El oficialismo de la Ciudad de Córdoba postergó el ingreso al Concejo Deliberante de un proyecto que modifica la ordenanza 10.010, rectora de la repartición educación.

La iniciativa ajustadora fue bloqueada por la base docente, que había desplegado a lo largo de la semana una intensa agitación en las comunidades educativas; el intendente Martín Llaryora debió recular en el tratamiento en comisión, para abrir una mesa de diálogo con el gremio. El anunció se dio horas antes, en la reunión de delegados de educación que tuvo lugar en la tarde del jueves 25.

La organización de las y los docentes golpeó sobre la interna del bloque oficialista del PJ. No estaba garantizado el voto del secretario gremial de la seguridad, Gustavo Pedroca y de la dirigente del movimiento Evita, Soledad Ferraro. En el impasse abierto, mientras el Ejecutivo le propone al sindicato que presente una contrapropuesta, negocia con los concejales cuánto cuesta el voto para proceder a la reforma.

El proyecto oficial tiene la intención de recortar el cobro de “bonificación por ubicación” que corresponde a todos los agentes del sistema y que alcanza un 20% del básico. Procede a dividir a los agentes según el lugar de trabajo, para que solo la perciban quienes se desempeñan en zonas desfavorables. De este modo, intenta desconocer lo que constituye una conquista gremial para instalar una bonificación diferencial similar a la que aplica la provincia, categorizando por zonas, sin atender a la realidad de las escuelas municipales y su problemática.

Otro aspecto de la modificación en curso es la que atañe al “estado docente” de trabajadores que cumplen tareas pasivas, discriminando en función de la antigüedad. La perderían quienes no tengan 20 años frente al aula, aun cuando esta pasividad sea consecuencia del deterioro que la misma docencia ha impuesto sobre su condición física y psíquica.

La iniciativa se inscribe en una ofensiva que parte del propio intendente, quien en un comentario de pasillo señaló que “¡Estamos todos locos! Nos costaría más barato mandar a todos los chicos a la Academia Argüello” (un colegio privado de la zona). A ese exabrupto se sumó la difusión de cifras que tergiversan los números reales del sistema educativo, sobredimensionándolo y atacando a los agentes en tareas pasivas como “ñoquis” que no trabajan y a la educación como un “gasto” municipal.

Bajo el eufemismo de una “reingeniería de recursos”, el PJ busca “armonizar” el sistema educativo municipal con el provincial, abriendo el intersticio para proceder a la provincialización del sistema, desconociendo derechos adquiridos y homogeneizando un sistema que se ha distinguido por el carácter personalizado de la educación que ofrece. La provincialización significa la precarización del salario y el deterioro de las condiciones de trabajo de les docentes.

La solidaridad que el conflicto ha despertado en el conjunto de trabajadores ocupados y desocupados, inundando las redes sociales con muestras de adhesión de las familias a los docentes, muestra a las claras que el ajuste no pasará si la docencia, de conjunto, se levanta.

Las escuelas y los jardines no se deben “comer el amague” que significa entrar en una mesa de negociación con el Ejecutivo, teniendo en cuenta que se acerca el receso invernal y junto a ella la posibilidad del agravamiento de la pandemia -ambos factores que, combinados, pueden asestar un golpe de gracia al sistema.