La dirección de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) mantuvo la semana pasada una reunión con Alberto Fernández.

En el encuentro, una nueva muestra del apoyo electoral al Frente de Todos por parte de Ctera, CTA y el conjunto de la centroizquierda que se está jugando a la tregua, la secretaria general Sonia Alesso, Eduardo López (de la gremial porteña UTE) y Roberto Baradel (de la bonaerense Suteba) entregaron al candidato un “Documento programático para la educación en Argentina”, según fue presentado por un comunicado de la gremial.

El texto está conformado en verdad por puntos vagos e imprecisos, al tiempo que encubre la responsabilidad del kirchnerismo en la crisis educativa, luego profundizada por el macrismo. El área se ha visto golpeada por medidas como la introducción del plan Fines en 2008 (apuntado a la finalización de los estudios en desmedro del proceso educativo), la disolución de los Equipos de Orientación Escolar y de los bachilleratos, el achicamiento y la supresión de carreras y la degradación de contenidos.

El documento plantea que “el Estado debe tener la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades”. Sin embargo, el kirchnerismo continuó con la orientación –que viene desde la década de los ’50, y ya había dado saltos con la dictadura del ‘76 y con Menem– de transferir la responsabilidad de las escuelas y centros educativos en provincias y municipios quebrados: esta descentralización no fue revertida por la Ley de Educación Nacional de 2006 ni por la de Financiamiento Educativo de 2005. En sintonía con esto, está ausente del programa de Ctera el planteo de la renacionalización, remplazado aquí por el eufemismo “resignificación como una política nacional”.

La dirección de Ctera plantea en el comunicado que acompaña al texto “la necesidad de restituir la paritaria nacional docente” liquidada por el macrismo en el 2017. Es preciso señalar que la misma reunía a las partes para establecer una retribución mínima de los trabajadores y materias de índole económica, laboral, asistencial, previsional y en general de condiciones de trabajo. Sin embargo, la mesa paritaria nacional no fijaba un salario básico único sino un piso de referencia, que derivó  en una enorme dispersión salarial denunciada por numerosas luchas docentes provinciales en los años del kirchnerismo. En 2012 y 2013, el gobierno nacional cerró las paritarias por decreto, al igual que Scioli en la provincia de Buenos Aires en 2013, dando cuenta de los límites de este mecanismo también desde el punto de vista de la real incidencia de los trabajadores de la educación en la mesa paritaria.  Políticamente, esta instancia catapultó a la Ctera en calidad de sindicato oficialista y la colocó como colaboradora de los gobiernos en la aplicación de un cuadro salarial a la baja.

“Docentes reconocidos en su trabajo y profesionalidad, con salarios dignos” es otro de los puntos presentes en el programa. Lo que se omite aquí es un planteo concreto de defensa del estatuto docente, cuyas garantías son presentadas por el Banco Mundial como un “privilegio” de la docencia argentina y están en la mira de la reforma laboral en educación, que busca generalizar los ya extendidos contratos precarios y el monotributismo.

Otros puntos proclaman, también de forma vaga, que haya “vacantes suficientes” y “escuelas seguras”, omitiendo la necesidad de construcción de escuelas y jardines según cantidad de población, y del control de la docencia y las familias en la resolución de la crisis de infraestructura escolar.

El remate con el guitarreo pedagógico pinta de cuerpo entero el programa: “un Proyecto educativo a escala nacional, con saberes y contenidos para la soberanía pedagógica”. Lo existente en este terreno son las resoluciones del Consejo Federal que integran los ministros de todas las provincias (es decir, todos los bloques políticos patronales), que se ha apoyado en las mencionadas leyes de 2005 y 2006 para votar la Secundaria 2030 que degrada aún más los contenidos a enseñar y las titulaciones e instituye el trabajo precario bajo la forma de pasantías truchas en 5° año, o la liquidación de la formación docente y sus institutos (que se expresó en la Capital con la Unicaba).

Es indudable que bajo el macrismo todas las tendencias presentes en educación se han agudizado. La ciudad de Buenos Aires ha sido un “laboratorio” de reformas antieducativas, muchas de ellas aplicando leyes nacionales como la del año 2006 (NES) que golpearon a la educación secundaria, o avanzando en la injerencia de las ONG en educación, recortando vacantes en el nivel inicial y atacando la formación docente. López debería explicar qué hizo durante todos esos años en ciudad para dejar pasar estos ataques y qué va hacer su candidato Matías Lammens, el socio de Alberto que busca remplazar a Rodríguez Larreta.

El programa presentado parte de desconocer y encubrir la cogobernabilidad del peronismo en la avanzada de los últimos años, votando leyes de ajuste y el ajuste en sus provincias, y el propio rol de la Ctera, que no organizó la lucha contra el macrismo y se limitó a la convocatoria de paros aislados sin perspectiva alguna de plan de lucha. Mientras la docencia de Chubut lleva desde hace más de un mes una huelga ejemplar por sus reivindicaciones, la Ctera ha acatado el llamado de Fernández de no salir a las calles. Se trata de una dirección integrada al Estado, que pone nuevamente al servicio de los gobiernos capitalistas a la central sindical, como ya lo hizo con De la Rúa y con los Kirchner.

La defensa y mejora de la educación hace necesario que esta sea nacionalizada y de carácter estatal, público, gratuito y laico, con el aumento presupuestario y las obras de infraestructura acordes y garantías de acceso para el conjunto de la población; que se ponga fin a las avanzadas privatistas y que se garantice la defensa del estatuto docente. Un programa ligado a la ruptura con el FMI y la independencia política de los trabajadores.