Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO, presentó un proyecto en el Congreso Nacional para declarar “servicio esencial” a la educación pública. El exministro de Educación de Mauricio Macri, y antes director general de Escuelas de Vidal, es un declarado enemigo de los paros y huelgas de la docencia y del Estatuto del Docente en la provincia de Buenos Aires. Acompañando a Finocchiaro, legisladores de Juntos por el Cambio ingresaron un proyecto similar en la Legislatura bonaerense.

Esta ofensiva tiene como promotores a Daniel Lipovetzky y al exsubsecretario de Educación de Vidal, Sergio Siciliano en Diputados, y a la senadora Aldana Ahumada, también del PRO, y vicepresidenta de la Comisión de Educación en la Cámara Alta. Este proyecto añade la devolución, bajo pena de sanción, de las jornadas sin trabajar por medidas de fuerza para “cumplir con los 180 días del calendario escolar”.

La ofensiva contra docentes y auxiliares viene de muy lejos y más allá de la gobernación de María Eugenia Vidal, que promovía la irrupción de patotas rompehuelgas contra los paros. Los ataques contra el derecho de huelga fueron muy duros con el peronismo en el gobierno de la provincia, y con Cristina Kirchner como presidenta. En el 2014, el entonces ministro de Educación de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Sileoni, urgía a poner en debate la “esencialidad” de la educación pública y atacaba los paros que “colisionan contra el derecho a aprender de los estudiantes”. Un antecedente del macrista Finocchiaro.

El clima antihuelga lo atizó Cristina Kirchner en una sesión inaugural del Congreso cuando se despachó contra los docentes que “trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones”. Una descalificación y mentira para terminar con los derechos laborales.

Alberto Sileoni, hoy ministro de educación de Kicillof, apoyó activamente al vicegobernador cristinista Gabriel Mariotto, quien fracasó en su pretensión por imponer el “servicio esencial” para quebrar una huelga cumplida masivamente por la docencia bonaerense.

Un dato importante es que otro integrante del gabinete de Kicillof -en este caso el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio- presentó en tiempos de Vidal un proyecto propio en la legislatura para obligar al dictado de al menos el 50% de las clases en los días de paro. Jorge D’Onofrio responde a Sergio Massa y al Frente Renovador, que cogobernó con Vidal durante años y le votó todas las leyes antiobreras. Suteba calla y convalida.

En verdad, fue Néstor Kirchner quien dio el puntapié a la reglamentación del derecho de huelga con el artículo 24 de Ordenamiento Laboral y “servicios mínimos” y su posterior decreto reglamentario. En palabras de un secretario general de Sadop -el sindicato de docentes privados- fue una reglamentación “ordenada”. Cristina Fernández le dio continuidad a esta política antisindical y le agregó las diatribas de su cosecha.

Las burocracias de Ctera y Suteba rechazan de palabra el “servicio esencial” pero apoyan a todos los gobiernos peronistas que atacan a los docentes. De hecho, Baradel y el Suteba provincial cogestionan los “programas socioeducativos”, que mantienen a decenas de miles de docentes precarizados y sin derechos laborales. La Celeste divide a la docencia y acepta la negación del derecho de huelga para los docentes de los Fines.

Las avanzadas antihuelguísticas son una política de Estado de toda la clase capitalista y de la reforma laboral que viene del pacto con el FMI. Rechacemos toda limitación del derecho de huelga. Aumento inmediato del presupuesto educativo. El 7 de setiembre votemos a la Lista Multicolor en Ctera para romper la tregua con el gobierno ajustador y del pacto con el FMI.