A lo largo de este año, y luego de su resolución “inclusiva”, el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz produjo un fenomenal abandono pedagógico, desligándose por completo de su responsabilidad de sostener el sistema educativo y descargandola en los docentes, los estudiantes y sus familias. Suena y debe sonar reiterativo: el gobierno de Santa Cruz ante el Covid-19, la cuarentena y sobre todo sus responsabilidades apelando al protocolo, no hizo más que lavarse las manos.

Hemos señalado en artículos anteriores que discrepamos con la idea de que la escuela es el motor de la movilidad social ascendente, de que la escuela es el centro de la inclusión social y atiende a las desigualdades. Esto no sucede así, ya que pese a los esfuerzos constantes de todos los trabajadores de la educación, la escuela es reflejo de las desigualdades sociales y no al revés.

A lo largo del año, en el cual la virtualidad ha sido la nota predominante, el gobierno nacional y los diversos gobiernos provinciales intentaron por todos los medios demostrar que pueden sostener un “vínculo pedagógico”, sin nada de pedagogía. Cuadernillos, programas de radio y televisión, plataformas virtuales, no solamente no lograron suplir el rol del docente y la educación presencial, sino que además dejaron al desnudo la profunda desigualdad de la Argentina a lo largo y a lo ancho de su territorio.

De la Resolución 612/20 a la 1291/20

Santa Cruz no desentonó y la improvisación fue la nota dominante. Recordemos la implementación de la Resolución 612/20 antes de los efectos de la cuarentena y la virtualidad, que implicó una especie de promoción asistida. Esta idea fue adoptada luego por el Consejo Federal de Educación como consecuencia de la cuarentena, la ausencia de presencialidad y la también ausencia de medios para el desarrollo de la virtualidad.

La Resolución 612/20 estableció que aquellos estudiantes que no hubieran acreditado a la fecha 24 de abril de 2019 los espacios curriculares del ciclo 2019 (ciclo lectivo normal), podían acceder a las propuestas pedagógicas del año inmediatamente superior, aclarando y determinando, además, dentro del mismo texto, que las instituciones educativas y los docentes en particular deberían garantizar la promoción de los y las estudiantes.

Para el gobierno, los principios por los cuales las familias envían a sus hijos a las diversas instituciones educativas -esto es para que adquieran aprendizajes, capacidades y diversos tipos de herramientas necesarias para la vida- han sido borrados por parte de la gestión la titular de la cartera educativa, Cecilia Velázquez. No importa cuánto y cómo los alumnos y alumnas aprenden, sino que pareciera que solo importa garantizar el tránsito y promoción de los estudiantes a como dé lugar.

El gobierno intenta disfrazar la desigualdad creciente de la sociedad santacruceña, donde, según señala el INDEC, 1 de cada 4 habitantes de Río Gallegos está por debajo de la línea de pobreza, con su falsa idea de inclusión. Entonces, en lugar de aportar todos los recursos y medios necesarios para brindar a los estudiantes con mayores dificultades socioeconómicas nuevas oportunidades de aprendizaje, se pretende esconderlos bajo la alfombra de las estadísticas. La promoción asistida de la Resolución 612/20 no incluyó, sino que perpetuó la desigualdad, ahondandola aún más.

Pero esto no es todo: hace pocos días, 20/10, el Consejo Provincial de Educación desempolvó sus sesiones para aprobar, con el voto en contra de los representantes docentes, la Resolución 1291/20. Aquí también, envuelto en una gran fraseología progresista, el Consejo descarga sobre las instituciones y las y los docentes la responsabilidad una vez más.

Tomemos sólo un ejemplo. La Res. 1291/20 afirma para el caso de la educación secundaria: “A fin de garantizar el ejercicio del derecho de los/as estudiantes a una educación pública, popular, inclusiva e integral, resulta necesario reconocer al interior de cada una de las instituciones educativas, las progresiones de aprendizaje que permitan analizar las relaciones entre los objetos de enseñanza, las prácticas asociadas a los aprendizajes y las circunstancias bajo las cuales esos aprendizajes cobraron significado”.

Para traducirlo, nuevamente las instituciones educativas y sus docentes deberemos hacernos cargo de las tareas que el gobierno no hizo ni está dispuesto a hacer: elaborar diagnósticos sobre la situación socioeconómica de estudiantes y docentes, diseñar políticas para atender integralmente a las desigualdades preexistentes y existentes en la escuela, que permitan y favorezcan el acceso y el desarrollo de las propuestas que con tanto esfuerzo elaboran los docentes. Es decir, que el gobierno otra vez se desentiende de garantizar el derecho a aprender.

Sobre la meritocracia y la falsa idea de inclusión kirchnerista

Nuestros estudiantes, que fueron abandonados por un gobierno que les arrojó un cuadernillo y “si te he visto no me acuerdo”, se muestra ahora preocupado por la desigualdad que cualquier tipo de evaluación pudiera generar. No se comprende muy bien como un gobierno que profundiza la desigualdad con sus políticas socioeconómicas, pretende encontrarse con mayor igualdad e inclusión.

No abrevamos en la fuente de la meritocracia, en la cual se pone el acento en el esfuerzo individual como única variable, donde el deseo y el esfuerzo parecieran ser el único motor para lograr ciertas metas. Sin embargo lo del gobierno kirchnerista es un enorme acto de hipocresía. No aporta ninguna herramienta extra a aquellos estudiantes que tienen mayores obstáculos desde su origen o situación, no les arriman ni un banquito para poder alcanzar las golosinas del estante, en lugar de ello solo intentan esconder la meta para demostrar que todos lograron llegar a algún lugar, pero que nunca es el mismo, reproduciendo las desigualdades. Para propender a la inclusión el gobierno debe destinar recursos económicos y humanos, estrategias y tiempo. Declamar la inclusión sin nada de ello es apelar a la magia. Y nada es magia.

En este contexto, no podemos dejar de mencionar la política sistemática de cierre de cursos llevada adelante por parte del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Hace unos días conocíamos una nota en la cual se notificaba a una escuela de Caleta Olivia del cierre completo de una cohorte.

¿Es esto una política que promueva la inclusión? ¿El cierre de cursos ayuda a poder atender a las particularidades y heterogeneidad que la escuela en la actual situación expresa?

¿Qué hacemos docentes, estudiantes y familias?

Los docentes, estudiantes y familias debemos entrar en acción para que no se concrete esta nueva gran estafa educativa. Debemos agruparnos, reunirnos y debatir los problemas educativos que el gobierno solo intenta ocultar. En nuestras manos está la realización de un Congreso Educativo para debatir y definir un plan de acción que obligue al gobierno santacruceño a abandonar el relato y afrontar la realidad.

Becas masivas para nuestros estudiantes.

Universalización en la gratuidad en el acceso a internet.

Designación de tutores y demás recursos humanos para generar nuevas instancias y oportunidades de aprendizaje.

No a los cierres de curso ya anunciados por el CPE. Los cursos superpoblados no son una política de inclusión.

Salarios acordes al costo de vida para los trabajadores de la educación y para los trabajadores en general.

La desigualdad no es culpa de la escuela sino que refleja el resultado de las políticas gubernamentales.

https://prensaobrera.com/educacion/clases-presenciales-cuando-para-que-en-que-escuelas-con-que-recursos/