El gobierno de Axel Kicillof implementó un nuevo régimen académico en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. El mismo comenzará a regir en plenitud a partir del próximo año. Conlleva modificaciones pedagógicas, de la organización institucional y de las condiciones laborales de la docencia.

¿En qué consiste el punto central del nuevo régimen académico?

La principal reforma que establece el nuevo régimen académico tiene que ver con la dinámica de cursada para los estudiantes, que, debido a la eliminación de la repitencia, tendrán nuevas instancias de recuperación de contenidos, ahora llamadas “períodos de intensificación”, por eso quienes cursen lo harán por materia, no por año, lo cual generará que haya tres categorías de estudiantes: quienes “intensifican”, quienes recursan directamente y quienes cursan por primera vez.

Esta reforma se aplica mediante cuatro modelos de organización institucional, sólo uno de ellos, el que debería extender la jornada escolar los días sábados, implica que el Estado deba hacer un desembolso en términos de fondos para nombramiento de personal, por eso el gobierno hace hincapié en los documentos, en que es la última opción y la que menos recomienda; el resto de las alternativas significan sobrecarga de tareas al mismo personal docente.

¿Con qué argumentos defienden esta reforma?

Los fundamentos del nuevo régimen académico para las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires (implementado desde junio de este año) hacen hincapié, mediante un discurso progresista, en que la realidad que atraviesan los estudiantes bonaerenses es diversa y compleja, por lo tanto la institución y su dinámica deben amoldarse a las distintas situaciones que atraviesan cada uno de ellos.

Diagnosticar la complejidad de la vida de los estudiantes sin reconocer las causas de la misma es un acto de autoencubrimiento por parte del Estado, en su responsabilidad sobre el deterioro de las condiciones de vida de la sociedad.

Este autoencubrimiento no es resultado de una confusión, al contrario, responde a una política general de los gobiernos capitalistas que le asignan una función de contención y asistencia social a la escuela, ante la debacle generalizada que sufre la sociedad, producto de los sucesivos ajustes que ellos mismos implementan.

¿Qué se discute de fondo?

La consecuencia inmediata de esta politica es la resignación del rol de la escuela como espacio de socialización de conocimiento científico, se abandona la idea de la enseñanza específica de las distintas disciplinas y se da lugar al “desarrollo de habilidades”; el contenido queda en lugar secundario, ahora lo importante es incorporar “aptitudes” y “contener” a la juventud.

Es en este sentido que el nuevo régimen  académico habla de “justicia curricular” como sinónimo de adaptar los contenidos al máximo, al punto de dejar de ser importantes en sí mismos, para transformarse en “herramientas” que sirvan al desarrollo de habilidades sociales y no para producir verdadero conocimiento. Incluso se llega al extremo de que los docentes puedan evaluar materias que sus títulos nos los habilitan a dar.

Se trata de que el alumno permanezca en el aula, en la escuela, incluso si eso no tiene un correlato con la dinámica de enseñanza aprendizaje tal y cual la conocemos. Que el alumno esté en la escuela a como dé lugar, es también el avance de una agenda que en nuestro país han impulsado las fuerzas políticas más conservadoras, confundiendo adrede, cantidad con calidad, imponiendo una lógica productivista a la educación. Este paradigma capitalista (educación al servicio de los intereses empresariales) toma forma concreta con el nuevo régimen académico.

Las condiciones materiales de la crisis educativa

El gobierno pretende atajar la crisis social con la implementación de esta política educativa, pero oculta que la verdadera problemática que trunca el desarrollo académico de la juventud, sucede afuera, con un crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia, debido a las políticas de ajuste que ocasionan desempleo, salarios a la baja y el hambre generalizado.

El relato progresista del nuevo régimen académico se revela como una farsa cuando se trata de la inversión que el gobierno provincial hace en educación ya sea en términos salariales (los docentes perdimos un 35% del poder adquisitivo durante la gestión Kicillof), de nombramiento de personal, de infraestructura escolar (la mayoría de las escuelas tienen graves problemas edilicios) o de los comedores escolares (las deficientes viandas de los servicios de alimentación).

En conclusión, esta reforma viene a consolidar una política de ajuste económico sobre la educación, de pauperización de las condiciones de trabajo docente y de destrucción de la escuela como un lugar de socialización del conocimiento científico. Ante la parálisis cómplice debemos organizarnos desde las comunidades educativas para defender la educación pública de los ataques del gobierno provincial y nacional.