María Reigada, senadora provincial bonaerense del Frente de Todos e integrante de la conducción de la gremial docente Suteba (Lista Celeste), presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para “regularizar y financiar de forma permanente la infraestructura escolar”, llamada “Ley Sandra y Rubén” por los dos trabajadores víctimas de la voladura de la escuela nº 49 de Moreno. Un crimen social impune cuya responsabilidad directa recae sobre la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el ex director de Escuelas Sanchez Zinny, nominado para ocupar el cargo de jefe del área de educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero también sobre el ex intendente peronista Walter Festa.

En sus fundamentos, Reigada señala que la provincia tiene 3.684.568 estudiantes (un 54% concentrados en la zona Amba provincial) y 14.430 edificios escolares bonaerenses, equivalentes a unos 16 millones de metros cuadrados de infraestructura. Partiendo del retroceso porcentual del presupuesto bajo el gobierno de Vidal y la subejecución de las partidas para infraestructura, propone elaborar un “coeficiente específico educativo” asignado a la “construcción de edificios escolares, refacción, mantenimiento preventivo, ampliación, mobiliario, equipamiento, conectividad, materiales pedagógicos y refacciones menores” que permitiría destinar 200 pesos por metro cuadrado y 1.100 pesos por estudiante, contra un promedio de 56 pesos por metro cuadrado y 248 pesos por estudiante -que fue lo ejecutado del presupuesto 2019.

Una ley que no asegura nada

El “financiamiento” aludido es completamente insuficiente para afrontar el derrumbe edilicio en las escuelas bonaerenses. Si tomamos en cuenta la inflación del año pasado y la del primer semestre del 2020, el incremento propuesto por Reigada se reduce sustancialmente en términos reales y se evapora en relación a la devaluación del peso con respecto al dólar. En la mayoría de los casi 15.000 establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires hay graves problemas edilicios y un incumplimiento generalizado del protocolo de “escuelas seguras” de la Ctera, y muchos de estos establecimientos son literalmente inhabitables.

Una “ley de infraestructura” debería partir del aumento del presupuesto educativo y establecer cómo se controla la ejecución de los fondos para las obras. El proyecto de la conducción celeste de Suteba deja estas cuestiones vitales a merced del gobierno de Axel Kicillof, de las intendencias y autoridades educativas, y por lo tanto de las fuerzas políticas oficialistas y opositoras de derecha que votaron en la Legislatura la prolongación del presupuesto de ajuste de Vidal. Kicillof, el “ amigo de los docentes” en las palabras de Roberto Baradel, gobierna la provincia de Buenos Aires con el presupuesto del macrismo.

La tragedia de Moreno fue la manifestación más dramática de un ajuste educativo que se repite en toda la provincia y que continúa con el gobierno del Frente de Todos. A más de cuatro meses de iniciada la pandemia, el tándem Kicillof-Vila no ha tomado una sola iniciativa para superar la desinversión estatal en educación. Tampoco para recuperar la Unidad Ejecutora Provincial disuelta por Vidal.

La senadora Reigada, integrante de la dirección de la CTA Yasky, denuncia la subejecución de partidas para infraestructura como parte de la “tierra arrasada” dejada por Vidal, pero apoya la oferta de repago que hizo Kicillof a los bonistas. Un reconocimiento del 98% del capital y de intereses usureros de deuda que torna inviable toda reconstrucción de la educación pública bonaerense, sobre todo cuando el gobierno provincial privilegia el rescate de la educación privada y de los capitalistas de la salud, a quienes financia y subsidia con 400 millones de pesos mensuales.

Sobre llovido, mojado: la conducción celeste convalidó el pedido de nuevo endeudamiento que envió el ejecutivo provincial a la Legislatura por otros 500 millones de dólares, y 28.000 millones de pesos. A la hipoteca impagable que representa la deuda sobre deuda se agrega la potestad -que reclama Kicillof- para “reasignar partidas” no ejecutadas. Quienes hablan de “deuda sostenible” para encubrir esta fenomenal hipoteca están inhabilitados para toda lucha seria en defensa de la escuela pública.

Descentralización y municipalización

Suteba paga caro su integración al gobierno de Kicillof y a las listas del Frente de Todos. Bajo el eufemismo de “fondos propios, algunos específicos, y otros generales que se deriven a los municipios”, María Reigada propone que un porcentaje de la explotación del juego en la provincia, bingos y máquinas tragamonedas vaya a financiar las necesidades de infraestructura. De avanzar el proyecto del Fdt-Suteba en un senado donde Juntos por el Cambio tiene mayoría parlamentaria, todavía está por verse cuál será el porcentaje final para “infraestructura escolar” y si este sale efectivamente de las ganancias de los empresarios del juego. La ley que promueve la conducción celeste convive con el presupuesto de ajuste y recorte, y no roza siquiera el impuesto a los capitalistas, a la oligarquía y al capital financiero para financiar a la educación pública.

La “ley de infraestructura” sí profundiza la municipalización educativa, al proponer que la distribución de los recursos se descentralice a los municipios y a los consejos escolares, y que una parte vaya directamente a las escuelas bajo la forma de un Fondo Escolar Básico. Los criterios de distribución también estarían enmarcados en el “Coeficiente de Distribución Educativa” basado en la población en edad escolar, matrícula, cantidad de escuelas y necesidades básicas insatisfechas de cada municipio. En cada uno de estos serían las Unidades Educativas de Gestión Distrital (UEGD), con la participación de las autoridades educativas, el municipio, la cámara de comercio, las “fuerzas vivas”, consejeros escolares, las iglesias y los sindicatos, las encargadas de determinar las prioridades en el uso de los fondos asignados.

El proyecto oculta que las organizaciones gremiales son una minoría en las UEGD, con mayoría de las autoridades municipales, el gobierno y los representantes patronales -incluso de la educación privada. Reigada y Suteba llaman “voluntad de la comunidad educativa” a estas “unidades de gestión educativas” dirigidas por funcionarios políticos de los gobiernos de turno. Pero además la “cadena de responsabilidades”, como se encubre la descentralización, conduce a todo tipo de negociados con los proveedores locales, sobreprecios, y a la explotación de mano de obra precaria -por los intendentes- bajo la forma del “trabajo solidario” de las cooperativas. Se cede el control de los recursos para obras a las mismas intendencias que se quedan con las partidas destinados al Fondo Educativo. En las condiciones críticas de los municipios que no garantizan siquiera el pago de los sueldos, la descentralización equivale a un cheque en blanco a los jefes comunales y acentuará la desigualdad educativa. El “Fondo Escolar Básico” traslada una vez más la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas a los propios docentes mientras se consagra un presupuesto educativo de hambre. Para los equipos directivos esto implica un abandono de la función pedagógica y una sobrecarga laboral.

La razón de fondo de la descentralización es eximir al Estado provincial de su responsabilidad en el financiamiento de la educación, como exigen los bonistas buitres para asegurarse el cobro de la deuda fraudulenta y usurera.

Luchemos por el aumento inmediato del presupuesto educativo

Sin presupuesto 2020 y condicionado este al arreglo ruinoso con los acreedores, la “ley de Suteba” no garantiza nada y está por fuera de toda movilización, lo que anticipa un nuevo fracaso.

La docencia bonaerense tiene que ponerse a la cabeza de la lucha por un verdadero aumento del presupuesto educativo, como parte de un plan de acción integral en defensa de la educación pública afectando los intereses de los grandes capitalistas de la provincia. No pago de la deuda externa nacional y provincial y ruptura con el FMI. Independencia de Suteba y los sindicatos docentes de los gobiernos de Alberto Fernández y Kicillof. Control de los fondos y recursos educativos por los trabajadores.