El Tribunal Superior de Justicia de CABA acaba de emitir un fallo que constituye un ataque en regla contra el acceso a la educación pública. En un fallo a la medida de Larreta, el TSJ le da la razón al gobierno de la Ciudad que había apelado fallos de primera y segunda instancia que lo instaban a garantizar la vacante para una niña de dos años.

Educación obligatoria y no obligatoria

El eje argumentativo de los jueces es una distinción pérfida entre la educación obligatoria y la no obligatoria. El Articulo 24 de la Constitución de la Ciudad establece que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine.” A partir de esta formulación, los jueces del TSJ argumentan que mientras en el caso de la educación obligatoria (hoy desde la sala de 4) existe una obligación actual e inmediata de provisión universal de vacantes, “el Estado local no tiene una obligación inmediata de provisión universal de vacantes en los niveles no obligatorios del sistema de educación de gestión pública a cualquier habitante que lo solicite”.

Estamos ante una interpretación de la ley que va abiertamente en contra del derecho a la educación pública y gratuita para todos los habitantes de la ciudad. En la misma línea, los jueces se despachan sobre la educación superior afirmando que “la asignación de vacantes debe efectuarse exclusivamente en función al mérito individual de los estudiantes”. Esto va claramente en contra del ingreso irrestricto que (aunque en los hechos no se cumpla) está consagrado en la Ley de Educación Superior.

Exoneración a Larreta

Por otro lado, el fallo desliga la responsabilidad del Poder Ejecutivo y la deposita sobre la Legislatura porteña señalando que mientras no asignen mayores fondos para la universalización del sistema educativo, el Poder Ejecutivo sólo puede limitarse a gestionar las vacantes disponibles. Detrás de la sanata de la división de poderes, el fallo oculta que es el propio partido de gobierno (aunque no solo) el que ha bloqueado en la Legislatura proyectos de construcción de escuelas y jardines y el que ha elaborado y aprobado año tras año presupuestos que condenan a la educación pública.

En lugar de imponerle al gobierno la apertura de más jardines para universalizar un derecho constitucional, la “justicia” le da vía libre al poder ejecutivo para que defina quien accede y quien no a la educación pública.

Un fallo segregativo…

La perfidia del TSJ llega a tal punto que donde la ley de Protección Integral De Los Derechos De Niños, Niñas y Adolescentes establece como “garantía mínima” el derecho al “acceso gratuito a los establecimientos educativos de todos los niveles”, los jueces interpretan que “la “garantía mínima” consiste en que el Estado asegure la escolarización no obligatoria de los niños provenientes de aquellos hogares que, en virtud de su situación de pobreza o exclusión, no pueden afrontar tal costo por sí mismos y, por lo tanto, dependen de la obtención de una vacante en el sistema público como única alternativa posible para la escolarización de los menores.” Con esta argumentación la justicia le niega el acceso a la educación pública a la niña en cuestión porque “no ha demostrado encontrarse en una situación de pobreza o exclusión que le impidiese el acceso al sistema educativo.”

Como nota al margen, digamos que llevada hasta las últimas consecuencias esta doctrina cuestiona también el reglamente vigente para la asignación de vacantes que le asigna la mayor prioridad a los hijos de trabajadores de los hospitales, escuelas y otros ámbitos de la ciudad. Docentes y municipales tenemos que ponernos en alerta. La realidad que desconoce el TSJ es que en los barrios más pobres de la ciudad es donde más está vulnerado el acceso a la educación, sencillamente porque es donde faltan más escuelas y jardines.

… y privatista

El lugar que este fallo le asigna a la educación pública es la piedra de toque de un proceso de privatización que tiene larga data en nuestro país y en particular en la Ciudad de Buenos Aires. El Tribunal Superior de Justicia transformó en doctrina judicial el exabrupto de Macri sobre “caer en la escuela pública”. En esta concepción, la educación pública ya no sería para todos, sino sólo para los pobres. Y quien no pueda demostrar su situación de pobreza es obligado a engrosar el negocio de la educación privada. Algo similar a lo que ya ocurre con la salud pública, pero por un mecanismo directamente coercitivo. Agreguemos que buena parte de la educación privada es confesional con lo cual se pone también en cuestión el derecho a una educación laica.

En este punto, la distinción hecha entre la educación obligatoria y no obligatoria se vuelve una estafa. Una vez que una familia es obligada a iniciar la escolaridad de sus hijos en un establecimiento privado, volver a optar por la educación pública implica tener que atravesar otra vez la adaptación al jardín y un trastorno para la organización familiar. En los hechos se trata de una transferencia compulsiva desde la educación pública a la privada.

La organización ya empezó

Previo a que se conozca este fallo, decenas de familias junto con el colectivo Vacantes para Todxs habíamos iniciado nuevos amparos para que se garantice la vacante de nuestros hijos en la educación pública. Al conocerse el fallo, inmediatamente el grupo de familias se convirtió en un hervidero de indignación y acción. Empezamos a difundir el tema a través de las redes sociales, salieron pronunciamientos de Ademys y de UTE e incluso el tema se colocó en algunos medios de comunicación. En los últimos días del año se nos plantea el desafío de reforzar la organización.

Llamamos a toda la población trabajadora de la ciudad a apoyar esta pelea que es por el derecho a la educación pública, gratuita y laica para nuestros hijos. Vamos por la construcción de escuelas y jardines que garanticen el acceso universal a la educación pública y por el juicio político a los jueces que votaron este engendro anti educativo y anticonstitucional.