El gobierno de CABA (GCABA) el día martes 3 de agosto presentó a través de la ministra de Educación, Soledad Acuña, un refuerzo financiero de un aproximado de 53 millones a 125 escuelas maternales y de nivel inicial privadas a través del Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia el cual consiste justamente en sostener económicamente la educación privada del nivel.

El GCABA arguye que durante el transcurso de la pandemia (2021-2021) dichas instituciones se vieron afectadas financieramente, sin embargo esta consideración no fue estimada en relación a la inversión en la educación pública, por el contrario la norma ha sido el recorte permanente en términos de presupuestarios durante la última década, no solo durante el año 2020 y 2021, en el que se recortó lisa y llanamente 371 millones en el Plan Sarmiento (vinculado a la entrega de dispositivos y conectividad) para redireccionarlos a la educación privada, sino en términos de infraestructura incluyendo obras que ya estaban planificadas, incluso el propio GCABA fue más allá suspendiendo obras en una escuela del distrito escolar 13 debido a que la comunidad se negó a quitar carteles que reclamaban contra la presencialidad sin condiciones y recordaban los fallecimientos evitables de trabajadores de la educación.

Otro motivo que presenta el GCBA para destinar dichos fondos a la educación privada es el problema de la baja matrícula durante el período excepcional de pandemia en el nivel, esto encubre en realidad que quienes en su mayoría dejaron de pagar cuotas a escuelas privadas lo hicieron debido al aumento de la pobreza y la caída de ingreso en la denominada clase media y sectores populares, la cual en múltiples casos recurre a escuelas maternales privadas debido a la falta de vacantes por la insuficiencia absoluta de escuelas públicas del nivel. Recordemos que son más de 25.000 les pibis y niñes sin vacante en todos los niveles educativos pero fundamentalmente en el nivel maternal e inicial.

En este sentido los colectivos y comunidades que luchan por las vacantes continúan con los reclamos sin respuesta gubernamental positiva alguna. Un caso paradigmático en este punto es el del fallo nefasto de los jueces que conforman el Tribunal Superior de Justicia quienes a fines del 2020 fallaron en contra de una familia que recurrió a la justicia por una vacante para su hija. Toda una demostración de la integración de los jueces al GCABA, quienes fueron votados por quienes integran los bloques mayoritarios de la legislatura porteña.

A contramano de los reclamos por infraestructura escolar en las escuelas públicas de la CABA, la cual sufrió un recorte de más el 70% en el presupuesto educativo 2021, en este período extraordinario, Larreta-Acuña modifican el protocolo escolar comprobado como inviable poniendo como costa la exposición de la salud y la vida de trabajadores de la educación, estudiantes y comunidades, pero sin invertir un peso.

Amanda Martín, legisladora porteña del PO, presentó un pedido de informes que interpela de manera directa no solo el Programa de Financiamiento de la Primera Infancia sino también la política de financiamiento de la educación privada por parte de Larreta-Acuña la cual se encuadra en la creciente tendencia del GCBA a la privatización educativa la cual consta de más del 50% de las escuelas de la CABA, haciendo especial negocio con la educación de la primera infancia sin vacantes: responsabilidad directa de un gobierno que no ha creado escuelas.

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