En una nueva avanzada del gobierno porteño y su ministra de Educación, Soledad Acuña, contra las familias más golpeadas por la crisis, quienes deben recurrir a la ayuda social denominada Ciudadanía Porteña, se anunció por los medios la modificación en los requerimientos de regularidad de los estudiantes menores de edad con el objetivo de sancionar con la quita de la ayuda a lxs hijxs de quienes son familias en muchos casos con mujeres cabeza de hogar, desocupadxs o subempleadxs.

El programa establece el pago de un monto adicional por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado. El anuncio apunta a dar la baja del subsidio a los alumnos que tengan una media de asistencia por debajo del 85% de la cursada por bimestre, o que tengan más de 25 inasistencias injustificadas a lo largo del año, declarandolos estudiantxs irregulares y negandoles el certificado de alumno regular, requisito para acceder a la ayuda social.

Claramente el tiro por elevación a las familias, mediante la utilización de lxs estudiantes, coloca una doble fila de ataques cuyo primer lugar es el de las infancias y las adolescencias.

El programa da un beneficio promedio de 15 mil pesos y alcanza a 41.669 familias. Establece un monto de $5.256 por hogar pobre y $7.884,50 por hogar indigente, como componente adicional por cada menor de 18 años que se encuentre escolarizado, una asistencia que en la actualidad perciben 23.686 estudiantes.

Sin desarrollar políticas que apunten a abordar de manera integral lo motivos del ausentismo y la deserción escolar, el gobierno de la ciudad arremete contra quienes afrontan duras situaciones de vida en un país donde casi la mitad de la población es pobre y más de la mitad de menores de 17 años se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

Claramente la medida no solo apunta a recortar la ayuda social sino también a responsabilizar a las comunidades de lo que no se hace cargo el Estado porteño: abordar los motivos por los cuales lxs pibxs de las barriadas, en diversos, casos no asisten a la escuela. La enorme mayoría son motivos sociales profundos con fuerte raigambre en la necesidades básicas insatisfechas.

Las declaraciones de quita de ayudas y programas sociales, la estigmatización a las mujeres piqueteras por parte de Larreta acosándolas de usar a lxs hijxs como escudo humano, las declaraciones reaccionarias de Bulrrich, Zavaleta y compañía, toman cuerpo en esta resolución discriminatoria y culpabilizadora de la situación de pobreza y miseria social generada por su propio gobierno mediante el intento de asestar un golpe a la enorme movilización de trabajadorxs desocupadxs que pone en jaque el ajuste del gobierno nacional, los provinciales y el de CABA.

La medida también oficia para Larreta, en su carrera presidenciable, como la demostración del recorte y ajuste de cuentas que está dispuesto a llevar adelante aún a costa de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las infancias y adolescencias.

Pero Larreta y Acuña no contraponen políticas que fomenten y promuevan la escolarización mediante becas que cubran las necesidades estudiantiles. No contruyen escuelas y deja sin vacantes a más de 35 mil chicxs. Al contrario, mandan a trabajar de manera gratuita a lxs estudiantes del nivel medio, abandonan las escuelas en situaciones de peligrosidad respecto a la infraestructura escolar, recortan contenidos mediante reformas antieducativas y atacan permanentemente a la docencia cuyos salarios quedaron postrados ante la inflación. Esto es apenas enumerar un puñado de problemas en medio de un sistema educativo vaciado con un presupuesto recortado y subejecutado año a año.

A horas de un paro docente nacional contra la criminalización de la protesta y por el aumento salarial, en el que los sectores de la docencia combativa hará activo el paro con una concentración frente al Palacio Pizzurno, y de un nuevo acampe de la Unidad Piquetera contra el hambre, por aumento de planes y un salario mínimo que cubra el costo de la canasta básica, contra la desocupación y por trabajo genuino, el gobierno de Larreta lanza una nueva declaración de guerra contra quienes se organizan y luchan por la educación.

Esta medida debe ser rechazada por el conjunto del Magisterio y las comunidades educativas. como punto de apoyo a este planteo lxs diputadxs del Partido Obrero en el FIT-U presentaron un proyecto que apunta a dejar sin efecto la resolución reaccionaria que se esconde detrás un supuesto de garantía de escolarización, cuando es el propio gobierno que lesiona y restringe derechos elementales como una vacante en la escuela pública. Es el gobierno de las imposturas per se.

Desde el Partido Obrero y el FIT-U rechazamos la medida y nos comprometemos con el movimiento de lucha piquetera a salir a las calles en defensa del otorgamiento de programas sociales, por salud, vivienda y educación y por trabajo genuino.