El 31 de octubre se inaugurará un nuevo “operativo” (según las palabras castrenses que gustan Macri y sus ministros) de evaluación que se hará sobre los alumnos de cuarto año de los institutos de formación docente.

 

Es, junto al “Operativo Aprender”, que se hará por segunda vez el 7 de noviembre próximo, otra punta del iceberg para racionalizar (ajustar) la educación pública.

 

Obviamente, los resultados del “operativo” serán utilizados por el macrismo también como una evaluación de los docentes de los profesorados. “El objetivo es obtener ‘un diagnóstico del sistema de formación docente’, según el documento oficial "El ABC de Enseñar 2017", indica La Nación (4/10).

 

Pero el gobierno tiene las conclusiones prestablecidas: pretende culpar a la docencia de una crisis del sistema educativo que es responsabilidad del Estado. Y usar los resultados como soporte de una ofensiva sobre la estabilidad laboral docente (poniendo como excusa la capacitación) y de sometimiento de los planes de estudio a las necesidades del capital.

 

El operativo de todos y todas

 

Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, presentó el “operativo” como el producto “de un gran consenso con todas las fuerzas políticas que están representadas en el Consejo Federal de Educación, donde participan los ministros de educación de todo el país” (Clarín, 4/10). Es decir, es un “operativo Conjunto” con el kirchnerismo, el pejota, Massa y los socialistas de Santa Fe.

 

Pero ese “consenso” viene de mucho antes.

 

En una publicación de “La Política online” de hace ya tres años, ese medio dio cuenta de que en  “la segunda jornada del ciclo ‘Democracia y Desarrollo’ para pensar sobre políticas públicas de largo plazo”, que había sido convocada por Clarín,  en la cual participó la ministra de Educación  “nac y pop” de Ecuador,  “Mauricio Macri y Daniel Scioli estaban encantados con la reforma educativa que implementó Correa [ex presidente de Ecuador], y quieren importarla a nuestro país” (LPO, 4/2014).

 

La misma publicación explica por qué: “además de imponer un examen de ingreso a las universidades y dividirlas en grupos de acuerdo a su calidad, el ecuatoriano instauró un régimen de evaluación para los maestros. Se trata de una serie de exámenes que los docentes deben rendir anualmente. Si no superan ese obstáculo –tienen al menos dos oportunidades-, no pueden dar clases” (ídem). Más todavía. Tan encantados quedaron Macri y Scioli que, “además de hacerla venir al país (a la ministra ecuatoriana)  en varias oportunidades, Bullrich y Vidal intercambiaron equipos técnicos para trabajar en la evaluación docente y en la construcción de índices de calidad que ha desarrollado el gobierno de Correa”.

 

Con esos “índices”, Rafael Correa instauró el examen de ingreso y de permanencia a la docencia, el salario por mérito, y la eliminación del derecho de huelga, elementos gracias a los cuales avanzó en un ajuste sin precedentes de la educación ecuatoriana.

 

¿Y Alejandro Finocchiaro, ahora a cargo del Ministerio de Educación de la Nación,  quiere hacerle creer a alguien que no persiguen hacer listas y ránkigs negros para echar docentes y distribuir presupuesto según los resultados?

 

Es lo que dice el proyecto de ley del llamado “Plan Maestro”, que descalifica la realidad de los institutos de educación superior cuando afirma que  “existe un alto grado de disociación entre los contenidos de la formación docente y las exigencias para el desempeño”. La evaluación que el gobierno postula como “no punitiva” tiene exactamente el fin  de “establecer un proceso de acreditación de los Institutos Superiores de Formación Docente” (Plan).

 

Por esta vía, Esteban Bullrich anunció -siendo ministro- la reducción de los profesorados de 1500 a 200.

 

Es el motivo por el cual lo aplauden hasta los “opositores”. Gustavo Iaies, el asesor en educación de Massa, declaró que  ésta es “una muy buena idea y bien trabajada”, pero que todavía hay que laburarla más. Según él, “lo que no aparece bien resuelto aún es cómo se trabajarán los resultados con los institutos y con los alumnos. Habría que fijar condiciones sobre el modo en que los resultados condicionarán el trabajo de futuro”.

 

La burocracia de Ctera, cómplice

 

Las críticas de la dirección celeste de Ctera son apenas una cobertura para su parálisis y un encubrimiento a su sometimiento a esta política antieducativa,  desenvuelta por todos los partidos de gobierno, y en primer lugar por el kirchnerismo. Daniel Filmus, el primer candidato del cristinismo en la Capital, fue quien sentó las bases de esta reforma en la Ley Nacional de Educación, y Hugo  Yasky, secretario general de la CTA y dirigente histórico de la Ctera, candidato a sexto diputado nacional de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, ató a la central nacional docente al carro de su aplicación desde el ascenso del kirchnerismo al poder.

 

Los dirigentes de Ctera tienen diferencias de grado, no de fondo con el macrismo. “No estamos en contra de las evaluaciones, pero debieran ser integrales, formativas y contextualizadas”, declaró Eduardo López, secretario gremial de Ctera.

 

Paro nacional educativo

 

El 31 de octubre está planteada la lucha por frenar el “operativo enseñar”. Desde varios sindicatos antiburocráticos, como Ademys, los sutebas Multicolor, Amsafe-Rosario, las seccionales recuperadas de Aten, la AGD-UBA ya hay una campaña para actuar en sintonía para rechazar este nuevo ataque que busca justificar otro avance privatizador sobre la educación pública. Reclamamos a Ctera la convocatoria de un paro nacional educativo ese día y el 7 de noviembre, cuando se llevará a cabo la evaluación en las escuelas primarias y secundarias.

 

En el Plenario Sindical en apoyo del FIT realizado el pasado 30 de septiembre en el micro estadio de Lanús, también se votó impulsar esta lucha y sumarse a las iniciativas de la docencia combativa.