Desde anoche circula por los medios la resolución del gobierno de CABA (GCBA) que prohibiría el uso del lenguaje inclusivo en la educación inicial, primaria y secundaria de la Ciudad de Buenos Aires. Lo primero que hay que señalar es que Argentina no cuenta con lengua oficial avalada por ley nacional o por la Constitución, mucho menos con legislación sobre una variedad o uso oficial. De ahí que, en realidad, las variedades “porteña/bonaerense”, “cordobesa”, “jujeña” del castellano coexisten en las escuelas (y en otros ámbitos) sin más regulación que la del mismo uso. Es por esto que la resolución 2022-2566-GCBA da numerosas vueltas jugando con un doble valor de la noción de reglas: se refiere a reglas gramaticales, pero no legislativas, para hacer creer que las normas del castellano y las instituciones citadas (la Real Academia Española y la Academia Argentina de la Lengua) tiene algún valor legal y sancionatorio. Pero la verdad es que no tiene un marco legal que sustente la prohibición, y es por eso que luego de un larguísimo listado de considerandos, solo aparecen unas guías que recomiendan determinados usos en el aula como modo de atacar el derecho al uso del lenguaje inclusivo.

¿De qué normativa me hablás?

Los considerandos de la resolución son un verdadero pastiche.

Por un lado, se hace particular hincapié en que todo uso que no respete la gramática y la normativa (insisto, de la Real Academia Española, no de una legislación nacional) conllevaría dificultades en el aprendizaje de la lengua. Pero hay que destacar que no existe ninguna evidencia que establezca una relación entre el fracaso escolar o el bajo rendimiento en evaluaciones (o incluso en pruebas estandarizadas) y el uso de lenguaje inclusivo.

Además, según esta resolución, el aprendizaje de la lengua no está condicionado (y puesto en riesgo) por el estado deplorable de los edificios escolares (de hecho, la falta de calefacción en las escuelas también se verifica en la Ciudad de Buenos Aires, como, por ejemplo, en el Liceo 12), por los salarios de miseria de lxs docentes que deben trabajar muchas más horas de las que permiten llevar adelante su tarea adecuadamente, por la falta de formación gratuita y en horario de trabajo para lxs docentes, por el hecho de que la mitad de lxs niñxs se encuentren en situación de pobreza o indigencia. Semejante fetichización de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua (sea la variedad o forma discursiva que sea), aislando el proceso de enseñanza-aprendizaje de las condiciones histórico-materiales en las que se produce, sería menos grave si se tratara de un comentario al pasar; en este caso, tratándose de una resolución de un gobierno, se trata de un intento de justificar su propio fracaso en el terreno de las políticas educativas.

Tal vez convenga recordar que esta gestión lleva quince años al frente del GCBA, con plena responsabilidad en el terreno educativo. Lxs actuales egresadxs del Nivel Medio han cursado toda su escolaridad bajo los gobiernos de Macri y Larreta.

El valor de cambio de los derechos

Por otra parte, buena parte de los argumentos de los considerandos podrían usarse en una resolución que promoviera el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Todos aquellos que hacen referencia a los derechos humanos, a los derechos lingüísticos, a la libertad en términos generales, no sostienen la necesidad de coartar el uso del lenguaje inclusivo. El hecho de que “la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 23 reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática” no explica ni sostiene ni permite concluir de ningún modo que el lenguaje inclusivo deba ser excluido de los ámbitos educativos, sino que en todo caso sería un buen argumento para sostener lo contrario. Aunque cabe señalar que no es novedoso que se apelen a derechos o libertades legales para justificar ciertas políticas por parte de movimientos conservadores o incluso fascistas: el apartheid (régimen de opresión y segregación racial de Sudáfrica que tiene sus primeras leyes en 1912, se consolida en 1948 y finaliza formalmente 1992) sostenía que la división de los diferentes grupos raciales se basaba en el noble propósito de promover el “desarrollo de cada grupo”.

Por último, la idea de que el lenguaje inclusivo es algo ajeno a la escuela (a estudiantes o docentes) no solo no se sostiene, sino que la resolución está mostrando exactamente lo contrario: parece que ya no es un fenómeno menor, sino de importancia en el conjunto de la comunidad educativa.

“La deformación del uso del lenguaje”

Un párrafo especial merece el considerando que sostiene que “la deformación del uso del lenguaje tiene un impacto negativo en los aprendizajes, máxime considerando las consecuencias de la pandemia”. Según Rodríguez Larreta y Acuña, que no se cansan de citar a la Real Academia Española, el lenguaje inclusivo constituiría una deformación del uso del lenguaje. Se ve que tienen una idea de cambio lingüístico bastante extraña. ¿Qué entienden por deformación? ¿Acaso habría un castellano puro, no deformado? ¿Qué viene después, el aprendizaje del uso de la conjugación de los verbos con las personas “tú” y “vosotros” en lugar de “vos”y “ustedes”? O mejor aún, dejemos de lado este deformado lenguaje que usamos, el castellano, y volvamos al latín. Pero el latín también es, en sus términos, una deformación. Volvamos al indoeuropeo… mejor al protoindoeuropeo. La ideología del purismo lingüístico siempre está al servicio de quienes intentan congelar la lengua, política que se corresponde con otras formas conservadoras y reaccionarias de hacer política y pensar la sociedad.

Y si el problema es la escritura y la diferencia con la oralidad, pues entonces que se prohíba enseñar inglés en la primaria con el mismo argumento: si lxs chicxs tienen que aprender una lengua en la que “laugh” se lee “laf”, seguro que no aprenderán nunca la lectoescritura.

La uniformidad discursiva: los casos del fascismo y el nazismo

La ideología del purismo lingüístico fue uno de los sustentos de la política lingüística tanto de Mussolini como de Hitler. En los dos casos, las políticas lingüísticas tendieron a una “limpieza” de formas impuras del lenguaje. En el caso del italiano, lo más conocido es el intento de prohibición del pronombre “lei” para referirse a “usted” (el pronombre también significa “ella”), por feminizar la lengua, quitarle virilidad, pero además por tratarse de un uso extranjerizante (es decir, no puro). La política fascista intento imponer en su lugar el uso de “voi”. Lo importante, bajo el fascismo, es controlar el uso lingüístico de modo que no haya multiplicidad de sentidos. La uniformidad lingüística despoja a toda persona de su capacidad de expresarse, y la somete a los sentidos que da el régimen a cada palabra o frase.

En el caso del nazismo, la política lingüística sobre el alemán se produjo bajo dos mecanismos: la asignación de nuevos sentidos a palabras existentes como “héroe” o “nación”, y la construcción de neologismos como “higiene racial”. La nueva lengua del Tercer Reich organizaba y regulaba todos los usos y ámbitos, al punto tal que toda violación a la uniformidad lingüística podía ser condenada con cárcel.

El valor de uso del lenguaje inclusivo

El lenguaje inclusivo emergió de la mano de los movimientos por los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTBQ+. Irrumpió en distintas sociedades y en distintas lenguas, con características disímiles. El mismo comunicado de la RAE que tanto cita la reglamentación del GCBA es una buena muestra que el lenguaje inclusivo no es solo argentino.

En Argentina, con procesos como el de Ni Una Menos y la conquista de leyes que regulan algunos derechos (Matrimonio Igualitario, Ley de identidad de Género, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo), se ha transformado en la expresión discursiva de uno de los movimientos más populares, fuertes y numerosos de las últimas décadas. El ataque al uso del lenguaje inclusivo es un intento de atacar a ese movimiento. Por eso, el intento de regular su uso en las escuelas debe ser denunciado y combatido: defendemos el derecho al uso del lenguaje inclusivo porque formamos parte de una lucha mucho más grande que el mero uso de ciertas formas del lenguaje.

Seguiremos usando el lenguaje inclusivo en las aulas (¿acaso alguien cree que efectivamente es posible evitarlo?), pero sin fetichizarlo; en paralelo, seguimos batallando por un conjunto de reivindicaciones: políticas efectivas contra la desocupación y pobreza de mujeres y del colectivo LGTBQ+, por la instrumentación efectiva en todo el país de cupo laboral trans, la aplicación sin restricciones de la IVE, la aplicación de una ESI científica y laica que abandone todo binarismo de género, y, en definitiva, contra todas las formas de discriminación y opresión cotidianas sobre mujeres trabajadoras y diversidades trabajadoras.