El Ministerio de Educación de la Nación aprobó por resolución del Consejo Federal de Educación un protocolo para la vuelta a las clases presenciales, proporcionando un marco general para que cada jurisdicción lo implemente, dejando más incertidumbres que certezas con lineamientos que, a priori, son imposibles de cumplir y que posiciona a las escuelas públicas en un lugar de segura propagación del virus, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

En este contexto, la OMS dio a conocer que, aunque no hay evidencia científica sólida, es posible que el nuevo coronavirus se trasmita por el aire en lugares cerrados, abarrotados y con poca ventilación. “Reconocemos que existe una evidencia creciente en este campo, así como en muchos otros relacionados con este coronavirus. Por ello, tenemos que estar abiertos a estos hallazgos y entender sus implicaciones sobre la forma de transmisión del virus y las precauciones que se deben tomar”, ha señalado la coordinadora de Prevención de Infecciones de la OMS, Benedetta Allegranzi (La Voz, 8/7).

Queda abierto así un nuevo escenario: no se puede volver a clases presenciales en aulas que no se encuentren debidamente acondicionadas para paliar las inclemencias de las bajas temperaturas en pleno invierno (julio/agosto) y que no favorezcan la circulación del Covid-19 (y otras enfermedades respiratorias) por tratarse de espacios confinados.

Un protocolo: distintas realidades

El protocolo aprobado por la nación con el aval de todos los ministerios de educación provinciales, contradice las propias políticas educativas que se están desarrollando de la mano del gobierno de Juan Schiaretti. El cierre de las escuelas especiales, por ejemplo, ha puesto en una situación de desamparo a los y las niñas con necesidades especiales, que por razones económicas, por la falta de una obra social o bien porque el Estado no paga en tiempo y forma a los y las maestras integradoras, quedan en situación de vulnerabilidad absoluta, sobre todo en un contexto como el que estamos transitando.

El protocolo de Trotta habla del “acondicionamiento de espacios de aislamiento” ante la presencia de sintomatología, tanto de adultos como de menores. De más está decir que en ninguna escuela del Estado “sobra” el espacio, por lo que se torna imposible proporcionar el mismo.

Ante la detección de un caso positivo confirmado, el protocolo nacional estipula el cierre por 24 horas del establecimiento para su total desinfección y su posterior apertura, sin determinar qué ocurrirá con los contactos próximos al caso.

La proposición de “aulas burbuja” es un disparate en sí mismo, ya que por mucho que se aísle a un determinado grupo dentro de la institución, los y las alumnas llevan una vida social fuera de ella, sin mencionar que las y los docentes de secundaria debemos trasladarnos de una escuela a otra para poder conformar un salario que nos permita llegar a fin de mes.

La desidia del Estado

A pesar de los constantes reclamos del conjunto de las y los docentes, inclusive antes de decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba no ha invertido un solo centavo para el acondicionamiento de las escuelas; muy por el contrario, el programa Aurora (que se puso en marcha para la construcción de instituciones educativas) fue paralizado en diciembre de 2019, las obras de infraestructura se limitaron, hasta iniciada la cuarentena, a emergencias cuyo criterio de prioridad nunca estuvo en conocimiento de las escuelas.

Deberemos enfrentar un regreso a las aulas con escuelas que no estaban en condiciones de funcionar y ahora se encuentran mucho más deterioradas por la falta de mantenimiento en estos meses. El Estado no ha puesto un solo ladrillo o vidrio faltante desde marzo a la fecha. El Ministerio declaró que las familias resolverán si mandan o no a sus hijes, o sea que saben muy bien que las escuelas no tienen condiciones y no hay ningún plan coherente y con presupuesto necesario para revertir esa situación. Así, pretenden que llevemos adelante protocolos impracticables.

La reforma laboral ya se está imponiendo en la educación

En este marco, el gobierno provincial y municipal de Córdoba, con el pulgar arriba del nacional, meten la reforma laboral en educación, imponen el sistema mixto de enseñanza virtual y presencial, a costa de la explotación de los y las trabajadoras.

Lo que no pudo ser implementado con el Nuevo Régimen Académico, por el rechazo de las escuelas y la organización de sus docentes, es impuesto escudado en la “nueva normalidad” y la imperiosa necesidad de la virtualidad  pone sobre los hombros de las y los docentes la carga de llevar adelante y tirar de un sistema educativo que a las claras no está a la altura de las necesidades y debe usufructuar los recursos de trabajadores y trabajadoras.

Debido a la cuarentena y sus alcances, se suspendieron los actos públicos y la cobertura de horas y cargo. Este hecho no es menor, ya que las distintas inspecciones exigen que esos alumnos y alumnas no pierdan contacto pedagógico, lo que debe ser cubierto con el trabajo ad honorem de docentes de otros cursos o bien (en media) de los y las tutores, que de por sí deben acompañar el trabajo de todos los y las alumnas de la institución con una cantidad ínfima de horas cátedra (de dos a cinco).

El silencio cómplice la burocracia sindical

Así las cosas, la burocracia de Uepc (docentes cordobeses) presenta una parálisis abrumadora, enmascarando un “estado de acción de lucha” con concentraciones lábiles y sin convocatoria más allá de los cuerpos orgánicos de riñón celeste, enarbolando el ficticio rechazo a la reforma jubilatoria. Ante las resoluciones del Ministerio sobre las condiciones de vuelta a clases, Uepc no ha organizado a las escuelas y su comunidad educativa, a pesar de que urge un relevamiento inmediato de esas condiciones y un listado donde se expongan toda la infraestructura que cada escuela necesite para cumplir con protocolos elementales. Por su parte, la conectividad liberada y gratuita es clave para un sistema “dual” y para establecer “equidad”, pero eso tampoco ocurrió.

Completamente alejados de las bases y de las escuelas, incluso ignorando el reclamo de tres mil suplentes sin trabajo, la Uepc lleva adelante una impostura que ha sido superada por la oposición docente, evidenciada en varios plenarios y asambleas por escuelas autoconvocadas, en las que se resuelven pronunciamientos y medidas de acción, como cuando salimos a la calle durante el apagón virtual. Lo mismo ocurre con las organizaciones de jubilados, que ya concretan la cuarta concentración desde la cuarentena.

Organicemos una salida de las y los trabajadores

Nos queda la  tarea de organizar cada escuela para que, asamblea mediante, podamos definir un comité de seguridad e higiene propio, integrado por la comunidad educativa para evaluar que se cumplan las condiciones por parte del Estado de los protocolos de seguridad e higiene para volver a las escuelas.

Por la inmediata puesta en pie de todas las obras de infraestructura necesarias. Conectividad libre y gratuita.

Ningún estudiante sin docente y ningún docente sin trabajo, cobertura virtual inmediata de suplencias.

Por un IFE de emergencia de $30.000 que salga de un impuesto a las grandes fortunas.

Asambleas de Uepc y convocatoria a cuerpo delegados para votar un plan de lucha, inmediatamente luego del receso escolar.

Rechazo a la reforma antijubilatoria y a todas las imputaciones a les trabajadores por defender sus derechos.