A través de un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional, el exministro de Educación de Vidal y Macri y actual diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, pretende declarar a la educación un servicio estratégico esencial para arremeter contra el derecho a protesta de la docencia.

Como no es la primera vez que se intenta avanzar con este tipo de iniciativas y todas las anteriores concluyeron en fracaso, pareciera ser una maniobra para disputar una base electoral a otros sectores reaccionarios y de derecha, contrarios a los derechos laborales elementales.

Sin embargo, corresponde desnudar esta maniobra y oponerse a cualquier tipo de restricción al derecho a huelga, más cuando se busca reprimir la acción de los trabajadores y no atender a las causas que originan las protestas.

El proyecto

En 16 artículos se plantea que cuando haya alguna medida de fuerza, acción directa o huelga que afecte el funcionamiento educativo, al que califica de esencial [1] emulándolo con la salud o la electricidad, se deben organizar guardias mínimas del 50% del personal previamente organizado para tal fin (docente, auxiliares y directivos) [2]. Dicha organización de las guardias “mínimas” serían responsabilidad de las conducciones escolares, que podrían ser sancionadas si no fueran cubiertas.

No se refiere a ningún otro motivo por el cual habitualmente se suspenden las clases y que la docencia no se cansa de denunciar, como los graves problemas de infraestructura escolar, la falta de servicios como agua, luz o calefacción, de espacio físico o de personal no designado, entre otros.

El eje de los fundamentos se extiende sobre los efectos derivados de la falta de presencialidad escolar bajo la pandemia, citando estudios internacionales de los organismos de crédito, pero casi en ningún apartado refiere efectivamente a la huelga como motivo de interrupción de clases, ni la responsabilidad del Estado por no garantizar el presupuesto, la infraestructura y las condiciones de trabajo que generan las medidas de fuerza.

Por otra parte, cuando cita los cambios internacionales en dicha materia reivindica el andamiaje legal de la dictadura franquista en España, que en 1970 impuso una reforma educativa nefasta que, entre otros puntos, declaraba la educación como servicio público. También cita ejemplos recientes de América Latina, como Ecuador donde Rafael Correa condicionó el derecho a huelga, pero sin embargo no logró frenar las protestas de las y los trabajadores.

En estos ejemplos no hay ninguna confusión o desliz, sino el espíritu del proyecto reaccionario que firma hasta Espert. Lo que está detrás es el desconocimiento del derecho a huelga, el cual por otro lado tiene rango constitucional. Es lo que hemos visto en estas semanas de campaña contra el derecho a protesta contra todos los trabajadores, ocupados y desocupados.

De los “voluntarios” de Vidal a las “guardias mínimas”

En el 2017 la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, segunda firmante del proyecto en cuestión, intentó remplazar con “voluntarios” a docentes que hicieran huelga. Además de un fracaso rotundo, en su momento se difundieron denuncias de los supuestos voluntarios que amenazaban con lemas fascistas a docentes con intención de meterse en las escuelas.

El debate se extendió y ni la propia gobernadora pudo sostener la propuesta, dado que además de inviable desvirtuaba el sentido de la educación y de la escuela, incluso advertido por las propias familias ante todas estas denuncias.

Con este proyecto sucede lo mismo. Las “guardias mínimas” cumplirían la función de contener, de cuidar cientos de niños con un grupo del personal reducido, pero no de formar y educar, que debería ser la función social principal de la escuela.

En este punto la derecha explota -hasta cierto punto de forma hábil- el interés académico lógico en las familias en que se atienda a la continuidad escolar y la preocupación sobre todo por la presión laboral de las mismas en sus respectivos trabajos. Especulan con esta otra función que cada vez más ha adoptado la escuela, como lugar de cuidado frente a las extensas jornadas laborales de las familias.

Por eso es crucial la unidad entre familias y la docencia, contra los gobiernos responsables de la crisis educativa, en la defensa de la educación pública y las condiciones de trabajo que hacen a la particularidad del aprendizaje.

Se trata de defender el derecho a huelga contra este ataque al derecho elemental de toda la clase obrera al momento de limitar la explotación capitalista, conseguir mejoras en sus condiciones de vida y, a su vez, al hecho de que sin las huelgas docentes la lucha estudiantil y de las propias familias que sostenemos todos los días la educación sin dudas estaría peor.

[1] “ARTÍCULO 1°. – OBJETO. Declarar la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.

[2] “ARTÍCULO 6º.- Créase el sistema de guardias mínimas del Servicio Estratégico esencial de Educación Nacional bajo las mismas normas y condiciones de labores que rigen en vigencia (…) El 50% del equipo de dotación docente, auxiliares y directivos asista los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo y que afecte al normal dictado de la propuesta curricular vigente en cada jurisdicción”.

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