La anunciada "transferencia" de los colegios nacionales a las provincias ha provocado conmoción y un principio de crisis política. Las asambleas y las movilizaciones de protesta se multiplican en todo el país. Está en juego la sobrevivencia de dos mil establecimientos.

O los banqueros o la educación

En una suerte de ultimátum, Cavallo fue a la pantalla chica hace algunos días, para decirle a la población que la famosa "convertibilidad" se iba a pique si el Estado nacional se veía obligado a financiar la educación o la salud o aumentar el salario de sus trabajadores, sin reparar que con ello confesaba la inviabilidad del plan económico. Para Cavallo la función del Estado nacional debería limitarse al de actuar como Caja de Recaudación para pagar los sueldos del gabinete y de los "servicios", y los intereses de la deuda a los banqueros extranjeros.

Aunque el gobierno menemista proclame su aspiración de equipararse con el "primer mundo", la "austeridad" educativa conduce a la Argentina al pelotón de las naciones más rezagadas del Tercer Mundo. Menem-Cavallo pretenden sacrificar alegremente la educación para salvar el "sistema financiero internacional" de su propia bancarrota.

Provincialización = privatización

El estado nacional exige, para resolver sus problemas económicos, que la enseñanza secundaria sea asumida por las provincias. Y las provincias, ¿cómo deberían resolver los suyos? Si siguen el criterio del gobierno nacional deberían transferir la educación a los municipios, y éstos, a su vez, a manos privadas. ¡Pero sólo una parte de la educación podría ser negocio para el capital privado! La "transferencia" es simplemente la destrucción educacional. Esta es la realidad del "traspaso".

La transformación de la educación en un negocio directo lleva, sin ninguna duda, al capitalismo a la perfección. Ninguna esfera de la actividad social deja de regularse en forma inmediata por el mercado. La mercantilización alcanza su grado mayor de desarrollo. El propio docente deja de ser, en consecuencia, un trabajador "intelectual", pues lo que empieza a importar es el giro del negocio (cantidad de alumnos por aranceles pagos) y no la calidad de la enseñanza. La clase capitalista, considerada como un todo, deja de pagar impuestos para financiar servicios "sociales", los cuales pasan a "autofinanciarse" y a dejar un beneficio, aranceles mediante. ¡Se abaratan los “costos laborales"'. — pues la formación de los trabajadores calificados o de los técnicos deja de ser pagada por el Estado para pasar a cubrirse en forma directa con el sala-rio de los trabajadores. La "privatización" de la educación constituye, de este modo, un método de extracción de mayor plusvalía y un intento importante de la clase capitalista para superar la tendencia declinante de la tasa de ganancias. El régimen impositivo, que ya consiste en un 90% en impuestos al consumo (es decir al salario), podrá servir enteramente para el rescate de monopolios en bancarrota, pago de intereses y subsidio para nuevas inversiones. ¡La política escolares un retrato perfecto del parasitismo capitalista!

La "privatización" escolar entraña asimismo una confiscación directa. Los empresarios y traficantes de la educación se adueñarán por chaucha y palitos del patrimonio de las escuelas secundarias mejor equipadas, con una organización ya montada y con el haber de una valiosa infraestructura (laboratorios, talleres, edificios).

Esta política prevé, naturalmente que el 90% sin capacidad de pago (es decir, que no es "mercado" desde el punto de vista capitalista), reciba una educación "asistencial", como ocurre con la jubilación mínima o con un futuro seguro al desempleo. Como en el mundo antiguo, sólo una minoría dominará la lengua escrita.

¡Qué mejor para gobiernos "menemistas", que reservan la "comunicación" a los Neustadt, Sofovich y Susana Giménez!

Provincialización = desmantelamiento

La perspectiva que se abre con el "traspaso" es el desmantelamiento liso y llano de partes enteras del sistema educativo. Por de pronto, en los cálculos del gasto de la “transferencia", el Poder Ejecutivo Nacional sólo ha incluido a los docentes titulares, lo cual deja en la calle a decenas de miles de educadores que revisten en condición de suplentes o internos.

El gobierno pretende que el gasto de la "transferencia" será cubierto por una "mayor recaudación" de los impuestos "coparticipables", algo a lo cual las provincias tienen constitucionalmente derecho sin que para ello sea necesario que les traspasen escuelas, como también perderían recaudación si los impuestos bajaran. Una elevación de la tasa de los impuestos que se "co-participan" con las provincias, significaría aumentar los gravámenes al consumo, de manera que, como ya ocurrió con el impuesto al pulso telefónico, los pobres deberán financiar a los pobres.

Pero incluso nada de esto (ni mayor recaudación, ni mayores impuestos) asegura que el dinero vaya a parar a educación, toda vez que su destino lo fijarán los gobiernos capitalistas provinciales, comprometidos en primer lugar con los acreedores de los Tesoros provinciales y con las oligarquías lugareñas. Aún hoy los docentes, trabajadores provinciales o municipales están esperando las partidas "específicas" enviadas en distintas circunstancias por el gobierno nacional. No hay prácticamente provincia que no haya pasado por esta experiencia.

La "descentralización" menemista

El menemismo pretende que su propuesta es "federalista" y aún "democrática". "Estas decisiones —dice Cavallo en una respuesta pública al gobernador de Córdoba — parten de un diagnóstico incontrovertible como lo es el de que la Nación no puede estar gobernando desde Buenos Aires la inmensa geografía educativa ni superponiendo servicios con las provincias".

El "economista" Cavallo incursiona en la ciencia de la pedagogía con la intención de disimular que la "transferencia" tiene por objetivo pagar a los banqueros. Pero este intento de encubrimiento deja traslucir la coherencia del propósito de destruir a la educación. Es que Cavallo pretende nada menos que "descentralizar" la formulación de los planes de estudio, o como dice la Ucedé, de los "currículums", lo cual es lógico en un partidario de la "competencia". Pero los distritos escolares, o los municipios, e incluso las provincias, no tienen competencia (capacidad) para poder abordar los problemas de la ciencia, la técnica y la cultura modernas. Los "planes de estudio" deben tener un alcance nacional y el Estado nacional debe asegurar económicamente su aplicación. Cavallo quiere hacer pasar por descentralización el aislamiento educacional, cuando la democracia sólo es tal cuando los protagonistas de todas las regiones pueden tomar deliberativamente decisiones que tengan proyección para todo el país. El "derecho" a revolcarse en las limitaciones, fronteras y miserias propias no es un derecho sino una imposición. La "descentralización" cavalliana apunta a dejar a tres cuartas o cuatro quintas partes del país en el nivel de la educación "asistencial".

Traspaso: toda una definición en materia educativa

La transferencia constituye entonces toda una definición en materia educativa que fue expuesta con insistencia por Albamonte durante la campaña electoral y que está plasmada en la "reforma de la enseñanza media" que ha diseñado Salonia. Consiste en un curriculum básico (instrucción elemental) sostenido por el Estado, en tanto que la modalidad de la educación será determinada por cada establecimiento conforme a las fuentes propias de financiamiento  que pueda obtener.

No hay que ser un especialista para darse cuenta que esto conduce al desguace de la enseñanza secundaria y a la liquidación de la unidad del sistema educativo nacional. La cultura y la formación científica son sustituidas por el aprendizaje de una técnica de trabajo.

La autonomía educativa debe ser política en el sentido de asegurar la capacidad de deliberación y de acción de los pueblos de cada región o provincia, pero jamás puede concebirse como una fragmentación o unilateralización de la enseñanza y menos aún plantearse a expensas o en detrimento de la unidad del sistema educativo. La autonomía de gestión en todos los terrenos supone la vigencia de la soberanía popular, es decir, la conquista del poder político por los trabajadores y la abolición del monopolio político y económico de la burguesía.

La técnica, la ciencia, la cultura son fenómenos mundiales. Las naciones se nutren y realimentan este manantial  en la medida en que han conquistado su completa libertad. Cualquier proyecto de desenvolvimiento educativo debe procurar que dicho patrimonio cultural sea asimilado por las masas lo cual supone su organización política independiente y un sistema de enseñanza realmente nacional en sus proyecciones sociales. La "descentralización" menemista representa el proceso inverso: la descalificación y la degradación cultural en masa.

La oposición frente al traspaso: NO pero SI

La "transferencia" ha despertado la oposición de un vasto mosaico de fuerzas políticas que reclaman en su inmensa mayoría una ley de financiamiento. No reivindican la obligación del Estado nacional de asegurar la educación hasta los dieciocho años.

El gobernador mendocino, por ejemplo, pidió la postergación de la medida para el '93, "previo compromiso de las provincias a financiar con fondos de coparticipación el impacto que esa postergación pudiera tener sobre el plan de convertibilidad" (Clarín, 25/10). Es decir, las provincias deberán financiar en el '92, el bache fiscal que provoque la postergación. La "propuesta" de Bordón apunta a amargar la relación entre Cavallo y Duhalde — quien sería el que más tendría que poner en este "esquema".

Angeloz, a su turno, reclamó "el consenso para acordar (Angeloz mismo necesita una clase de castellano) los mecanismos de traspaso y sus condiciones" y la necesidad de un "tratamiento legislativo específico", esto es, no simplemente como "un aditamento de la ley del Presupuesto". Pero el hecho de que la sancione el Congreso no le quita a la transferencia su carácter retrógrado en materia educativa, privatizante y de imposición del FMI y de los banqueros.

El visto bueno a la "provincialización", por otra parte, no debe sorprender pues la totalidad de los gobernadores, tanto justicialistas como radicales y provinciales, suscribieron el año pasado el Convenio de Reafirmación Federal que contempla el traspaso. Muchas administraciones provinciales han ido más lejos que el propio gobierno nacional, al municipalizar o privatizar escuelas. Cavallo le reprocha al gobernador de Córdoba, precisamente, cuestionar una política que la administración provincial ya viene aplicando en su propio territorio (municipalización de los servicios). El planteo del "traspaso con fondos" es también enarbolado por la burocracia de Mary Sánchez y vertientes centroizquierdistas.

El planteo del Partido Obrero

El Partido Obrero promueve la movilización política contra la "transferencia".

* No al traspaso de escuelas.

* El estado nacional debe asegurar la educación de toda la población desde la escuela maternal hasta los dieciocho años.

* Renacionalización de todos los establecimientos educativos transferidos a provincias o municipios.

* Triplicación del presupuesto educativo, afectando los recursos que hoy se destinan a la deuda externa y mediante un impuesto directo y progresivo a las ganancias.

* Autonomía en la gestión educativa y administración de los recursos por parte de consejos distritales, municipales y provinciales elegibles y revocables en cualquier momento integrados democráticamente por docentes, estudiantes y padres y formación, en las mismas condiciones, de un Consejo Nacional.

* Educación estatal única. Estatización de las escuelas confesionales y privadas.

* Por un salario básico para los docentes igual al costo de la canasta familiar, de diez millones de australes.