En 2007, “la Ciudad de Buenos Aires tendrá, finalmente, su ley de educación sexual obligatoria para las escuelas públicas y privadas”, celebraron a coro el ministro de Educación porteño Alberto Sileoni, los macristas Marcos Peña y Santiago de Estrada, los kirchneristas Kravetz y Suppa, la ex radical/macrista Polimeni.

El pacto entre los voceros directos del Episcopado y Polimeni, Kravetz y Suppa (autores del proyecto anterior, al que ellos mismos calificaban entonces de “moderado”) se basa en que, según Sileoni, “ahora primó la sensatez y se abandonaron las posiciones extremas” (Clarín, 27/7).

La Santa Unión de educadores sexuales se abstuvo de informar a la población sobre los contenidos de la ley “sensata”, y mucho menos piensa consultarla. Pero las declaraciones del macrismo y del ministro de Educación de Telerman dejan en claro quiénes “abandonaron sus posiciones”, haciendo propias todas las exigencias de la Iglesia.

En principio, la Legislatura delegó en el Ejecutivo la redacción de los contenidos mínimos. Pero Sileoni informó que “el Estado no va a competir con la familia, que es la célula básica de información y formación de los chicos. La familia es la primera formadora y el Estado puede ayudar”. Las coincidencias entre el ministro y la Curia son plenas: el 6 de enero, un documento del Episcopado sobre educación sexual en las escuelas decía: “La familia es la primera responsable de la formación afectiva del niño, del adolescente y del joven. Este derecho irreemplazable e indelegable de la familia encuentra ayuda en el Estado”.

Por si no se lo había entendido, Sileoni agregó: “Se pondrá énfasis en los valores (…) y el enfoque tenderá a la integralidad de la persona y no a la genitalidad”. Más claro, agua bendita: los contenidos van a ser dictados desde la oficina de Bergoglio.

Pero el gobierno y los legisladores le han dado a la Curia el premio mayor: “Cada escuela tendrá la libertad de acompañar su enseñanza con una valoración ética o religiosa. Los proyectos educativos institucionales y las familias tendrán un importante rol en cuanto a sus creencias y valores”, anunció Peña. A su turno, Sileoni dijo que se promoverá el “derecho de las comunidades y confesiones de llevar adelante su propio ideario”. Jorge Enríquez “aplaudió” que se dejara “libertad a los padres y las escuelas”: “la valoración moral debe quedar a cargo de cada comunidad educativa en función de sus creencias. Por ejemplo, no negamos la homosexualidad, pero tampoco se puede desviar nacientes sexualidades hacia algo que va contra lo natural” (AFP, 28/7)

En síntesis: no sólo en las escuelas confesionales la educación sexual estará inficionada de los criterios misóginos, sexófobos y homofóbicos de la Iglesia; el gobierno de Telerman le ha abierto una vía regia de intromisión en la enseñanza estatal.