En 2018, en medio de un clima de tensión y resistencia a los avances de Plan Maestro, la gestión del entonces gobernador Alfredo Cornejo lanzó desde la DGE (Dirección General de Escuelas) el decreto provincial 530. El decreto estipulaba, entre otras cosas, la pérdida de la estabilidad laboral para los docentes suplentes, desarmaba los Consejos Directivos que perdían su autonomía y establecía el concepto reaccionario y mercantil de “carreras prioritarias”. El núcleo duro del 530 recibió embates y sufrió transformaciones luego de la lucha que estudiantes y docentes sostuvimos entre junio y septiembre del 2018.

En medio de todo, el IES Tomás Godoy Cruz experimentó la toma del edificio desde el 23 al 27 de agosto. Toma culminada en por una asamblea convocada por las autoridades, particularmente por el rector Barzola, autodefinido como “peronista y trabajador” con la presión de una denuncia previamente realizada por le rector en la fiscalía local contra los estudiantes y docentes que estaban en la toma que culminó con 3 imputaciones a docentes del establecimiento.

¿En dónde estamos dos años después?

El decreto 530 sigue vigente y la inestabilidad laboral está a la orden del día: todos son suplentes a término quienes hubieran tomado horas después de la sanción del decreto de 2018.

La pandemia con su efecto de virtualización forzosa acrecentó las dificultades de los y las alumnas/os y por ende la deserción de los profesorados y el abandono del cursado hacia el 2021. Debería ser esto una preocupación genuina por parte de las autoridades para que se identifique las causas de deserción y planifique como dar una solución concreta a cientos de estudiantes que no pueden terminar sus estudios producto de crisis. El no hacer nada frente a esto refuerza la posición del gobierno para decir que no existe demanda de las carreras y seguir avanzando en los cierres de carreras y divisiones, por lo tanto a despidos y a un ajuste de la educación superior en términos generales.

Si a esto le sumamos la imputación de docentes en la toma queda claro que las autoridades coordinaron en un accionar común entre la gestión “nacional y popular” del rector Barzola y el gobierno provincial que recurren a la persecución y judicialización de los que cuestionan las políticas de vaciamiento educativo que se impulsa desde la DGE como desde el Ministerio de Educación.

La única grieta es con las y los que luchan por defender la educación pública

Los reclamos que dieron origen a esta lucha siguen vigentes y durante los últimos años siguen profundizandose. La tregua que existe entre el Frente de Todos y el gobierno de Suárez dan cuenta de una orientación común que es poner a la educación como un botín de la acumulación privada, por lo tanto un gasto que genera déficit fiscal y no como una valor en función un desarrollo social integral del pueblo.

A dos años reivindicamos la toma como una medida necesaria que puso en el centro de la agenda provincial el reclamo de educación superior. En el marco de una movilización estudiantil generalizada contra la orientación privatista y precarizadora de la educación y que demostró que la organización colectiva, la unidad entre la comunidad educativa y las medidas de lucha son el camino más efectivo para cuestionar las políticas que ajustan la posibilidades educativas y precariza a las y los trabajadores de la educación. Expresó también la importancia decisiva de la total independencia política de las fuerzas del régimen que son, en última instancia, los garantes para que estas políticas avancen.

Llamamos a todos los estudiantes y trabajadores del Tomás Godoy cruz y de toda la educación superior de la provincia a discutir estas lecciones que dejó esta lucha. Un debate fundamental para retomar el camino de organización y lucha que iniciada en 2018 deben ser las bases para enfrentar la “nueva realidad” de teletrabajo adhonorem, flexibilización laboral y pérdida de derechos como el pago del aguinaldo en tiempo y forma, la no reapertura de paritarias y el congelamiento salarial, como así también el reclamo de un plan de becas especial que garantice dispositivos y conexión a quienes lo necesiten para hacer valer el derecho de acceso permanencia y egreso a todas y todos los estudiantes que quieran formarse en la educación superior.

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