La semana pasada, estudiantes del colegio Roque González hicieron una sentada en el patio de su instituto para denunciar que no eran escuchadas por las autoridades respecto a reiterados pedidos de que intervengan en situaciones de acoso de parte de sus compañeros. Al día siguiente, decenas de estudiantes de otras instituciones, padres y activistas del movimiento de mujeres se solidarizaron con las chicas haciendo una movilización en las puertas del instituto. A raíz de los hechos el Padre Rajimón, director del colegio confesional, salió a dar un manotazo de ahogado, alegando desconocimiento de las denuncias de las estudiantes, cuando la institución minimizó y ninguneó a las mismas antes que tomaran conocimiento público.

El bloqueo de la ESI es directamente proporcional a las violencias que nos atraviesan

Las denuncias de las estudiantes pusieron nuevamente sobre la mesa las consecuencias de la falta de ESI laica y científica, dando en estas instituciones por el artículo 5 de la Ley 26150 que permite brindar los contenidos de la educación sexual según el ideario institucional. Este artículo, como denunciamos reiteradas veces, fue una ofrenda política del peronismo para la Iglesia católica hace 15 años, para bloquear su real aplicación, ofrenda sostenida por todos los gobiernos, que se negaron a tratar en reiteradas ocasiones el tratamiento de proyectos que garanticen que todxs lxs estudiantes podamos acceder a la ESI. Además del soporte ideológico que tienen las iglesias para dar contenidos oscurantistas, también tienen el soporte económico, al ser financiadas sus escuelas de manera indirecta del Estado a través del SPEPM (Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones), subsidios millonarios que son prácticamente ocultos a la población.

La respuesta del Estado, un teatro tardío e insuficiente

La complejidad para tratar casos como estos en las escuelas se da en el marco de un constante vaciamiento de los dispositivos para abordar situaciones de violencia y vulnerabilidad dentro de las escuelas. En el caso de las escuelas privadas se agudiza ya que manejan discrecionalmente estos casos, donde la última palabra la tiene el clero, que no recibe ningún control de parte del CGE (Consejo General de Educación). Un caso emblemático es el caso del Instituto Emanuel, en la ciudad de Oberá, donde un profesor se bajó los pantalones frente a una clase y las autoridades salieron a dar una versión tirada de los pelos para justificar que no ratificarían la denuncia (infoberdigital, 19/09/2016).

La semana pasada, la fiscalía del Correccional de Menores solicitó que los estudiantes agresores finalicen los estudios de manera virtual y que la matrícula no les sea renovada y también imputando a los menores como si eso fuera una solución. Posteriormente, el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, salió a comunicar a través de sus redes sociales que a raíz de la problemática, se trazó unas líneas de acción, que no son más que letra muerta. Como primera instancia reglamentar la ley N° 250  “Plan integral para el abordaje, prevención y erradicación del acoso contra niños, niñas y adolescentes”, la cual fue sancionada el año pasado y simplemente se trata de capacitaciones varias para prevenir la violencia escolar pero no habilita ningún dispositivo para tratarlas. Capacitar en ESI a los docentes en próximos encuentros y jornadas, cuando esto debería hacerse regularmente hace 15 años y debería incluso formar parte de las formaciones docentes (que suelen reducirla a un cuatrimestre de la carrera en el mejor de los casos) y la habilitación de un botón de denuncias en la plataforma Guacurarí, una plataforma fruto del negociado de empresarios amigos de Sedoff, que no se utiliza en ninguna escuela porque no funciona.

Como podemos ver, no hay un sistema que contenga a los menores en estas situaciones, o se cae en la vista gorda o se recurre al punitivismo más rancio. No se contemplan programas que atiendan la problemática de la salud mental, ni la sexualidad y los pocos que efectivamente se desarrollan tienen poco alcance con poco personal y precarizado. Lo único que vemos es una intervención tardía y teatralizada de parte del Estado, quien es responsable al no aplicar la ESI en las escuelas.

Por una salida del movimiento estudiantil organizado

A raíz de estos acontecimientos, se han hecho “sentadas por la ESI” y en apoyo a las estudiantes violentadas. Llamamos a todxs lxs estudiantes de la provincia a organizarse en asambleas por un plan de lucha para conquistar la aplicación de una ESI en términos laicos y con criterios científicos, que se dé transversalmente, por equipos interdisciplinarios con profesionales con formación específica en atención a las violencias y por protocolos discutidos por la comunidad educativa. Vamos por un movimiento estudiantil misionero que se organice por todos los reclamos de la juventud.