En los últimos días, el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires emitieron resoluciones que involucran a miles de docentes del Plan Fines (Finalización de Estudios Primarios y Secundarios) y suplentes.

En el caso de Nación, el ministro educativo Nicolas Trotta firmó el viernes 3 la resolución N° 146/2020, que determina la continuidad del Plan Fines. La disposición establece que las provincias tienen plazo hasta el 30 de abril para adherir al programa, lo cual significa que los estudiantes jóvenes y adultos prácticamente han perdido el cuatrimestre y la mayoría de los docentes han quedado desocupados, sin cobrar salario alguno. Un claro recorte por parte del gobierno nacional que, pandemia por medio, dilató la firma de la resolución que tendría que haber salido mucho antes del dictado de la suspensión de clases.

Asimismo, el Ejecutivo insta a las provincias en su anexo a “una administración eficiente y eficaz de los recursos” -un eufemismo para el ajuste, justificado en nombre de “la emergencia económica y sanitaria imperante” (anexo). Pero el ajuste viene de antes: desde la decisión de Alberto Fernández, a días de asumir, de prorrogar el presupuesto de Macri en función del pago de la deuda externa.

Además, la resolución mantiene todo el régimen de precarización laboral, cuya manifestación más evidente es que los docentes continuamos trabajando por fuera del Estatuto. También deja abierta la puerta a que se eliminen los actos públicos para la toma de cargos docentes.

Todo ello cuando la emergencia sanitaria agrava aún más la precariedad del plan, porque la mayoría de las comisiones funcionan en capillas, clubes, centros vecinales, y gran parte de los estudiantes no cuentan con computadoras.

Kicillof contra el salario

El gobierno de Axel Kiciloff, frente a la presión de la docencia de Fines y de los reclamos de las seccionales de la gremial Suteba dirigidas por la combativa Multicolor, dispuso la implementación del “Programa de incorporación especial de docentes y auxiliares suplentes”.

El mismo establece que quienes hayan trabajado como suplentes en los últimos tres meses de 2019, o exclusivamente en el programa Fines por lo menos durante 3 meses del año pasado, podrían obtener el cobro salarial de ocho módulos. Sin embargo, les exige otros requisitos: estar inscriptos en los listados oficiales 2019/2020, no poseer cargos activos a marzo de 2020, no encontrarse en relación de dependencia con empleadores públicos o privados, no ser jubilados y no ser beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia. O sea, restringe aún más la posibilidad de que muchos trabajadores sean incorporados al programa. El gobierno finge desconocer que a los docentes que tienen uno o dos módulos en escuelas públicas o privadas no les alcanza para subsistir.

A su vez, dispuso que aquellos que accedan a este mecanismo queden habilitados para tareas presenciales y no presenciales, como por ejemplo guardias mínimas en los colegios, continuidad pedagógica y tareas de desinfección. Es decir que los docentes nos convertimos en mano de obra barata del gobierno sin tener garantizadas las condiciones de higiene y salubridad ante la pandemia.

Mientras Kiciloff le pagó USD 250 millones a acreedores de deuda en febrero de este año y hace unos días el gobierno nacional hizo lo mismo con los bonistas, los docentes continuamos siendo una variable de ajuste más.

La lucha docente

El gobierno no tenía en carpeta ninguna de estas medidas. Por ello no debemos perder de vista que estas resoluciones, si bien son limitadas y tardías, son la consecuencia de los reclamos que los docentes de Fines impulsamos desde el mes de marzo mediante un petitorio que recogió más de 1.500 firmas, donde se exige la inmediata implementación del programa con todos los docentes incorporados al Estatuto y, que en este contexto de pandemia, se disponga la continuidad salarial integral y de la obra social.

Estos reclamos también fueron tomados por las seccionales de los Sutebas Multicolor, quienes mediante diferentes acciones llevaron al gobierno estas exigencias. Hay que destacar la interpelación de Romina del Plá a Trotta en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, quien fue la única que denunció la precarización laboral, y permitió amplificar la denuncia de los docentes de Fines. Mientras tanto la Lista Celeste de Roberto Baradel, que conduce el Suteba provincial, se limitó en un primer momento a pedir la continuidad de la obra social. Hoy celebra la miseria repartida por Kiciloff y le da la espalda al reclamo de los docentes Fines.

Debemos reforzar esta lucha para continuar exigiendo un sueldo mínimo garantizado de $30.000 a todos los docentes de todas las modalidades, del Plan Fines y todos programas socioeducativos que no han podido iniciar, y por el fin de la precarización laboral docente.