La DEA (Dirección de Educación de Adultos de la Provincia de Buenos Aires) lanzó el pasado 6/11/18 en su página oficial, la primera evaluación de calidad educativa: las Pruebas Avanzar 2018 dirigidas a la Educación de Nivel Secundario (CENS) y del Plan Fines “Trayecto Secundario”. Las evaluaciones en Matemática, y Lengua y Literatura han sido confeccionadas por la propia DEA, tendrán lugar entre el 20 y el 26 de noviembre, en 25 regiones educativas y estarán destinadas a 8.000 estudiantes de las comisiones de tercer año. “Los evaluadores” serán elegidos entre los profesores pertenecientes a cada establecimiento, a excepción de aquellos que dicten las materias evaluadas en tercer año, y no recibirán remuneración por el trabajo.

Los operativos “Enseñar/Aprender” en Educación Primaria y Educación Secundaria, el operativo “Autoevaluación Institucional” en los Institutos Terciarios de Formación docente y el nuevo pero no distinto Operativo “Avanzar” en Educación de Adultos constituyen un ataque contra la educación pública, ya que apuntan a cuestionar la idoneidad de los docentes, promover salarios de hambre, eliminar las conquistas laborales del estatuto docente. En definitiva, a arrasar con la educación pública.

Por ello, debemos organizar asambleas de docentes y estudiantes con la coordinación de las escuelas como así también, un plenario con mandato para rechazar todos los operativos, programas y resoluciones antieducativas que apuntan a la devaluación de todas las ramas de la educación.

El desguace de la Educación de jóvenes y Adultos

La Educación de Adultos históricamente funcionó a base de resoluciones ministeriales (6321/95- 1121/02) y sin una ley propia. En el año 2006 la Ley de Educación 26.206 dedicó apenas 1 carilla a esta rama fundamental para trabajadores y trabajadoras que no han finalizado sus estudios secundarios. En diciembre del año pasado se promulgaron varias resoluciones que llegaron para flexibilizar la Educación de Adultos tal como lo haría en fines desde el 2008, antesala del recorte de horas y días de clase, y de la designación de docentes a ciclo cerrado sin el goce de la totalidad de los derechos estatutarios.

La primera Resolución fue la 1657/17 que borró de un plumazo los Bachilleratos de Adultos (BAOS) y los transformó en “Bachilleratos Juveniles” para jóvenes entre 15 y 17 años. Veinte días después, la resolución 2280/17 (20/12/18) estableció un nuevo diseño para Los Centros Educativos del Nivel Secundario (CENS) que incluyó el recorte de 26 horas cátedra presenciales por 18, con 8 horas tutoriales “optativas” y una reducción de 5 días a 3 de cursada. De esta manera, el CENS quedó emparejado con el Plan Fines “Trayecto Secundario”, que tiene un régimen de 18 horas cátedras y tres días de cursada desde la Resolución 717/17.

La frutilla resolutiva de la Educación de Adultos (828/18 y sus anexos I y II) llegó en marzo de este año y dispone, por un lado, que los BAOS y BAOT se conviertan en CENS o Anexos de CENS. Por el otro, deroga los artículos 3 y 4 de la Resolución 1657/17 (Bachilleratos Juveniles) y establece las “Aulas de Aceleración” para Jóvenes entre 15 y 17 años que comprime 3 años en 1. Por lo tanto, la fiesta resolutiva que orquestó la DEA desde diciembre de 2017 hasta marzo del 2018 apuntó a desguazar la Educación de Adultos, ya que finalizó a toda la rama.

La evaluación: un requerimiento del FMI y el capital internacional

En vísperas de la votación en el Senado de la media sanción faltante para la aprobación del Presupuesto colonial 2019 que se llevará a cabo el 14 de noviembre y de la realización del G20 en Buenos Aires, el 30 de noviembre, el ajuste en educación se convierte en uno de los principales puntos de los requerimientos no solo del FMI sino también de todo el capital financiero internacional para achicar el gasto público.

En este marco, las evaluaciones educativas planteadas en estos términos, es decir, en operativos aislados de las condiciones sociales y económicas de cada comunidad educativa implica entender la educación como una mercancía y asignarle un valor de cambio. En este sentido, resulta pertinente señalar que durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso este año, el presidente, Mauricio Macri, propuso la creación de un “ranking de escuelas” en el país. Semejante propuesta expresada a “boca de jarro” coloca a la escuela al nivel de una empresa en donde cada institución según la productividad, es decir, rendimiento, reciba los recursos. Y… por supuesto cada docente según el “mérito”, su salario.

En este punto, corresponde señalar que las evaluaciones reposan sobre el marco de las leyes 26.206 y 13.688 promulgadas durante el gobierno kirchnerista que en su capítulo III habilita la implementación de evaluaciones para mejorar la “calidad” educativa. Lisa y llanamente el paquete de evaluaciones responde a las reformas educativas que los organismos internacionales del capital financiero impulsan desde hace décadas y que en la actualidad reciben el nombre de Plan Maestro, Escuela 2030, Proyecto Aguilar entre otras variantes.

Plan de lucha hasta derrotarlos

Mientras tanto la conducción Celeste de Suteba se limita a presentar impugnaciones administrativas y judiciales e impulsa medidas parciales, discontinuadas y que persiguen el desgaste. En el marco de los cierres de cursos y modalidades enteras, el desmantelamiento de los Equipos de orientación, la infraestructura con emergencia edilicia y con un salario por debajo de la canasta familiar, la burocracia sindical propuso como medida de fuerza marchar a Luján para enfrentar el ajuste en Educación.

El próximo 21 de noviembre, concurramos masivamente a las asambleas ordinarias de Suteba para rechazar la política de entrega de la Celeste y votemos un paro general para derrotar el ajuste de Macri, Vidal y los gobernadores.

 

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