Desde el mes de julio la Escuela Especial 22 de Neuquén está sin clases. Esto se debe a que decididamente nunca tuvieron un edificio propio que cuente con las condiciones materiales y mobiliario acordes con las necesidades de la educación especial.

La comunidad educativa de la escuela fue hasta el Consejo Provincial de Educación (CPE) y presentó un petitorio, donde se incluye la construcción de un edificio propio, para que sea incorporado en el presupuesto 2022. Un reclamo histórico sin una respuesta por parte del gobierno provincial.

Fueron recibidos por la ministra de Educación, Cristina Storioni, y por la vicepresidenta y vocales en el CPE. Allí el gobierno se comprometió a garantizar las clases presenciales por 15 días en las instalaciones de la Escuela Especial 15, mientras que en un plazo de 72 horas el equipo a cargo de la vicepresidenta buscará un inmueble para alquilar provisoriamente.

El déficit edilicio en el sistema educativo de la provincia es un problema grave. Aún más en el contexto de una pandemia donde, año a año, el desfinanciamiento avanza con los presupuestos de ajuste, mientras las escuelas especiales siguen funcionando sin los recursos que la comunidad educativa viene reclamando desde hace muchos años (y que se invisibilizó desde el inicio de la pandemia).

La presencialidad forzada expuso contundentemente la falta de refacción y obra pública escolar, cuyo extremo fue la explosión de Aguada San Roque donde murieron tres compañeros. Luego de una sucesión de hechos en distintas escuelas por pérdida de gas, desmoronamientos, entre otros. En este caso, directamente ni edificio tienen.

El gobierno provincial es quien posa de «defensores de la educación pública», pero es también quien en los hechos vació de recursos y presupuesto al sistema educativo. La diputada Patricia Jure, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad, incluyó, en un proyecto de resolución de obras escolares, las reclamadas para la construcción de la Escuela Especial 22.

El claro causante de esta angustiosa situación es el ajuste que ejecuta el gobierno a pedido del FMI, reduciendo el presupuesto educativo para cumplir con el pacto de pago de la deuda externa. De hecho, este año el porcentaje presupuestario provincial es el más bajo de su historia.

Es urgente y necesaria la inmediata convocatoria a asambleas en las escuelas para resolver un plan de lucha. Hay que quebrar la tregua de la dirección del TEP, funcional a las necesidades electorales de los gobiernos del MPN y Frente de Todos a quienes tributa.