Se inició por parte del Ministerio de Educación de Río Negro la implementación y ampliación de la “hora más” a más escuelas. Si bien se enmarca en un proyecto que impulsa el gobierno nacional, que brinda el financiamiento, en Río Negro el proyecto viene de vieja data y es un instrumento que precariza laboralmente a la docencia.

Uno de los ejes más importantes que impulsan las reformas educativas desde la implementación de la menemista Ley Federal de Educación y que profundiza la kirchnerista Ley Nacional de Educación es avanzar contra los estatutos docentes. La implementación de diferentes programas y proyectos pilotos como las escuelas y colegios de gestión social, Jornadas Extendidas y Hora Más, por solo nombrar algunos de ellos, tiene como punto de partida la discrecionalidad en el ofrecimiento de cargos, es decir, pasar por encima de una de las conquistas básicas y más importantes de la docencia como son las subastas de cargos en asambleas públicas. Esta situación produce una desigualdad entre la docencia, lo que es alentado por los gobiernos para dividir y fragmentar. Los bajos salarios obligan a muchos compañeros y compañeras a aceptar estas situaciones.

Se introduce, además, en estos proyectos, otro eje que las patronales quieren imponer en educación: los cargos a término, la precariedad en la labor docente. Todos los cargos cesan previa asamblea de los mismos y es resorte de los equipos de conducción la continuidad o no en estos o en los talleres. Durante muchos años, tanto el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) como otros organismos internacionales financiaron estos programas o proyectos piloto. Incluso financiaban la compra de los materiales didácticos para los talleres, dinero que los gobiernos entregaban muy tarde, casi sobre el final del año, inflación mediante, por lo que era habitual que maestras y maestros talleristas solventen las compras de sus propios bolsillos en espera de su devolución. Después de la pandemia, el sostenimiento de los insumos de los talleres ha recaído por completo en los equipos directivos y docentes.

A los cargos a término y la discrecionalidad en la toma de los mismos se le suma que la docencia no es conceptuada, es decir, no es evaluada en los cargos trabajados. Esta apreciación necesaria para la práctica docente apunta a reflexionar sobre la propia práctica y sumar experiencia, y también sirve para sumar antecedentes en los legajos, como puntaje en los listados de junta de clasificación. La desigualdad que persigue el gobierno entre docentes que cumplen la misma labor pedagógica no solo es salarial.

En resumen, es una política de Estado, con la connivencia de todos los partidos patronales, ampliar los proyectos ya existentes y por lo tanto ampliar la precarización laboral a más escuelas y más niveles educativos.

Como hemos planteado anteriormente, esta situación no es desconocida para las conducciones de UnTER actuales (Azul-Arancibia) y pasadas (Celeste). El cuadro de complicidad de las conducciones sindicales le permite al gobierno ni siquiera responder sobre el rechazo por mandato del congreso que se lleva a la paritaria.

Para completar el cuadro de desigualdad educativa, debemos añadir que por ahora, a las y los estudiantes de “hora más” no le tienen contemplado el refuerzo del refrigerio. Poca comprensión del hecho educativo tienen quienes promueven más tiempo de clases con estudiantes sin una alimentación adecuada que les permita apropiarse de los contenidos dados. Ante la consulta de muchos docentes sobre esta situación, la respuesta es que “enviarán más pan y más queso”, como si eso pudiera completar los nutrientes necesarios.

El conflicto docente lleva como reclamo el rechazo a la hora más, por lo que está planteado que se ponga fin a todo proyecto y programa que no respete el Estatuto Docente. Abajo la precarización laboral y los cargos a término. La educación pública necesita aumento del presupuesto, más cargos docentes para la atención de la desigualdad social y educativa que generan los gobiernos provincial y nacional, refuerzo nutricional para las y los estudiantes e infraestructura escolar que esté en condiciones de seguridad, higiene y habitabilidad, cuya falta es la verdadera razón de la mayor pérdida de clases.