar en una ofensiva que se cobrará la salud de la comunidad educativa.

Esta ofensiva, vinculada con el programa del regreso a las aulas, es rechazada por los Sutebas Multicolores, que exigen que se nombren por listado acorde al Estatuto tantos docentes como sean necesarios para tomar la tarea de recuperación virtual de alumnos desconectados o con dificultades de aprendizaje, proveyendo desde el Estado la conectividad y los instrumentos, y bajo condiciones edilicias y sanitarias bajo control de comités de salubridad en manos de los trabajadores de la educación.

En el mismo camino, los sindicatos y seccionales multicolores en todo el país rechazan esta acción irresponsable, y salen a la lucha para volver a clases sólo con las condiciones de infraestructura, becas, salarios y recursos técnicos y pedagógicos que les permitan a los docentes recuperar el vaciamiento educativo que Trotta y los gobernadores han profundizado aprovechando la pandemia, y contemplen el resguardo de la salud de la comunidad educativa.

 

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