Recientemente el gobierno provincial de Mendoza, liderado por Rodolfo Suárez, se reunió con enviados de la OEI. El objetivo de la reunión fue firmar un convenio que continúa con la política privatista y mercantilizadora que Cambia Mendoza viene impulsando sobre la educación, y cuya finalidad es adecuar por completo su contenido a las necesidades del “mercado laboral”.

El director en Argentina para Educación, la Ciencia y la Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Luis María Scasso, participó en la presentación de una Mesa Provincial de Educación y Trabajo y firmó un convenio con autoridades de la Dirección General de Escuelas, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. El motivo fue darle un nuevo impulso a la reforma privatista que el año pasado fue aplazada por la movilización popular de toda la comunidad educativa.

“Desde el gobierno escolar expresaron que junto al delegado de la OEI acordaron trabajar en mesas intersectoriales e interministeriales en pos de la unión del mundo del trabajo con la matriz productiva de Mendoza y general trabajo real. A fin de año, acotaron las autoridades, se presentará el resultado de un diagnóstico que dé cuenta de las áreas de vacancia y las áreas de sobreoferta para entender mejor la dinámica actual del mundo laboral y generar estrategias educativas al respecto”. Esto expresa en palabras textuales el gobierno a través de un comunicado oficial. Se trata de una absoluta supeditación de la educación pública a los intereses empresariales. Cuando se habla de “áreas de vacancia y áreas de sobreoferta”, a la vez, se sugiere que se podría acudir al cierre masivo de cursos, divisiones y carreras, como actualmente está pasando en la educación superior.

El gobierno de Cambia Mendoza está totalmente comprometido a que esto se efectivice a contramano de la voluntad de miles y miles, que nos movilizamos aún durante el punto más alto de la pandemia para decirle no a la privatización de la educación pública provincial. Sin embargo, este compromiso no solo está vinculado a una orientación ideológica del partido gobernante, sino que es fundamentalmente una reforma exigida por los acreedores internacionales. Los mismos buscan encontrar en el desfinanciamiento y la privatización del sistema educativo provincial una fuente de recursos para que el gobierno cumpla con los pagos de la monumental deuda que sostiene con ellos, a la par en que este horizonte privatista y de mercantilización educativa les abre un campo de injerencia para sus negocios privados.

El capital financiero analiza las posibilidades de avanzar en este sentido porque ve que, a pesar de existir un alto grado de incertidumbre en la población sobre las próximas elecciones, de seguro contará con el ingreso de parlamentarios y legisladores de los dos partidos tradicionales, y esto le aseguraría una suma tranquilidad para que la reforma se apruebe en el caso de que pase por el recinto de la Legislatura provincial. No es casualidad que la visita del enviado de la OEI haya coincidido con el período electoral: Suárez busca darle “una señal” política al poderío económico concentrado de la provincia.

El Frente de Todos no es ajeno, y busca impulsar también reformas antieducativas a nivel nacional, empezando con los institutos de formación docente. Esta pauta quedó clara con la presencia en Mendoza del ministro de Educación, Nicolás Trotta, que arribó a la provincia el año pasado para inaugurar el congreso pedagógico trucho de Suárez. Mientras, afuera de la Legislatura, miles de docentes, celadores y estudiantes exigían a gritos la defensa del sistema de educación público y de calidad, en contra de un modelo de educación “a la chilena” o “a la colombiana”, como exigen los organismos financieros.

Solo el Frente de Izquierda – Unidad ha denunciado las reformas privatistas y mercantilizadoras que siguen latentes en la agenda de los capitalistas y los gobiernos. Esta visita solo reafirma lo que venimos señalando: que un voto para las variantes del régimen fortalece el avance de esta orientación.

Redoblemos la campaña contra esta entrega de nuestra educación fortaleciendo la organización de estudiantes, docentes y no docentes. Defendamos un verdadero alcance educativo al servicio de las necesidades populares y no al servicio del mercado. En esa línea, en las próximas elecciones debe expresarse la lucha en defensa de la educación pública con un voto contundente al Frente de Izquierda – Unidad. Un voto que ponga el grito en el cielo: ¡No a las reformas privatistas de Suárez y Fernández!