La premisa en la que funda la reforma educativa del gobierno de Rodríguez Larreta es falsa. Afirmar que la creciente desocupación juvenil tiene su origen en los déficits de formación de los propios jóvenes carece de todo fundamento. Contra lo que se dice, la fuerza de trabajo en la Argentina está relativamente sobre-calificada. Una mayoría de trabajadores realiza tareas que están por debajo de su real calificación. Aunque está lejos de ser un fenómeno nuevo, esta situación se ha agravado bajo la actual administración. En su año y medio de gobierno no se ha detenido la destrucción de trabajo industrial, en general de mayor calificación, y sólo creció el empleo en la construcción y el agro, que se caracteriza por su mayor descalificación e informalidad.

 

Este error de diagnóstico es interesado. Conlleva a culpar al desocupado por su condición, pues su carencia de trabajo sería el resultado de su falta de formación, y quita la responsabilidad en la organización capitalista del país que se muestra incapaz de crear puestos de trabajo para el conjunto de la población dispuesta a trabajar. En ausencia de creación de nuevos empleos, el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo solo puede ser en detrimento de otros trabajadores con mayores derechos.

 

El crecimiento del trabajo descalificado y precario muestra que la máxima de que la “educación debe vincularse con el mundo del trabajo” conduce inevitablemente a una educación descalificada. Bajo el capitalismo el desarrollo tecnológico opera de manera contradictoria. En vez de redundar en un beneficio general, con mayores salarios para los trabajadores y una reducción de la jornada laboral, termina incrementando la desocupación estructural y condenando a la mayoría de la fuerza de trabajo a tareas rutinarias y descalificadas.   

 

Los documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual el gobierno quiere ingresar, promueven el reemplazo de una educación científica e integral por los llamados ´conocimientos blandos´, un eufemismo para denominar a ciertos manejos instrumentales que son propios de la formación que las empresas deben impartir a sus trabajadores pero que de ningún modo pueden ser el eje vertebrador de un sistema educativo. Para el capital se trata de que el costo de formación de sus trabajadores sea asumido por el propio Estado, lo que conduce inevitablemente a transformar a la escuela en una dependencia de la empresa capitalista.

 

Por esta vía la reforma educativa se transforma en la otra cara de la moneda de la reforma laboral. El trabajo descalificado requiere una educación descalificada. Esta coincidencia explica por qué el ministro Triaca le confesó a la CGT que el punto de partida de la reforma laboral será la implementación de las llamadas “prácticas profesionales” de los estudiantes en las empresas. Es justamente lo que quiere consagrar el proyecto de “secundaria del futuro” elaborado por el gobierno de Rodríguez Larreta, que establece la eliminación del quinto año actual y su reemplazo por el trabajo gratuito en empresas.

 

Este plan descalificador nada tiene que ver con la necesaria unidad de teoría y práctica para asegurar el proceso pedagógico y la asimilación correcta de los contenidos. Esta unidad en la medida que es pedagógicamente necesaria debe hacerse en los propios establecimientos escolares bajo la supervisión de los docentes y no de capataces o supervisores.

 

Los estudiantes secundarios con sus ocupaciones y movilizaciones han colocado en agenda la defensa de la educación ante una avanzada capitalista que promueve un retroceso pedagógico y formativo de proporciones. Con independencia del resultado de su lucha, ya han conseguido un primer triunfo.