La insistencia en abrir las escuelas en el país viene escalando desde agosto, al contradictorio ritmo del aumento exponencial de los contagios, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Ese escenario fue el desencadenante de una crisis entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Este último, pretende retornar a la presencialidad a pesar de que ni la situación epidemiológica ni el estado de las escuelas lo permite.

Esto provocó la reacción masiva de la docencia y de la comunidad educativa porteñas. El sindicato docente Ademys, a partir de asambleas masivas de más de 500 docentes que resolvieron un plan de lucha, se puso a la cabeza del reclamo ante la pasividad de UTE-Ctera (sindicato docente). Esto obligó al el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a desdecirse del acuerdo que había establecido en favor de la postura del Gobierno de la Ciudad y al recule de Soledad Acuña, la ministra porteña.

Ajuste + coronavirus = deserción masiva

La emergencia sanitaria, lejos de impulsar de parte de Alberto Fernández y de los gobernadores un incremento presupuestario en educación, es la plataforma que han elegido para un ajuste histórico.

Las escuelas sin alumnos no fueron refaccionadas, ni equipadas para enfrentar la pandemia, ni desde el punto de vista sanitario ni pedagógico. Más de 100 mil docentes no fueron nombrados, aun cuando esos cargos ya estaban presupuestados a comienzos de año. Quedaron desocupados, con la consiguiente imposibilidad de abordar la continuidad pedagógica por falta de personal, creando una sobreexplotación de los magros planteles existentes. No se avanzó en la conectividad ni de instituciones, ni de docentes ni de alumnos, desde el jardín hasta la universidad. No se proveyó de computadoras a nadie. Lo mucho que se hizo fue gracias al esfuerzo económico y físico de la docencia y de la comunidad educativa.

En este cuadro, el Ministerio de Educación nacional hizo una investigación según la cual el 5% de los hogares no recibió ninguna propuesta pedagógica este año. Suponiendo que todos ellos tuvieran la misma cantidad de integrantes, lo que claramente no es así, serían 650.000 los estudiantes que perdieron toda conexión con la escuela. “Son nueve canchas de River repletas de chicos y adolescentes. A quienes se suman aquellos que tuvieron algún contacto, pero deficitario” (Clarín). Por supuesto que el número es mucho mayor y podría superar al millón de estudiantes.

El ajustazo está signado por el canje de deuda por educación que sostienen tanto los Fernández como la oposición derechista, para honrar la deuda usuraria y subsidiar a las patronales.

Además del Estado nacional, todas las provincias están endeudadas, pero 11 de ellas están en situación límite: Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, CABA, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos y Chaco. Todas estas jurisdicciones reestructuran títulos por un total conjunto de US$ 12.720 millones. El de mayor monto es Buenos Aires. En conjunto, estas 11 provincias con mayores problemas en sus deudas buscan alivio para los pagos de intereses y capital y suman a un negociado financiero que integra a 27 bonos provinciales.

El protocolo del ajuste alimenta la pandemia

El 10 de agosto, promovido por Trotta, San Juan había iniciado el camino que luego pretendió CABA, y en menos de dos semanas debieron cerrar nuevamente las escuelas. Los contagios estallaron exponencialmente.

El protocolo del Ministerio de Educación demostró más rápido que un rayo su inviabilidad. Establece que si un docente tiene contacto con alumnos que hayan sufrido contacto estrecho con contagiados, si mantuvo distancia, siga dando clase; que la escuela siga abierta con los grupos que no presenten síntomas, y que los contactos de contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento.

En relación con las barreras físicas (como separadores entre los bancos o pupitres) “no se admitirá su uso en aulas, laboratorios y talleres”, lo cual estrictamente “se debe a razones económicas, las dificultades de instalación y mantenimiento” (Consejo Federal de Educación).

Abrir ajustando más

La preocupación por el regreso a la presencialidad tiene dos objetivos reaccionarios, ninguno pedagógico: liberar a los trabajadores con licencia, que cuidan a sus hijos, y aumentar la actividad económica que conlleva volcar a 12 millones de docentes y alumnos al circuito comercial, y proceder a un cambio flexibilizador del régimen laboral en las escuelas. Como declara abiertamente la ministra Acuña “desde el vamos, revisar la carrera docente. Analizar otros tipos de espacios de estudio y planificación. Los supervisores nos dicen que una ventaja de estos tiempos es que les permite tener tiempo para la reflexión” (Infobae, 30/8).

La vuelta lo antes posible para imponer la nueva normalidad de las patronales: “Para los chicos que no alcancen los aprendizajes vamos a habilitar nuevos espacios de aprendizaje. En criollo, más tiempo escolar y no el año que viene; este año. Ya sea ampliando el calendario, con escuelas de verano o clases de apoyo los sábados. Tiempos excepcionales requieren decisiones excepcionales. A la tragedia tenemos que responder con creatividad” (Soledad Acuña).

Protocolos pedagógicos, sanitarios y laborales bajo control de los trabajadores de la educación

Al igual que en las fábricas, la apertura de la actividad en la educación –hoy completamente inviable- plantea profundizar la lucha actual, para imponer las condiciones sanitarias y pedagógicas necesarias y derrotar los protocolos que buscan barrer con el estatuto docente, los derechos laborales, las jubilaciones y el salario docentes. Es una lucha contra la patronal (el Estado) y la burocracia sindical de Ctera, firmante y canal de aplicación de las políticas de Trotta en todo el país.

En este momento, en Santa Fe, Buenos Aires, CABA, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Río Negro, Salta, Mendoza, hay procesos de lucha en curso, en manos de los sindicatos multicolores o antiburocráticos, todos por fuera de la dirección de Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López.

La lucha por protocolos pedagógicos y sanitarios y por la defensa de los estatutos y el salario exige de la independencia política respecto del gobierno nacional y de todos los gobernadores.

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