A través de una resolución, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Este decreto reaccionario y oscurantista por parte del gobierno de Larreta y Acuña dispuso que la “e” o la “x” dejen de usarse en todos los contenidos que dictan les docentes. Ahora, el gobierno busca sancionar a docentes. Al respecto, Amanda Martín, secretaria gremial de Ademys y legisladora porteña, dijo: “El contenido específico del lenguaje inclusivo refleja una lucha, que se dio con el ascenso del movimiento de mujeres y diversidades en la argentina. Esta lucha está muy relacionada a la aplicación de la ESI en las escuelas. En lenguaje inclusivo ingresó al ámbito educativo de la mano de lxs estudiantes para denominar a las diversidades sexuales y de género que sufren violencia y discriminación dentro y fuera de las escuelas. Una letra no va a cambiar, pero es una forma de nombrarles y problematizar esta situación”.

El argumento del gobierno es que “los estudiantes tienen malos resultados en Lengua” y esto tiene que ver con el uso del lenguaje inclusivo, pero el mismo carece de sustento académico alguno. El argumento surge de los resultados negativos de las evaluaciones Fepba y Tesba, de las cuales el jefe de gobierno y sus ministros volvieron a embanderarse de un falso discurso de defensa educativa, negando la responsabilidad directa en el fracaso en la educación. “La propia resolución aclara que no hay evidencia científica de que los malos resultados de las pruebas estandarizadas tengan que ver con la utilización del lenguaje inclusivo. Es un mecanismo del gobierno para un autoencubrimiento de su propia responsabilidad como gobierno, que baja 1 punto de presupuesto en Educación por año”, agregó Martín en una entrevista radial con Radio Universidad. Este fracaso se desprende de que el gobierno no entregó ni computadoras ni conectividad gratuita a estudiantes y docentes durante la pandemia, no realizaron nombramientos de docentes para atender a las nuevas necesidades, ni acondicionó los edificios ante la vuelta a clases. El fracaso educativo es su responsabilidad, no de lxs pibxs y docentes: “La situación educativa en la pandemia se agravó. Esta prohibición también responde a una especulación electoral de Larreta y Acuña para disputar una base electoral de Milei”.

“Esta resolución no viene a resolver ninguno de los problemas que tenemos con respecto a la aplicación de la educación sexual integral, que es lo que nos preocupa en las escuelas. La propia resolución establece que el lenguaje inclusivo está relacionado con la ‘ideología de género’. Es un argumento calcado al de las Iglesias. Cuando se presentaron proyectos en el Congreso para mejorar la ley de la ESI, las mismas hicieron un fuerte lobby para modificar el control que tienen sobre las escuelas confesionales. Se niegan a los criterios laicos y científicos. Larreta y Acuña son el vehículo de las Iglesias en los colegios. Tenemos esta posición: menos prohibición, más separación de la iglesia y el Estado”. La educación sexual integral en las escuelas de CABA es un reclamo histórico de estudiantes y docentes. A 15 años de su sanción los reclamos por su implementación se multiplicaron, sin embargo los bloqueos provenientes de sectores antiderechos y vinculados tanto a las iglesias católicas como evangélicas se han desarrollado recurriendo incluso el famoso artículo 5 de la ley 21.150 y el artículo 8 de la ley 2110 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Como gremio, nosotros no vamos a permitir un sistema de persecución dentro del sistema educativo, ni con este ni con ningún otro tema. Acuña desprestigia la educación pública y los docentes. No hay mucha idea de cómo se llevaría a cabo esta denuncia, pero creemos que no va a prosperar. Lxs estudiantes van a seguir el camino de la lucha por su propia identidad y el rechazo va acrecer. Ya hay muchas declaraciones de centros de estudiantes, hay planificadas clases públicas. Si quieren venir con persecución, se van a tener que hacer responsables de la reacción en las escuelas: no vamos a permitir que se sancionen a docentes en ninguna escuela de CABA”, finalizó Martín.

Con la influencia en el ámbito empresarial, de salud y educación, a través de subsidios y beneficios otorgados por el Estado, la Iglesia coarta derechos como la real aplicación del aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio nacional y la ley de Educación Sexual Integral. Docentes y estudiantes debemos organizarnos frente a esta nueva avanzada clerical y reaccionaria del gobierno.

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