Los resultados de las pruebas estandarizadas ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), organizadas por la Unesco, colocaron al país en el anteúltimo lugar en América Latina y el Caribe, el peor de todos los diagnósticos en toda la historia de la educación nacional desde que comenzaron a efectuarse pruebas estandarizadas en 1993.

El golpe es indigerible, porque en la primera evaluación ERCE (sobre lectura, escritura, matemática y ciencias) Argentina estuvo en los primeros lugares de la región, por encima de los promedios alcanzados. Además, a diferencia de las evaluaciones Pisa, las preguntas se establecen en base a la currícula local.

El gobierno nacional y la burocracia sindical de Ctera salieron a responsabilizar únicamente a Macri por la catástrofe educativa, cuando de las casi cuatro décadas desde la caída de la dictadura genocida el peronismo tuvo a su cargo la gestión educativa durante 28 años, y la autoría de las dos leyes privatistas de la educación de todo este período: la Ley Federal de Educación menemista y su continuidad, la actual Ley Nacional de Educación 26.206 sancionada en 2006.

Desde el Congreso Pedagógico de 1984

Desde la restauración de los gobierno constitucionales se puso en marcha una política sistemática de devaluación de la educación pública, que profundizó los ataques de la dictaduras militares previas. Son las reformas estructurales en educación impuestas por el gran capital, a las que Pablo Rieznik definió magistralmente como “políticas de pico y pala contra la educación pública”, para privatizarla al servicio de las necesidades de las empresas, vinculando la escuela con la formación de mano de obra barata y promoviendo el avance de las escuelas privadas.

El Congreso Pedagógico –dominado por radicales y peronistas, la iglesia y las cámaras empresarias- sentó las bases para la Ley Federal de Educación menemista que primarizó y desarticuló la escuela secundaria dividiéndola en dos orientaciones básicas: la del mundo del trabajo para la clase obrera y la salida “propedéutica” para la continuidad de los estudios superiores; vinculando las escuelas con las necesidades empresarias e imponiendo las pasantías.

Esto se reafirmó con la Ley 26.206 de Daniel Filmus bajo el gobierno de Néstor Kirchner. La expulsión de la clase obrera del secundario y de la educación superior fue reivindicada por la varias veces ministra de educación kirchnerista Adriana Puiggros como el fin del mito liberal de “M’ijo el dotor”, en nombre de la “inclusión social” que, con millones de chicas y chicos desvinculados de la escuela, tampoco se cumple.

La reducción en términos reales del presupuesto educativo y la degradación de la educación pública acompañan el crecimiento de la explotación de los trabajadores y de la pobreza, que desde 1983 a 2021 creció desde el 22,3% al 40,6% de la población, con picos del 47% en 1989 o del 50% en 2002. Hoy, considerada con todos los ejes multidimensionales -que miden otros aspectos como vivienda, empleo o salud- alcanza el 49,6% de los habitantes, unas 22,7 millones de personas. La educación fue degradada también al ritmo del aumento de la desocupación, quintuplicada desde 1983 y de la realidad que hoy se expresa en que la tercera parte de los trabajadores ocupados están debajo de la línea de pobreza, incluida toda la docencia.

Este avance antieducativo con la imposición de las leyes privatistas en educación se consolidó a partir de la entrega de la burocracia celeste de Ctera de la gran huelga de 1988 contra el ajuste alfonsinista. La derrota de la huelga produjo un reflujo docente que se extendió hasta fines de la década de los ’90. La burocracia Celeste fue garante de la privatización educativa.

Las próximas pruebas Aprender mostrarán un mayor deterioro

El ajuste macrista en educación fue profundizado aún más en estos dos últimos años de gobierno del Frente de Todos. La pobreza infantil asciende al 55%. Bajo la pandemia, según datos oficiales un millón y medio de chicas y chicos se desvincularon de la escuela (los docentes sabemos que la cifra de multiplica por dos o por tres). Por primera vez apareció la desocupación docente masiva, por la política de eliminar nombramientos durante el último año y medio. De la mano de la desocupación avanzó la precarización laboral y educativa en la docencia, con cargos contratados, flexibilizados y a término como +ATR, lo que es la reforma laboral en la docencia.

Las pruebas “Aprender 2021”, que comenzaron el mismo día que se conocieron los resultados catastróficos de las evaluaciones de la Unesco, darán cuenta de esta destrucción de la educación pública y de la perpetuación de esta orientación.

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