Educación

15/7/2020

Reabren las escuelas sin condiciones sanitarias

Los gobiernos y Ctera, una unidad nacional contra la educación.

El ministro Nicolás Trotta anunció este martes 14 el regreso a las aulas en nueve provincias -Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Misiones y Corrientes- en conjunto con sus gobernadores. Desde el Ejecutivo nacional ya adelantan que las que siguen serán la Rioja, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos. Cuando afloje un poco el frío, también lo harán las provincias patagónicas.

La apertura de las escuelas, cuando los contagios han superado los 3.600 diarios y el número de muertes se duplicó, con especial crudeza en zonas urbanas y particularmente en el Amba, responde a la exigencia de los capitalistas de abrir toda la actividad económica para el desarrollo de su producción y desenvolver a fondo la actividad comercial.

El presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunciaron el fin de la cuarentena renga que habían establecido hasta este viernes. Las declaraciones de Alberto Fernández de que “necesitamos que cuando el 17 de julio termine esta cuarentena fijemos el horizonte y empecemos a trabajar para desarrollar la economía, la producción y el trabajo” (Clarín, 11/7) dejan en claro que los reclamos de los empresarios pesan más que cualquier criterio sanitario.

Protocolo del ajustazo

La introducción del Protocolo Marco para la apertura de escuelas anticipa que es un papel mojado: tras señalar que “constituye un piso mínimo de requerimientos” (Resolución CFE N° 364/2020), aclara que su instrumentación quedará a cargo de cada una de las jurisdicciones. Esto es lo que fue suscripto por todos los gobernadores en el Consejo Federal de Educación y apoyado por toda la burocracia sindical docente, especialmente la que conduce la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).

Trotta declaró que “la escuela que no garantice la infraestructura no abre, aunque allí nunca haya circulado el virus. Y eso es responsabilidad del Estado de cada provincia” (Clarín, 14/7). Pero, según él mismo informó, su cartera dispondrá apenas de 2.300 millones de pesos para abastecer a 63.591 instituciones educativas públicas del país de la infraestructura y de los insumos sanitarios y de higiene, básicos para readecuar las escuelas en medio de la pandemia. Se trata de $36.168 por establecimiento, mientras su gobierno paga miles de millones de dólares a los usureros internacionales y al FMI.

Protocolo del vaciamiento

Con esos recursos, si los recibiera, una escuela debería “asegurar el acceso a lavamanos (agua, jabón y toallas de papel descartables), dispensadores de alcohol en gel antibacteriano o alcohol líquido al 70%” y garantizar que  “la higiene de manos será al llegar a la escuela, antes y después de los recreos, antes y después de comer, luego de haber tocado superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, entre otros), antes y después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales (jardines maternales), después de toser, estornudar o limpiarse la nariz”.

Pero solo las mascarillas de acetato, que serán obligatorias,  tienen un valor en el mercado de $300, lo que multiplicado por el millón de docentes que hay en el país  equivale al 10 por ciento de la partida anunciada por Trotta.

En su punto 7.20, el “protocolo” descarta las “barreras físicas como separadores entre los bancos o pupitres”, debido “a razones económicas, las dificultades de instalación y de mantenimiento (…) y debido a que acentúan el aislamiento emocional dentro del aula (¡!)”.

A su turno, exige con lógica “definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso de que presenten síntomas de COVID-19” (punto 3.7). Pero con escuelas sobrepobladas y sin recursos especiales para ello, eso solo es posible anulando un aula, o la dirección de la escuela. De cualquier manera, hecho el protocolo, hecha su negación: si no hay aulas, la norma plantea “la habilitación de espacios no escolares de intercambio de la comunidad” (punto 4.7).

Protocolo del contagio

Si en alguno de los grupos de alumnos se produjeran contagios ,“el/la docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado con el grupo podrá seguir dando clases al otro grupo” (punto 5.A). Si un chico/a tuviera contacto estrecho con otro con un familiar enfermo, “no debe guardar ningún aislamiento y puede seguir asistiendo a clases. El mismo procedimiento se aplicará a directivos, personal docente y no docente” (Punto  5.1.2).

Este esquema, que especula con el período de latencia del virus (el tiempo desde la exposición hasta el inicio de la infecciosidad), fue el utilizado por Israel para volver a la presencialidad, lo que devino en un rebrote agudo de la enfermedad.

Protocolo del transporte inseguro

“Según datos del Ministerio de Transporte de la Nación, aproximadamente el 25% del transporte público corresponde al desplazamiento relacionado con los establecimientos educativos”, afirma el protocolo. En la resolución del Consejo Federal de Educación se indica, en consecuencia, que “resulta fundamental escalonar adecuadamente los horarios de transporte de estudiantes, docentes y no docentes de manera de separarlo de los picos relacionados con los del desplazamiento laboral”, pero no hay un solo indicio de cómo se implementaría esto (Puntos 6.1 y 6.2).

Protocolo de la “biomodalidad” laboral y de la precarización educativa

Las escuelas no tienen estructura para una presencialidad plena. Deberán rotar los alumnos, divididos en dos y hasta tres grupos. Esto obliga a la/el docente a cubrir con trabajo remoto,  en el mismo día, a quienes no  asistan por falta de espacio (Punto 8.26). Ello, incluso,  fuera del respeto a los derechos laborales, tales como la “atención a agrupamientos fuera del horario escolar establecido (ejemplo: los fines de semana)”, o a partir de abrir “un registro de organizaciones y centros locales/comunitarios o barriales que pueden colaborar en esta actividad” (Puntos 8.29 y 8.33).

El protocolo aprovecha la crisis de la pandemia para desvalorizar aún más la educación pública y flexibilizar la labor docente.

Ctera garante

Como ya se señaló, Ctera apoyó presencialmente, en la 97ª Asamblea del Consejo Federal de Educación,  la firma de los protocolos de regreso a las aulas. En sintonía con ello, en las reuniones de esta semana de la gremial Suteba (de la provincia de Buenos Aires, la más afectada por la pandemia), la conducción -Lista Celeste- puso como un eje “Debatir, pensar y construir la vuelta a la escuela” (Suteba La Plata). Esto fue ratificado por la secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre, que en la reunión de delegados del Suteba Lomas, también señaló que en Buenos Aires “había que pensar en el regreso”, y que discutirán con el gobierno las garantías para ello. Son los mismos que de marzo a la fecha han dejado pasar todos los atropellos, desde miles y miles de despidos hasta el sobretrabajo impuesto por la virtualización forzosa.

Bajo el control de los docentes

Sin presupuesto, sin elementos de protección y de salubridad, sin refacciones, sin cobertura de cargos , sin transporte y sin salario para todos no hay protocolo; hay ajuste, precarización laboral y degradación educativa.

Pongamos en pie en cada escuela un comité de seguridad e higiene electo por los/ las compañeros, para arrancar todas estas reivindicaciones.