El regreso presencial en el Amba, y particularmente la intempestiva apertura de las aulas en la provincia de Buenos Aires, fue noticia de tapa de los principales diarios y portales, aunque no por sus virtudes. No solo porque las escuelas se abrieron con muchos más contagios “los últimos 14 días por 100 mil habitantes sea igual o superior a 500” establecidos por el propio gobierno nacional y el Consejo Federal de Educación como tope, sino porque emergió a la luz pública el estado denigrante en el que se encuentran las escuelas después de un año y medio de pandemia.

Un año y medio de ajuste

En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, los gremios denunciaron que la mayoría de las escuelas no pudieron abrir sus puertas el pasado miércoles 16 de junio porque el 70% de los establecimientos de la ciudad no está en condiciones edilicias para hacerlo (El Día, 18/6). Esta afirmación incluye al Suteba local, aunque Roberto Baradel salió públicamente en favor de retomar la presencialidad.

En un amplio porcentaje de las escuelas de la provincia las estufas no andan o no existen (en La Plata, en 103 escuelas todavía no se ha operado el encendido de los calefactores). Otro relevamiento de toda la provincia ha detectado que un 45% de establecimientos no ha podido abrir sus puertas.

Con 70 municipios que siguen en fase 2 (MDZ, 17/6), que están imposibilitados de abrir las escuelas, la presencialidad de Kicillof es una verdadera estafa .

Pero en CABA, las cosas no son mejores. Prácticamente ninguna escuela presenta condiciones para abrir. No se han prendido las calderas prácticamente en ningún establecimiento, porque la normativa lo impide, dado que funcionan con radiadores que mueven aire, en lugar de ventilarlo. Larreta tampoco ha provisto de otros medios. La salida provino de la voluntad y el gasto de cooperadoras y docentes, que aportan las estufas eléctricas que pueden.

Las autoridades nacionales han decretado el “alerta violeta” por la “ola gélida” que invadió a buena parte del país, y condenaron a los alumnos y docentes a congelarse de frío.

Este descalabro es consecuencia directa de un ajuste sin precedentes contra la educación pública.

En la provincia de Buenos Aires, sobre un presupuesto educativo aprobado en 2021 de 82.469 millones de pesos, sólo 6.561 irán a infraestructura educativa, que incluye desde bancos hasta escuelas, pasando por refacciones. En la provincia existen 15.815 establecimientos. El gasto sería de alrededor de 440 mil pesos por escuela.

En CABA, el presupuesto para infraestructura escolar fue reducido en un 70% para 2021. Pasó de 3068,7 millones a 1140,4 millones.

26 millones y medio de argentinos no terminaron el secundario

El ministro Nicolás Trotta acaba de anunciar con bombos y platillos que se propone revincular a 400 mil chicos que en los últimos años cinco años no lograron terminar el colegio secundario. Para ello, anunció un plan completamente devaluado y con docentes precarizados que denominó “Plan Egresar”, para lo cual el Estado se tomará con suerte tres años para lograrlo.

Se trata de un nuevo plan socioeducativo que devalúa la educación y el trabajo docente: “los chicos van a cursar las materias que deban y no van a tener que dar un examen, sino que van a presentar una propuesta de trabajo que integra distintas disciplinas”, dicen los funcionarios, y los que los ayudarán serán “los docentes tutores”, contratados y con salarios fuera del estatuto.

Con esta promesa –que habrá que ver si se cumple- los funcionarios proclaman que así están resolviendo los problemas que dificultan a los chicos “insertarse en el mundo laboral o seguir en el nivel universitario”. No han leído los índices del Indec, según los cuales el 42 % de la población desocupada tiene secundario completo, en un país en el que solo 1 de cada 3 chicos termina la enseñanza media.

Pero de lograrse la “terminalidad” de los 400 mil chicos que anuncian, todavía quedarían en el horizonte educativo del país 26 millones de argentinos que no han completado la escuela secundaria, y casi 13 millones que no avanzaron más allá del nivel primario. Todo esto, con censos e índices conocidos anteriores a la pandemia.

Las promesas de Trotta y cía. tienen pocas chances de materializarse. La terminalidad devaluada que anunció el ministro deberá realizarse en forma virtual, y la inmensa mayoría de los alumnos en condiciones vulnerables carecen de conectividad y equipos.

La clase capitalista y sus gobiernos han aprovechado la pandemia para para reducir drásticamente la participación de las masas en la educación pública.

Fuera la burocracia sindical de Ctera

La burocracia sindical baradelista, que estos días salió a aplaudir a Trotta y Kicillof, ha sido un engranaje clave para el avance de todas las políticas de vaciamiento educativo. En lo presupuestario, apoyaron la transferencia de las escuelas de la Nación a las provincias y a todos los presupuestos de miseria de todos los gobiernos pejotistas. En lo pedagógico, fueron partícipes de la redacción de la privatista Ley Educación Nacional, que sancionó la adaptación de la educación a las necesidades del trabajo, es decir, a los capitalistas. En forma directa y descarnada, son los responsables del atropello a todas las condiciones laborales y salariales conquistadas con el estatuto docente. En lo salarial, la docencia nacional se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Cuando la canasta para no ser pobre es de 65 mil pesos, un maestro de grado con 10 años de antigüedad en la provincia de Buenos Aires está $12 mil por debajo de la línea de pobreza y, con 24 años, la antigüedad máxima, apenas si la roza.

Son la burocracia de la destrucción de la escuela pública y del ajuste.

En algún momento de este 2021, probablemente se realicen las elecciones de Ctera y de Suteba.

Hoy, frente a la promoción de una vuelta a la presencialidad criminal, que provocó la reacción de la mayoría de la comunidad educativa, los que se han puesto una vez más a la cabeza de la lucha han sido los sindicatos y seccionales de la Multicolor.

Fortalezcamos a la Lista Multicolor y expulsemos a esta dirección colaboracionista de nuestros sindicatos.